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¿Y el Poder Judicial cuándo empieza?

marzo 15, 2013

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Columna RADAR Jaime Barrera RguezRADAR Jaime Barrera Rodríguez

Bien que mal, en las nuevas administraciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, los temas de transparencia, austeridad y combate a la corrupción, empiezan a estar presentes en la agenda, en el discurso, y en algunas incipientes acciones.

En el Poder Judicial nada se oye de estos temas.

Por ejemplo, a cuatro meses y medio de iniciada la Legislatura LX, aunque se está lejos de cumplir las promesas de cambio y de limpieza en el Congreso del Estado, que prometieron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PMC y PRD, ayer se tuvo un pequeño pero importante avance: la licitación pública y transparente de las compras del Poder Legislativo.

Es una de las muchas promesas que hicieron, y que al menos ya cumplieron con un ahorro claro para el Congreso tan sólo en el caso de la contratación de seguros médicos, por los que pagaron poco más de un millón de pesos, cuando la pasada Legislatura los compró a más del doble.

También pese a todas las presiones internas, siguen conteniendo las nuevas contrataciones ya que aunque van alrededor de 100, son mucho menos que las que a estas alturas llevaban los diputados que les antecedieron. Lo que siguen sin saber cómo resolver es el asunto de los aviadores, pero prometen hacerlo a la brevedad. Veremos.

En el caso del Poder Ejecutivo, en la segunda semana de gobierno, el nuevo contralor, Juan José Bañuelos Guardado, ha prometido cumplir con la instrucción de su jefe el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, de “cero tolerancia a la corrupción”.

A esto se suma que antier, el propio mandatario estatal anunció 10 medidas inmediatas de austeridad, entre las que destaca el retiro y venta de 500 vehículos que estaban en manos de funcionarios estatales cuya función no lo justificaba. Contempla también la cancelación de todas las líneas de telefonía celular y de radiocomunicación, excepto en las áreas de seguridad, así como la suspensión de la contratación de seguros de gastos médicos.

Con estas medidas el gobierno estatal pretende un ahorro de 600 millones de pesos anuales. Cabe recordar además que en el Congreso hay una iniciativa del PMC, para que en municipios y en el Estado, así como en todos los poderes se aplique un programa de austeridad con el que se podrían ahorrar dos mil millones de pesos, para destinarlos a inversión social y productiva.

Ajeno a esta dinámica de rendición de cuentas parece estar el Poder Judicial, que desde el 1 de diciembre está en manos de Luis Carlos Vega Pámanes, y quien no ha dado color, ni noticia alguna de qué acciones realizarán para sacar al Supremo Tribunal de Justicia de la opacidad.

Por eso la pregunta es: ¿el Poder Judicial cuándo empieza?

Twitter: @jbarrera4

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Editoriales de J. Barrera… J.A. R.Castellanos

marzo 2, 2011

Para creer en la Justicia Alternativa RADAR

Jaime Barrera Rodríguez

  • Enviar Nota Imprimir 2011-03-02•Al Frente

Si no fue una simulación, nadie se los va a creer.

Más bien para propios y extraños se confirmó que el 24 de enero pasado se jugó con el tiempo y con las aspiraciones de 28 personas que acudieron al Congreso del Estado en busca del puesto de director general del Instituto de Justicia Alternativa, cuando esta posición ya estaba reservada para Rafael Castellanos, a quien tomaron protesta el lunes pasado.

Hace poco más de un mes los diputados locales, especialmente los integrantes de la Comisión de Justicia, que preside el priista, Luis Armando Córdova, montaron toda una farsa. Destinaron la jornada a recibir la documentación de los interesados, a los que se dio apenas un día hábil para que reunieran los papeles requeridos. Nunca contemplaron comparecencia alguna de los interesados para hacer públicos sus proyectos. Era a todas luces una convocatoria a modo que los diputados resolvieron en total discrecionalidad, ignorando olímpicamente las quejas de opacidad de varios de los aspirantes.

Por donde se le vea, esta circunstancia hace que el Instituto de Justicia Alternativa arranque manchado por la injusticia.

Como lo dijimos en su momento, el nuevo instituto estaba destinado para quien fue el representante del PRI ante Instituto Electoral durante los comicios del 2009, desde inicios del año pasado cuando perdió la carrera por la secretaría general del Congreso, ante Carlos Corona, quien se tuvo que ir del cargo tras el escándalo por la compra de dos autos de lujo.

Por eso a los ojos de los ciudadanos a los que deberá servir, Castellanos la tiene cuesta arriba, y lo sabe. De ahí que su primera declaración haya sido que pese a que a la Ley contempla que en su cargo puede ganar 136 mil pesos como un magistrado, él pedirá una reducción para quedarse sólo con un ingreso ‘simbólico’ ya que no llega por el dinero ni por la nómina.

Castellanos goza en general de buena fama pública, y de alguna manera le aligera la carga el hecho de haber recibido el respaldo unánime de todos los diputados.

Asegura haberse preparado 16 años en temas de arbitraje para dirimir acusaciones entre ciudadanos, objetivo central del Instituto que se propone echar a andar en junio y con el que se pretende aligerar la sobrecarga de trabajo que existe actualmente en los Juzgados. Es además el primer paso para transitar hacia un sistema de justicia basado en los juicios orales.

El Instituto de Justicia Alternativa arranca con 16 millones de pesos y con puestos para casi 70 personas. Eso ya despertó el apetito de muchos de los diputados que le apoyaron y que incluso ya le hicieron llegar listas de nombres que desean inauguren esa nómina.

El resistir a esas presiones y al reparto partidista de este nuevo instituto le podría retribuir en credibilidad y eficacia a este nuevo espacio de la burocracia judicial.

Como a Castellanos no lo dejaron demostrar sus méritos, debe limpiar su cuestionada llegada llamando a los mejores como sus colaboradores.

twitter: @jbarrera4

jaime.barrera@milenio.com

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Siete años en el Poder Judicial

diciembre 16, 2010

RADAR Jaime Barrera Rodríguez

Si se midiera por tiempos en el poder, Celso Rodríguez González es hoy más que Emilio González Márquez.

Magistrado Presidente Lic. Celso Rodríguez Gozález

El primero es el titular del Poder Judicial de Jalisco que ayer fue reelecto para durar otros dos años al frente del Supremo Tribunal de Justicia, con lo que sumará 7 años a la cabeza de uno de los poderes que constituye el Estado. El segundo es el titular del Poder Ejecutivo estatal y a lo mucho podrá durar seis años al frente de él, si no es que sus suspiros presidenciales lo hacen abandonar antes su compromiso, como lo hizo ya cuando fue alcalde y suspiraba por la gubernatura.

Celso es un abogado egresado de la Universidad de Guadalajara que inició desde abajo en los pasillos de la Procuraduría de Justicia del Estado, donde aprendió el arte del cabildeo político para primero hacerse Juez, luego Magistrado y de ahí proponerse llegar a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Nacido políticamente a la sombra del último gobernador constitucional del PRI en Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, Celso supo entenderse con los gobiernos panistas.

Así el 15 de diciembre de 2005 ganó por primera vez la presidencia del STJ para ejercerla por Ley hasta el 31 de diciembre del 2007 con posibilidad de reelegirse dos años más. Celso leyó el control político que ejercía en el Congreso el entonces Gobernador Francisco Ramírez Acuña, y le propuso una reforma para ampliar un año más su ejercicio e incluso la posibilidad de reelegirse por otros tres. Paco compró la idea e instruyó a su fiel discípulo, el entonces (como ahora) diputado José María Martínez a empujar la reforma.

Chema se encandiló con la misión al ver la jugosa trama de intereses del Poder Judicial. Pidió espacios a cambio de la reforma a Celso y vino el rompimiento, Desde entonces hasta ahora están en una pugna, que con lo sucedido ayer y con el juicio político en trámite contra los integrantes del Consejo del Poder Judicial que le son fieles al diputado, Celso le parece estar ganando.

De hecho, lo que tramó Martínez hace tres años para parar a Rodríguez fue lo que le permitió ayer reelegirse y convertirse en el primer presidente en durar 7 años en el STJ. Chema revirtió en la madrugada del 30 de diciembre de 2007 la reforma para ampliar a tres años el periodo de la presidencia del STJ, ante lo que Celso se amparó y pudo llegar en enero de 2008 a elecciones para ser reelecto hasta el 2010, y por lo tanto ayer hasta 2012. Por eso, en lo cuantitativo Celso ya es histórico. En lo cualitativo aún no. Siete años es un plazo que lo compromete. Tiempo en el que se deben notar y reclamar cambios. Ya tuvo tiempo de sembrar un lustro. En estos dos años que ayer se le otorgaron deben de germinar frutos. La impartición de justicia es uno de los puntos que siguen más retrasados en la agenda social y lo que menos competitivo hace a Jalisco. Celso está obligado a ofrecer avances concretos en este oscuro y discrecional Poder, donde poco se ha notado su mano para acabar con la corrupción y la dádiva. Eso debe acabar porque es clave en la vida del ciudadano. Nada más donde se decide a quién se quita o no la libertad.

jaime.barrera@milenio.com

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Hacienda Judicial

abril 8, 2010

Hacienda Judicial:Reparto Definido

RADAR – Jaime Barrera Rodríguez

Al abordar ayer la urgente necesidad de abrir y transparentar más el Poder Judicial, mencioné que en el Congreso están por quitar al Ejecutivo el manejo de la Hacienda Judicial para regresarla a magistrados y consejeros. Como es dinero, todos los involucrados están muy pendientes de esa bolsa y sobre todo, de su reparto. Se trata de entre 4 y 5 millones de pesos mensuales, producto de lo que se cobra por fianzas, copias certificadas, multas y otros trámites que los ciudadanos deben hacer cuando enfrentan un litigio. Ha sido manejada por el gobierno estatal desde 1997 y este 2010 regresa al Poder Judicial.

El regreso de estos recursos al Palacio de Justicia, coincide con las marcadas divisiones que existen entre los cinco integrantes del Consejo General, mismas que se agravaron por la iniciativa que envió el Gobernador al Congreso para desaparecer esta instancia, el año pasado.

Por eso, el jaloneo por las sumas está a la orden del día. La Comisión Legislativa de Justicia, que encabeza el diputado priista, Luis Armando Córdova, ha tenido que hacer un intenso cabildeo para construir una propuesta que sea aceptada por las partes en pugna. Y que de paso ayude a mitigar los conflictos internos. Las primeras propuestas, una de ellas presentada aquí ayer, han sido modificadas. La salida será repartir la Hacienda Judicial de acuerdo a los presupuestos de cada una de las instancias que constituyen el Poder Judicial.

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Abrir el Poder Judicial

abril 7, 2010

RADAR – Jaime Barrera Rodríguez

Así como el asunto de la contratación de los seguros médicos motivó ventilar de nuevo en la opinión pública el manejo de los recursos públicos en el Poder Legislativo, el regreso del dinero de las fianzas y otros cobros a manos del Poder Judicial, podría ser la llave que abra los cajones donde se guardan las cuentas del Poder Judicial.

En la Comisión de Justicia del Congreso, que preside el diputado priista, Luis Armando Córdova, están a punto de concretar la devolución de la llamada ‘Hacienda Judicial’, que no es otra cosa que los recursos económicos que se generan por la expedición de copias certificadas, fianzas, cobro de multas y otros trámites que deben hacer los infortunados ciudadanos que se ven obligados a enfrentar un litigio. Se calcula que actualmente se recauda por esos conceptos entre 4 y 5 millones de pesos mensuales.

En 1997, cuando la primera administración panista que encabezó Alberto Cárdenas, veía en el Poder Judicial un coto dominado por el PRI, impulsó una reforma con la que pretendió hacerse del control del Supremo Tribunal de Justicia. Aunque no lo logró, si le permitió apoderarse de la ‘Hacienda Judicial’ y administrarla. Con muy poca transparencia por cierto. Desde 2008, el Consejo del Poder Judicial empujó reformas para que estos recursos volvieran a ser manejados y aprovechados por ellos. El año pasado lo lograron y quedó entre los pendientes de la 58 Legislatura . Ahora es uno de los primeros temas a destrabar en la agenda de la Comisión de Justicia.

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