Posts Tagged ‘Editoriales’

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Firmeza, sensatez y derecho

diciembre 21, 2010

La agresión de Nicaragua ha devuelto Centroamérica a su triste pasado


EDUARDO ULIBARRI EMBAJADOR DE COSTA RICA ANTE LA ONU 08:27 A.M. 20/12/2010

Discurso pronunciado el lunes 20 de diciembre del 2010, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Costa Rica celebra que, nuevamente, la Asamblea General aborde la situación de Centroamérica en relación con la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo.

En este contexto, nuestro país respalda la resolución para extender el funcionamiento, reforzar las capacidades y consolidar el aporte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La Cicig es una experiencia robusta e inédita en la vinculación de voluntades nacionales y multilaterales para combatir la impunidad, como vía hacia la consolidación del Estado de derecho y las instituciones guatemaltecas.

Desde su creación, el 4 de setiembre de 2007, la Cicig ha sido un instrumento fundamental para capturar, procesar y condenar a responsables de relevantes casos penales. Pero también se ha preocupado por arraigar su legado técnico y jurídico, mediante la capacitación de personal local y el reforzamiento institucional.

Esta tarea quedaría trunca si no se extiende su mandato. De aquí nuestro apoyo a la resolución.

El respaldo de Costa Rica a la Cicig ha sido constante y entusiasta, mediante el desarrollo de recursos humanos, el intercambio de buenas prácticas y otros aportes en especie. Nos complace, particularmente, que su actual líder sea el ex fiscal general de nuestro país, Francisco Dall´Anesse. Para él, para los demás funcionarios de la Cicig, el Gobierno y sociedad civil de Guatemala, las Naciones Unidas y los países donantes, nuestro profundo reconocimiento.

Arduo camino. Pasados sus conflictos internos y la intervención de poderes externos, Centroamérica ha transitado, durante las dos últimas décadas, por un arduo camino para convertirse en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, anclada en el respeto a los derechos humanos.

El éxito final de esta tarea, aún inconclusa, depende de muchos factores. Pero su base debe ser el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de los poderes públicos, el respeto al juego democrático y la superación de las vías de hecho como normas de conducta política. Es decir, la consolidación del Estado de derecho.

Estos componentes deben guiar también las relaciones y decisiones externas de los Gobiernos centroamericanos, en concordancia con los principios elementales del derecho internacio- nal. Su pilar indispensable es el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados.

Creíamos que la observancia de tales principios era una realidad irreversible en Centroamérica. Desgraciadamente, estábamos equivocados. Por una acción incomprensible, injustificada e inaceptable del Gobierno de Nicaragua, nuestra región ha dado un funesto paso hacia atrás en sus esfuerzos por superar el triste pasado y abrazar un mejor futuro. La principal víctima de esta conducta es Costa Rica, pero sus efectos trascienden hacia toda la región, y más allá de ella.

Medidas de fuerza. Desde finales de octubre, tropas nicaraguenses ocupan una parte de nuestro territorio, en clara violación a nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y nuestra dignidad nacional. Su presencia ha estado acompañada de una abierta depredación ambiental, en una zona de humedales protegida internacionalmente.

Padecemos, entonces, simple y llanamente, un hecho consumado por la fuerza.

Si esta agresión no ha derivado en enfrentamientos armados, es porque Costa Rica carece de Ejército. Nuestra defensa no son las armas, sino el derecho; las razones, no las balas.

Luego de su acción militar, Nicaragua ha tratado de fabricar una tosca justificación jurídica. Tras 113 años sin disputar el trazado fronterizo, creó la especie de que el territorio ocupado no es costarricense y que, por tanto, todo se reduce a una disputa de límites. La realidad es que enfrentamos una ocupación militar.

Los costarricenses tenemos derecho a vivir sin Ejército. Así lo decidimos en 1949. Ninguna fuerza y ninguna arbitrariedad nos apartarán de esta vía. Para mantenerla, sin embargo, dependemos del sistema multilateral y del derecho internacional. A ellos acudimos.

En lugar de responder a la fuerza con la fuerza, denunciamos la violación perpetrada por Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, su Gobierno, en claro desdén de sus obligaciones internacionales, rechazó y sigue rechazando la competencia de la OEA, el órgano regional más relevante y jurídicamente consolidado de nuestro hemisferio.

Costa Rica también denunció a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, por violar los límites acordados en 1858 y clarificados en 1897, por ocupar y dañar pate de nuestro territorio, y por emplear medidas de facto.

Además, solicitamos y obtuvimos una misión urgente de observación de la Secretaría de la Convención Internacional Ramsar sobre humedales, para que evaluara los daños ambientales. Estamos a la espera de sus resultados.

Tratamos de involucrar a la Comunidad Iberoamericana en una salida justa al conflicto. Pero el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ni siquiera asistió a la reciente cumbre de jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos, en Argentina. En su lugar, envió a esa reunión, de carácter estrictamente político, a la presidenta del Poder Judicial.

El diálogo posible. Costa Rica trabaja en otras opciones diplomáticas, incluido el diálogo directo, bajo el principio del respeto a nuestra integridad territorial. Queremos sentarnos a discutir con el Gobierno de Nicaragua el conflicto creado por su agresión, frente a testigos calificados, siempre y cuando se despeje la zona de presencia militar, tal como ha acordado, en dos ocasiones, la Organización de Estados Americanos. Un posible diálogo, sin embargo, no detendrá nuestra acción en la Corte Internacional de Justicia ni en otros foros multilaterales posibles.

Frente a la arbitrariedad, Costa Rica enarbola la legalidad; frente a la fuerza, la sensatez.

Estas normas, que constituyen principios básicos de las Naciones Unidas, tienen relevancia tanto para la agresión que ahora enfrentamos, como para el fortalecimiento del Estado de derecho en cada uno de los países centroamericanos, objetivo al que la Cicig está dando un relevante impulso. Costa Rica, como siempre, ofrece su aporte en la tarea.

Esperamos que, desde estas y otras convicciones y deberes compartidos, los centroamericanos sigamos avanzando hacia mayores cuotas de paz, democracia, libertad, desarrollo sostenible, integración y seguridad.

Es lo que merecen nuestros pueblos.

Es lo que nuestros Gobiernos deben buscar.

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ICONO y CSC van más allá de nuestras fronteras procurando acercar temas y textos editoriales, que permiten elevar nuestros contextos de cultura, visión global y percepciones de otros aspectos del derecho, mucho más allá del simple ejercicio burocrático del trabajo de juzgados. El derecho Internacional y la visión de un continente, bases clave para los estadistas de cepa.

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Portada de Mexico H.F.RIZO

diciembre 15, 2010

Con un  clic en cualquiera de las portadas o imágenes accede a la información de la REVISTA en su propio sitio.

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Editoriales CRG desde Marcatextos

septiembre 19, 2010

Editoriales del Presidente del STJE Celso Rodríguez Glez.

Temas editoriales sobre El Consejo de la Judicatura

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Pulso Político… Salvador Hayos….

agosto 11, 2010

Con presencia en TV y propuesta impresa en forma quincenal, Salvador Hayos busca en las audiencias informar, dar puntos de vista, complementar en el ambiente informativo y periodístico de la Política local, en el legislatiuvo, judicial y Ejecutivo. Muchas Felicidades:


clic en la imagen para ampliar el texto de la entrevista

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El oficio de Jurista

mayo 14, 2010

Reseña de El oficio de jurista
Luis María Díez-Picazo (coordinador)
Madrid, Siglo XXI editores, 2006, XVIII-284 páginas.

No son muy frecuentes las reflexiones sobre el quehacer profesional de los abogados. Me refiero a la forma en que realizan su trabajo, a las tareas que llevan a cabo en el día a día de su actividad profesional. Sí que existe mucha literatura acerca de lo que hace un especialista en cada rama del derecho; así, por ejemplo, hay múltiples obras sobre la interpretación constitucional o sobre el papel del juez dentro de los juicios familiares.

Lo que no abunda tanto son reflexiones como las que nos ofrece el libro colectivo coordinado por Luis María Díez Picazo, acerca del oficio de jurista.

El coordinador del libro explica en su texto introductorio a la obra que procedió a identificar las distintas formas en que se ejerce la profesión de abogado en España; una vez identificadas tales variantes procedió a pedir a especialistas destacados de cada ámbito una colaboración en la que expusieran lo que hacen diariamente en el ejercicio de su profesión. El mosaico final no solamente es de una enorme riqueza, sino también de una gran claridad.

Los dos primeros ensayos son los más generales. Encontramos en primer término un texto de José Juan Toharia en el que nos ofrece una aproximación sociológica al mundo de los abogados españoles. Toharia ofrece muchos datos de gran interés, de los cuales destaco simplemente dos:

a) el gran número de normas jurídicas que deben manejar los abogados en la España del siglo XXI; solamente entre 1979 y 1999 se promulgaron 193 leyes orgánicas, 873 leyes, 257 reales decretos-ley 9,160 reales decretos-legislativos (p. 4);
b) el incremento en el número de abogados, el cual ha pasado de 6,368 abogados a inicios del siglo XX (32 por cada 100,000 habitantes) a 111,156 en 1995 (283 por cada 100,000 habitantes); esto significa que mientras la población española durante el siglo XX se multiplicó por dos, el número de abogados se multiplicó por 18 (p. 9).

El segundo ensayo que aparece en el libro se refiere al abogado (postulante), pero en realidad su autor, Pablo Bieger, nos ofrece una panorámica general del lugar del abogado en las sociedades modernas. El autor recoge una diversidad de citas que demuestran el poco aprecio que en la literatura y en la política se tiene por los abogados. Nos recuerda Bieger frases como la de Shakespeare, cuando dijo que “La primera cosa que tenemos que hacer es matar a todos los abogados”. No sale mejor parada la profesión en frases como la de Dostoyevsky (“El abogado es una conciencia alquilada”) o en la definición de Lutero: “Abogado: mal cristiano”. Los mismos prejuicios contra los abogados tuvieron en su momento los dirigentes de regímenes fascistas; así por ejemplo, Hitler dijo que “No descansaré hasta que cada alemán comprenda que es una vergüenza ser abogado”; por su parte Mussolini sostuvo que “No es exageración afirmar que los abogados devoran Italia… son las langostas que se lanzan al cuerpo de la joven nación y exprimen sus mejores energías” . Antes de ellos ya Napoleón había propuesto: “Tiremos a los abogados al río”.

Luego de hacer este recuento Bieger nos ofrece algunas claves para comprender lo que hacen los abogados en la práctica, ilustra para qué sirven y enuncia una serie de requisitos que desde su punto de vista son necesarios para aspirar a ser un abogado exitoso. No es posible ni siquiera intentar resumir la riqueza de su trabajo. Destaco algunos puntos: los abogados, pese a la masificación profesional claramente ilustrada por los datos que nos ofrece Toharía, siguen siendo gente de letras, es decir, gente cultivada intelectualmente, dotada de muchas lecturas (si bien en su mayor parte dedicadas a los aburridos soliloquios de otros colegas) . Bieger también repara en el venturoso hecho de que la profesión legal se está feminizando, es decir, las mujeres pronto superarán en número a los varones en el ejercicio de la abogacía (en el Colegio de Abogados de Barcelona el 70% de los recién colegiados son mujeres) .

También explica el autor el hecho de que los abogados se expresan oralmente y por escrito en un lenguaje compuesto de arcanos, en el que los no iniciados difícilmente pueden penetrar. No lo señala Bieger, pero quizá la relajación o incluso el abandono en parte de este rebuscado lenguaje sea uno de los principales retos de la abogacía en nuestros días. Existen razones que explican y justifican el uso de un lenguaje técnico-jurídico, que no es ni puede ser igual al lenguaje popular, pero de ahí a los excesos que se observan en muchas demandas, sentencias y actos administrativos hay un buen trecho. A veces da la impresión que se utiliza el lenguaje rebuscado como un intento de ocultar las propias carencias técnico-jurídicas de quien lo emplea .

Bieger ofrece algunas estadísticas un tanto sorprendentes: por ejemplo, justifica que en Madrid hay demasiados abogados citando que el número de ellos registrado por el correspondiente colegio profesional es de 48,000, frente a solamente 16,000 taxistas. Es decir, por cada taxista hay tres abogados en la capital española (y hay que decir que en Madrid hay un montón de taxis por todas sus calles). Otro dato interesante es que no todos los abogados se enriquecen en el ejercicio de la profesión; según cifras de diciembre de 2005, el 41% de los abogados del Colegio de Abogados de Barcelona ganaban menos que el promedio de los otros trabajadores de Cataluña.

Aparte de los ensayos de Toharia y Bieger, que son los dos más generales, hay en el libro que estamos reseñando sustantivas reflexiones sobre el papel del abogado del Estado (los asesores jurídicos de los entes públicos), del fiscal (lo que en México llamamos Ministerio Público), del letrado del Consejo de Estado (instancia consultiva de máximo nivel dentro del Estado español), del letrado de las Cortes (que desempeñan, aproximadamente, la tarea que en México hacen los asesores y secretarios técnicos de las cámaras legislativas), del juez (abordado por un magnífico ensayo de quien seguramente es el mejor juez que hay en España: Perfecto Andrés Ibáñez), del catedrático, del registrador, del notario, del secretario judicial y del procurador de tribunales.

Como puede verse, se trata de una colección muy amplia de reflexiones sobre el papel de los abogados. Muchas de ellas contienen valiosos elementos para los abogados mexicanos. Sobre todo porque, en alguna medida, compartimos con España algunos de los problemas que aquejan a la profesión; además tales problemas suelen ser obviados en México y no existen estudios profundos que los analicen y propongan las soluciones correspondientes. Tenemos algunas estadísticas aisladas que son de gran utilidad para encuadrar a la profesión jurídica en México, debidas sobre todo al esfuerzo de sistematización y análisis de Héctor Fix Fierro y del núcleo de investigadores que trabajan con él . Pero sin duda que haría falta hacer un ejercicio semejante al que nos ofrece en su libro Luis María Diez Picazo. Mientras ese ejercicio llega, es muy recomendable abordar la lectura del importante libro El oficio de jurista, la cual será de gran provecho no solamente para abogados en el ejercicio de su profesión, sino también para todos los estudiantes de derecho.

Investigador jurídico Miguel Carbonell
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor de 21 libros y coordinador de otras 31 obras, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada.