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febrero 16, 2014

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Rezago Judicial de Jalisco

enero 8, 2013

01 08 2013

Archiva PGJE justicia

Sin consignar 75% de casos. La falta de más y mejores datos es la excusa para guardar averiguación

Por Santiago Vega: (2 enero 2013).- Un 75 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en los últimos seis años se van a llenar los archiveros, pues no se consignan ante algún juez penal.

Ese es balance que la Procuraduría estatal encabezada por Tomás Coronado Olmos deja a unos meses de acabar su gestión.

Del 1 de enero del 2007 y hasta el 31 octubre del 2012 -fecha más actualizada del registro- se han iniciado 461 mil 677 querellas por diversos delitos en Jalisco y sólo se han consignado 116 mil 469, según las estadísticas de la corporación entregadas a MURAL en respuesta a una solicitud de transparencia.

La mayoría da como razón para no consignar que están “en espera de más y mejores datos”, lo que significa que los investigadores no tienen elementos para saber quién es el culpable. Aunque esto no implica que el caso se haya cerrado.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) calcularon que el 90 por ciento de las averiguaciones que se archivan se debe a este motivo.

Cuando se está a la espera de “más y mejores datos” la resolución del caso no depende ya de la pericia o de los técnicas de investigación de los agentes, sino de alguna ayuda “providencial”: que el causante caiga por otro delito, que algún cómplice lo delate o que la misma víctima aporte datos sobre el sospechoso. Otras causas para que la averiguación previa no se consigne es que el hecho denunciado no sea un delito, por ejemplo, que sea del ámbito mercantil, que el caso se concilie entre las partes, es decir, que lleguen a un arreglo o que haya un desistimiento por parte del denunciante.

Acerca de la gran cantidad de expedientes que quedan sin ser enviados ante el juez, Javier Perlasca, segundo visitador de la CEDHJ, indicó que esta falta de atención por parte de la PGJE puede ser violatoria de los derechos humanos. Por ese motivo, agregó, si alguna persona acude ante ellos para quejarse por la dilación, intervienen para acelerar el trámite y evitar que el delito prescriba.

“Nosotros conciliamos para que cese la violación (a las garantías individuales) y se integre debidamente, se agoten las diligencias (y) las investigaciones ministeriales que se requieran”, dijo.

Hasta el 7 de diciembre del 2012, la CEDHJ había recibido 32 quejas por dilación en la integración de las averiguaciones previas, además de que ha emitido una recomendación por el mismo motivo.

Felipe de Jesús Garibay Valle, maestro de la UdeG y presidente de derecho procesal penal de la institución, expuso que las pocas consignaciones son un reflejo de que la delincuencia ha crecido, no así la PGJE.

“Los que están trabajando ahorita en la Procuraduría se ven muy atestados de trabajo”, expresó Garibay Valle.

Quedan casos ‘empolvados’

Las averiguaciones van al archivo porque los agentes carecen de elementos para perseguir al responsable.

  • 75% de los casos se queda sin consignar.
  • 116,469 averiguaciones se enviaron ante el juez.
  • 461,677 averiguaciones previas se iniciaron del 2007 al 2012.
  • 32 quejas por dilación ha recibido la CEDHJ.

Propicia el ‘carpetazo’ que crezca impunidad

Quedan archivadas 7 de 10 averiguaciones en la PGJE. El que autoridad ‘guarde’ los casos causa desconfianza, asegura especialista

(2 enero 2013).- Acrecentar la impunidad, es lo que genera que el 75 por ciento de las averiguaciones previas denunciadas en los últimos años sean archivadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), consideró Dante Haro Reyes, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Lo único que hace es dar incentivos para que el delincuente siga haciendo su ‘trabajo'”, dijo el también especialista en temas de seguridad pública y procuración de justicia.

“Y el que no es delincuente, el que tenga dificultades (económicas), pues que se meta a delinquir porque como está el sistema de justicia hay muy pocas posibilidades de que los agarren, de que los capturen y esto, el mensaje que se otorga a los delincuentes es que prácticamente no les va a pasar nada”.

Del 1 de enero del 2007 y hasta el 31 octubre del 2012, un total de 345 mil 208 averiguaciones previas presentadas ante la Procuraduría Estatal se han quedado sin consignar.

Haro Reyes señaló en entrevista que la baja eficiencia de las autoridades al realizar su labor crea desconfianza entre los ciudadanos.

“La gente, la población, los ciudadanos, pues no están creyendo porque prácticamente no está habiendo esta parte de procurar justicia”, dijo. Por lo anterior, explicó, se crea un círculo vicioso.

“Como no hay confianza, como no hay resultados, como no pasa nada, no se está denunciando”, agregó.

Sobre las razones por las cuales las averiguaciones previas quedan sin consignar, Haro Reyes manifestó que se debe a dos razones y una de ellas es que la poca cantidad de agentes del Ministerio Público con los que cuenta la Procuraduría Estatal.

“Por otro lado los que están tienen muy mala preparación, no estoy generalizando, pero hay muchos que hacen con deficiencia su trabajo y por otro lado la parte de la corrupción”, expresó el académico.

“Entonces esto es la podredumbre del sistema de justicia penal, nosotros como ciudadanos, como parte de la sociedad civil vemos que hay un fracaso”.

Cuestionado sobre lo que puede pasar si sigue la tendencia de que la mayoría de las averiguaciones previas no se consignen, Haro Reyes indicó que el estado de derecho se verá vulnerado en su totalidad.

Sobre cómo combatir el bajo índice de consignaciones, el especialista de la UdeG señaló que la Procuraduría Estatal tendría que descentralizarse y poner agentes del Ministerio Público en cada una de las colonias para que la gente vea que están trabajando y recuperar la confianza.

Asimismo sugirió que todos los funcionarios deben recibir una mejor capacitación y por último consideró que la corporación debería de tener un sistema de medición más estricto y quien no de resultados que deje el lugar.

Actualmente la Procuraduría estatal mide la labor de sus elementos no por el número de averiguaciones previas consignadas en relación con la cantidad recibida, sino que únicamente se les exige alcanzar un número total de consignaciones al mes.

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Jurado para proceso de Selección de Jueces

agosto 22, 2011

BOLETÍN DE PRENSA

Guadalajara, Jalisco 22 de Agosto de 2011

JEFES DE INFORMACIÓN

REPORTERO DE LA FUENTE

FOTÓGRAFOS Y CAMARÓGRAFOS

PRESENTES

Conforme a lo establecido en la convocatoria para la elección de jueces, se realizó en las instalaciones del Instituto Judicial el Examen Oral Público a todos los aspirantes que llegaron a esta etapa, siendo un total de 45, que fueron escuchados y observados por el jurado que se integro de la siguiente manera:

Presidente del Jurado: Consejero Mtro. Luis Enrique Villanueva Gómez, Magistrado dela Tercera SalaCivil Mtro. Carlos Raúl Acosta Cordero, Juez Décimo Primero de lo Civil Lic. Guillermo Renteria Gil, además del Director del Instituto de Formación y Actualización Judicial, Lic. SIlviano Díaz Reyes.

El Jurado que calificara este examen oral publico, consta de las siguientes materias: Civil, Familiar, Mercantil, Penal, Narcomenudeo y Extensión de Dominio.

De los aspirantes a ocupar el cargo de juez, quedo fuera del proceso el abogado Sergio Ricardo Villanueva Gómez, que es de subrayar, tiene todo el derecho de participar, ya que cuenta con la carrera judicial suficiente para esta práctica, sin embargo prefirió no hacerlo para evitar señalamientos al consejero Mtro. Luis Enrique Villanueva Gómez, quién presidela Comisiónde Administración y Actualización de Órganos del Consejo de la Judicatura del Estado.

A T E N T A M E N T E

Departamento de Difusión Social

Del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

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Convocatoria Para Aspirantes a Jueces en Jalisco

agosto 22, 2011

BOLETÍN DE PRENSA

Guadalajara, Jalisco 22 de Agosto de 2011

JEFES DE INFORMACIÓN

REPORTERO DE LA FUENTE

FOTÓGRAFOS Y CAMARÓGRAFOS

 PRESENTES

 EXÁMEN PÚBLICO ORAL PARA SELECCIONAR JUECES

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Administración, le hace una cordial invitación al “Examen público oral para seleccionar jueces”. Se llevara a cabo el día lunes 22 de agosto del año en curso en punto de las 12:30 hrs. en el Instituto Judicial del Consejo de la Judicatura, ubicado en Madero # 110, Piso 3, Esquina Degollado, Guadalajara, Jalisco.

A T E N T A M E N T E

Departamento de Difusión Social

Del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

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Presidente del STJE CRG vs. JMM del Congreso

agosto 18, 2011

Acusa Celso mafia de jueces

Dice que panista los controla y tiene injerencia en resoluciones

José David Estrada

(18 agosto 2011).- En medio de una pugna por el control del Poder Judicial, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, denunció que el diputado panista José María Martínez ha creado un coto de poder con el que controla a jueces y determina sus resoluciones.

“(José María Martínez) tiene el control del Consejo, y los consejeros manejan a los jueces y las resoluciones también, entonces, ¿qué pasa?, que no tiene certeza jurídica ningún ciudadano jalisciense, si eso para ti no es desequilibrio, no sé qué sea”, afirmó el también titular del Consejo de la Judicatura del Estado, que supervisa el trabajo de los 104 jueces de primera instancia.

Desde hace cuatro años, Rodríguez González sostiene una pugna con los consejeros del Poder Judicial Miguel Gutiérrez Barba y Gabriela de León, principalmente, quienes consultan al diputado Martínez para tomar decisiones importantes.

El poder de Martínez en el Consejo es tal que al menos un centenar de personas ha entrado a trabajar sin cumplir los requisitos y para operar los asuntos del grupo político del diputado, afirmó Rodríguez González.

“Gente que trabaja aquí trabaja en el Congreso, son los mismos de Chema, eso es lo que me preo-
cupa y que influyen en los jueces y en los manejos que se hacen para designar jueces, Magistrados y ahora el Consejo”, insistió el Magistrado.

Los contratos por honorarios, promovidos por la gente cercana a Martínez, han desequilibrado el presupuesto del Consejo, por lo que en octubre o noviembre ya no habrá dinero para sueldos, advirtió.

El Congreso del Estado pretende designar la próxima semana a cuatro nuevos Magistrados en sustitución de los cuatro de mayor edad del Supremo Tribunal de Justicia, quienes obtuvieron un Amparo para que no les aplicara la actual ley, que establece como límite de edad para ser Magistrado los 70 años.

MURAL buscó a Martínez para conocer su postura, pero no respondió a las llamadas.

ASÍ LO DIJO

“A mí lo que me preocupa son las inercias de seguir avasallando el Consejo para tener un interés personal y tener cotos de poder”.

Celso Rodríguez González
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

‘Hay jueces protegidos’

Acusa líder de abogados que juzgadores ofertan soluciones

José David Estrada (19 agosto 2011).- La “mafia de jueces“, presuntamente encabezada por el diputado panista José María Martínez y el consejero Miguel Gutiérrez Barba, manipula los turnos de los juzgados y comercia con el sentido de las resoluciones, afirmó ayer Juan Antonio Pérez Juárez, presidente del Consejo Estatal de Abogacía y con 30 años de litigante.

“La mafia de los consejeros canaliza los negocios trascendentes ya sea por la fama del delincuente o por la cuantía del delito a ciertos juzgados, no es cosa circunstancial el hecho de que un reducido grupo de jueces son los que conocen de los casos de mayor cuantía, de perjuicio o beneficio económico”, afirmó Pérez Juárez.

“Todos los que conocemos ese medio sabemos que hay un grupo de jueces protegidos por los consejeros Villanueva, Gutiérrez y De León, que llegan al cinismo de públicamente ofertar soluciones a situaciones que deberían resolverse en base a las pruebas que existen y en base a derecho”.

MURAL publicó ayer que el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez, acusó al diputado Martínez de encabezar una mafia de jueces.

Rodríguez culpó también al legislador de llenar el Consejo del Poder Judicial con más de 100 personas que en vez de trabajar en asuntos jurisdiccionales, operan para el panista.

Entre las funciones del Consejo del Poder Judicial está la de evaluar el trabajo de los jueces y promoverlos o castigarlos en función de ello, sin embargo, dichas atribuciones son utilizadas en función de los intereses de los consejeros aludidos, afirmó el abogado.

“Sabemos de jueces que no se sometieron al criterio de los consejeros al dictar sentencias. Allí está el caso del juez de Yahualica, que siendo un juez experimentado en materia penal lo sacaron del primer partido judicial, primero al juzgado familiar y posteriormente a Yahualica porque no simpatiza y no aporta al proyecto personal de Miguel Gutiérrez Barba”, comentó Pérez Juárez.

Por segundo día consecutivo, el diputado panista, principal aludido como cabecilla de esta presunta mafia de jueces, se negó a dar su postura.

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Editoriales de M.A. Granados Chapa

julio 4, 2011

PLAZA PÚBLICA Dos jueces, dos judicaturas

Miguel Ángel Granados Chapa

4 Jul. 11 Dos jueces en entredicho, uno federal y otro del fuero común del DF, fueron tratados de maneras muy diferentes por los respectivos consejos de la judicatura, los órganos a los que concierne la vigilancia del desempeño de los juzgadores. Mientras el juez federal Álvaro Tovilla fue suspendido mientras se precisa el presunto enriquecimiento ilícito de su secretario, el afamado juez Héctor Palomares, que figura en el documental Presunto culpable, fue ratificado por el Consejo de la Judicatura del DF. El presidente de ese cuerpo, que lo es también del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, afirmó su propósito de que los juzgadores capitalinos sepan que “no están solos”.

Discutible de suyo, la determinación del consejo local fue acompañada de una mentira, rápidamente encarada por una de las principales organizaciones de postulantes en nuestro país, la Barra Mexicana, colegio de abogados. Entre los argumentos para confirmar a Palomares Medina se citó el parecer de esa asociación, como si avalara lo hecho por los superiores del juzgador que había llegado al término de su nombramiento, y quedaba en situación de ser ratificado o separado de su cargo.

La Barra desmintió “categóricamente que haya avalado a través de su representante en la Comisión de Ética del Consejo de la Judicatura del DF la ratificación de dicho juzgador”. Más todavía la Barra se manifestó contraria a la confirmación, a través del licenciado Felipe Ibáñez. La decisión del órgano judicial se adoptó “a pesar de diversos señalamientos negativos sobre (su) comportamiento ético”. A decir del colegio de abogados, “el juzgador sí incurrió en fallas de ética, razón por la cual es falso que la Barra haya avalado su ratificación”. Para afirmar su dicho, ese colegio profesional informa que cuenta con “documentos que demuestran sus oportunos señalamientos sobre este juez”.

Por su parte el presidente del Tribunal capitalino, Edgar Elías Azar, defendió el nuevo nombramiento de Palomares pretendiendo restar valor a la cinta de Layda Negrete y Roberto Hernández, como si sólo en función del caso narrado allí debiera tomarse la decisión sobre el futuro del juzgador. Desestimó el valor del documental y hasta señaló la obviedad de que fue “editado”, siendo que la elaboración de una película pasa necesariamente por ese momento, pues del total filmado tienen que escogerse escenas que condensen el relato. A eso Azar llamó “manipulación”. Y desdeñosamente dijo que “una cosa es el documental y otra el expediente”.

En ese expediente, y no sólo en Presunto culpable -que exhibe al juez por haber sentenciado sin pruebas a un presunto homicida que no estaba en el lugar del asesinato según diversos testimonios, y a partir de un solo testigo que a la postre se desdijo-, se basa el cuestionamiento al juez ratificado. La hoja de servicios de Palomares enseña datos contradictorios. Por un lado, es manifiesta su voluntad de prepararse asistiendo a cursos para mejorar su desempeño, y por otro ha habido denuncias, a su paso por diversos juzgados, que ha tenido que encarar a través del juicio de amparo, del que no siempre salió airoso.

Palomares fue titular de los juzgados penales números 37, 31 y 32, entre 1994 y 1999, lo que indica que no hizo huesos viejos en ninguno de ellos. En 2000 salió de la administración de justicia capitalina para aceptar cargos de mediana importancia en la Procuraduría General de la República. En 2003 se reintegró a la judicatura capitalina en la posición titular del juzgado 26, en la que ahora ha sido ratificado. Sería absurdo pretender que a la luz de su actuación sólo en el caso de José Antonio Zúñiga, presunto culpable de un crimen que no cometió -y más aún con base únicamente en la actitud indolente que fue captada por las cámaras-, se determinara su permanencia o su despido. Pero tampoco puede ignorarse el peso que como pieza de comprobación de su conducta tiene la cinta mencionada. Hacerlo, como lo hace el presidente Elías Azar, es cerrarse a la crítica y buscar una zona reservada para la actuación de los jueces, hagan lo que hagan.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal ha tomado una decisión que, aunque los casos no sean semejantes y por lo tanto comparables, contrasta con la del respectivo órgano capitalino. Ordenó suspender durante tiempo indefinido al juez noveno de distrito en materia administrativa del DF, Álvaro Tovilla. Sin prejuzgar sobre su responsabilidad, se le ha retirado del servicio activo mientras dure en su juzgado la investigación sobre la conducta de su secretario Esiquio Martínez Hernández.

Éste se halla sujeto a proceso acusado de enriquecimiento ilícito. Es que, con un sueldo mensual promedio de 45 mil pesos a lo largo de siete años de servicio en ese juzgado (lo que suma cinco millones y medio) ha hecho depósitos y retiros de su cuenta bancaria por un total de 432 millones de pesos. Sus insólitos movimientos bancarios fueron detectados en oficinas dedicadas a indagar el uso de dinero de procedencia ilícita y el Consejo de la Judicatura Federal lo denunció al Ministerio Público federal, que ha conseguido su procesamiento. En la averiguación previa se identificaron depósitos de gran cuantía a favor de Martínez Hernández. El abogado Santiago Francisco Rosano Torres hizo en un solo día abonos por más de 300 mil pesos. Forma parte del despacho de Mario Becerra Pocoroba, ex rector de la Escuela Libre de Derecho, y diputado federal panista, presidente de la Comisión de Hacienda de su Cámara…..

miguelangel@granadoschapa.com

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Mecanismo de Rotación

enero 4, 2011

Las once salas del STJ ya tienen nuevos presidentes

Las salas permanecen igual a como habían estado integradas en 2010 en materias y en sus integrantes.

Guadalajara.- En la sesión del pleno extraordinario se integraron las 11 salas y se nombraron a los presidentes de cada una, según informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del Estado de Jalisco, Celso Rodríguez.

La primer sesión del 2011 se realizó con los magistrados en el salón ex presidentes de la sede del STJ. Conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el pleno determinó la integración de la salas, en votación secreta por cédula y con escrutinio público.

Rodríguez González señaló que las salas permanecen tal como habían estado integradas en 2010, tanto en materias como en sus integrantes, y conforme a un mecanismo de rotación los nuevos presidentes son: en la primera sala en materia penal, el magistrado Tomas Aguilar Robles; en la segunda sala en materia penal, el presidente es el magistrado Guillermo Valdez Angulo; en la tercera sala en materia civil es el magistrado Salvador Cantero Aguilar; y en la cuarta sala en materia civil, el magistrado Ernesto Chavoya Cervantes.

En la quinta sala en materia civil, el presidente es el magistrado Marcelo Romero G. de Quevedo; en la sexta sala en materia penal es el magistrado Esteban de la Asunción Robles Chávez, y en la séptima sala en materia civil, el magistrado Bonifacio Padilla González.

En la octava sala en materia civil, el presidente es el magistrado José Carlos Herrera Palacios; en la novena sala en materia civil es el magistrado Luis Ernesto Camacho Hernández. En la décima sala especializada en justicia integral para adolescentes y penal, el presidente es el magistrado Sabás Ugarte Parra, y en la décima primera sala en materia penal es el magistrado Rogelio Assad Guerra.

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