Posts Tagged ‘Editoriales de Celso Rodríguez González’

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Decisión colegiada

diciembre 17, 2012

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De los tres Poderes que conforman el Gobierno del Estado, el Judicial es el único que en el proceso de renovación de su titular, no participa la ciudadanía con la emisión de su voto, esto es, no tiene una representación popular.

Y es que su fin es otro, su función tiene el propósito de dirimir diferencias jurídicas mediante la aplicación estricta de la ley, con independencia y autonomía.

Esta lógica legal busca evitar la participación de intereses de grupos externos que puedan inferir en la aplicación estricta de la norma o que alteren la independencia judicial en el trabajo del juzgador, dada la trascendencia que la impartición de justicia tiene para el Estado y la sociedad.

Desde luego esta distribución de funciones es parte esencial del principio de la división de Poderes, pero división no implica aislamiento; los Poderes del Estado necesitan interactuar entre sí para coordinarse y entregar mejores resultados, siempre respetando el ámbito de competencia de cada uno.

La reciente elección del Presidente del Supremo Tribunal, que es a la vez representante del Poder Judicial, es una facultad única y exclusiva de los Magistrados que integran el Pleno, su máximo órgano de gobierno, así lo establece la Constitución Estatal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En una sesión presidida por el de mayor antigüedad en el cargo, en la que cada uno de los actuales 33 magistrados emitieron su voto secreto por el mejor perfil para representar al Poder Judicial, después, en un escrutinio público dentro de la misma sesión, se contabilizaron los sufragios y se declaró electo al nuevo presidente que iniciará actividades oficialmente desde el primer día del año 2013, el magistrado Luis Carlos Vega Pámanes.

No existe, luego entonces, otra fuente diversa que pueda incidir en la elección del nuevo presidente, depende solamente de la decisión personal, consciente, responsable y razonada de cada uno de los magistrados.

Su propia formación colegiada asegura que la decisión que tomaron será, como cada una de las resoluciones que emiten todos los días, la mejor y más conveniente para la sociedad jalisciense.

La elección en favor del magistrado Vega Pámanes, ha sido muy bien recibida por los diferentes profesionistas ligados al derecho y por los organismos representativos de los distintos sectores de la sociedad, quienes acertadamente también coinciden, en que es necesario participar más de cerca en las actividades del Poder Judicial, porque su función es decisiva para la convivencia en paz de los jaliscienses y para el desarrollo productivo de la Entidad.

Vega pamanes Presidente STJE 2012-2013

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Certeza y legalidad

abril 16, 2012

Por Celso Rguez.

El Capítulo Primero del Título Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se denomina “De la División de Poderes”, un trascendental concepto que se compone de un solo artículo, el cuarenta y nueve, pero que tiene un profundo contenido histórico, político y social que especialmente da fortaleza y estructura al Estado mexicano y a la relación entre los Poderes de las entidades federativas.

El principio de la división de poderes tiene antecedentes tan remotos como la conformación misma del Estado. Esencialmente en tiempos recientes se han analizado las causas que en su momento le dieron origen y que convergen en un propósito común que está más vigente que nunca: garantizar las libertades del ciudadano.

Al establecerse límites a las funciones de cada uno de los poderes y la prohibición para que por ningún motivo se concentre la titularidad de ellos en la misma persona, nuestra carta magna asegura el equilibrio necesario para que la ciudadanía tenga la certeza de igualdad y libertad que debe otorgarle su Gobierno.

Este artículo  constitucional establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

Específicamente, el Poder Judicial tiene encargada la función de dirimir los conflictos jurídicos que le son planteados, con el propósito de generar paz y armonía en la sociedad, de forma tal que sus resoluciones deben ser atendidas en beneficio de todos.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un recurso interpuesto por el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo, ambos del Estado de Jalisco, dentro de una Controversia Constitucional por el nombramiento de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto tribunal del país, determinó que el Congreso del Estado deliberadamente no atendió la instrucción para suspender el procedimiento de designación de los funcionarios judiciales, que les fue hecha en tiempo y forma; petición a la que por cierto se habían sumado muchas voces de organizaciones ciudadanas, empresarios, colegios y barras de abogados, litigantes y líderes de opinión.

Lamentando que hubiera sido en nuestra Entidad este inédito incidente, la relevancia de la resolución es que el máximo tribunal del país decide contundentemente dejar claro que existen límites para el ejercicio del poder en México; que los mandatos judiciales deben ser respetados y que ante todo, la ciudadanía puede confiar en las instituciones de justicia como garantes de sus derechos.

La división de Poderes prevista por el Artículo 49; el principio de legalidad que señala que la autoridad puede hacer solo lo que la ley le permite, así como la protesta rendida por todos los servidores públicos para respetar y hacer respetar la Constitución, deben ser pilares inamovibles en el ejercicio de Gobierno para lograr el propósito de servir auténticamente a la sociedad, porque con ello se preserva y fortalece la certeza y la legalidad.

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La educación, tema prioritario

enero 30, 2012

Lunes, 30 Enero 2012 por Celso Rodríguez González

Un aspecto trascendental para cualquier país, lo constituye sin duda la educación de absolutamente todos sus habitantes en un esquema que permita un avance generalizado en lo individual y como nación.

Hablar de la educación en México es comprobar la percepción unánime de grandes deficiencias acumuladas por muchos años, de graves obstáculos enquistados y de una amplia gama multifactorial asociada a las condiciones económicas y culturales de los mexicanos.

Diversas organizaciones e instituciones mundiales basadas en diagnósticos, pruebas y comparativas, ubican a nuestro país al final de un amplio listado de naciones consideradas en dichos análisis, no obstante que en algunas materias se supere al menos a muchos  países  latinoamericanos.

El origen de las deficiencias educacionales, los especialistas internacionales se lo atribuyen a la falta de compromiso entre la planeación y coordinación de las políticas gubernamentales y los actores dentro del proceso educativo, además de la escasa voluntad política para estructurar y respetar un plan integral de largo alcance que aun trascendiendo los periodos sexenales tenga garantizado su cumplimiento.

Está claro que las diferentes medidas implementadas a través de los años, han diluido sus efectos porque no se acompañan de otras que permitan avanzar en su propósito final, ejemplo de ello, son las diversas modificaciones a la Constitución Federal y a las leyes de la materia para establecer la obligatoriedad de determinados niveles de escolaridad en los niños, reformas que, aunque han significado un avance, no han reflejado resultados de impacto en el mejoramiento de la educación en México.

Los recientes diagnósticos del desempeño de educadores y educandos a través de distintos métodos e indicadores, han servido no sólo para evidenciar los grandes problemas que tenemos que superar, sino también para hacer conciencia sobre la urgente necesidad de diseñar estrategias más novedosas, eficientes y eficaces para implementar acciones tendientes a revertir ese oscuro panorama.

La actitud en general de los mexicanos ante esta realidad no debe ser de desinterés ni mucho menos de apatía, sino que por el contrario, debe mostrarse desde la sociedad misma, pero sobre todo, desde quienes directamente participan y toman decisiones en materia de políticas públicas, una visión encaminada al fortalecimiento de nuestro sistema educativo y de todos los factores que inciden directa e indirectamente en el mejoramiento y calidad de la educación que se imparte y también de la manera en que se motiva y apoya desde todos los ámbitos a los estudiantes.

Problemas socioeconómicos como la deficiente alimentación que generacionalmente ha afectado a los menores estudiantes, es un factor que tampoco se ha atendido integralmente; hace ya varios años se esbozaron algunas medidas paternalistas aisladas para dotar en las escuelas de alimentos enriquecidos con nutrientes y vitaminas, que derivaron lamentablemente en la presunción de desvíos presupuestales y nunca surtieron los efectos positivos esperados, lo que aunado al incremento de la pobreza complica aún más el futuro de la educación.

Los analistas políticos señalan que la educación debe ser un tema principal dentro de las campañas presidenciales, incluso a la par o por encima de la seguridad y el empleo.

Pero no sólo debe ser motivo de debate y propuesta, los candidatos realmente comprometidos deben garantizar que independientemente de triunfar o no en su propósito por llegar a la Presidencia, darán su apoyo irrestricto para formular un plan integral de largo plazo y alcance para la educación, que asegure a nuestro país salir del marasmo en que se encuentra y que permita a los mexicanos más y mejores oportunidades de desarrollo individual.

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La independencia judicial y la división de poderes

noviembre 14, 2011

La independencia judicial es uno de los presupuestos esenciales para el funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de una garantía instaurada para impedir injerencias de los otros poderes en la resolución de litigios sometidos a su conocimiento.

En ese sentido, la independencia es un factor condicionante del Estado de Derecho.

El fundamento que sustenta la independencia judicial es el principio de la división de poderes.

Esto es, la definición de un ámbito propio de actuación de cada uno de ellos que los otros no pueden invadir, aunque esto no excluye la cooperación y la dependencia reciprocas de los poderes.

Los orígenes de este principio son remotos, aunque se estructuró formalmente hasta el siglo XVII. En la antigüedad autores como Heródoto, Platón y Aristóteles propusieron formas mixtas de gobierno, en las que se hallaban mezcladas la monarquía y la democracia.

Fue hasta la época moderna cuando la filosofía política recomendó que el poder del Estado se dividiera para impedir el abuso de su ejercicio.

En sus tratados sobre el gobierno civil, John Locke propuso la creación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Federativo, en la inteligencia que los dos últimos se hallarían unidos casi siempre.

Esta aportación, fue el embrión de la doctrina de Montesquieu, adoptado en estos tiempos por numerosos estados del mundo.

Montequieu abogó por depositar el gobierno del Estado en los poderes que actualmente se conocen: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pretendía que el poder frenara al poder, es decir, que cada uno de ellos sirviera de contrapeso para los otros dos, a fin de evitar la reunión del gobierno en un solo individuo o en una sola corporación.

Comprobó que todo hombre que tiene poder siente naturalmente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. Por ello, este principio, se popularizó a tal grado que muchos países, a partir de entonces,  lo incorporaron a sus Constituciones.

La división de poderes, se adicionó al derecho mexicano desde la Constitución de Apatzingán en 1814, desde entonces el principio figuró en todos los documentos constitucionales posteriores a la independencia, aunque con cambios en estructura y funciones de los diversos órganos, según la época y forma de gobierno. En el caso del Poder Judicial, se ha robustecido poco a poco, al contar con nuevas facultades y garantías judiciales que se han introducido en el panorama constitucional con diversos procesos nuevos y renovados, destinados a la protección integral de la Constitución.

Sin embargo, aún quedan temas pendientes por atender como la asignación de un presupuesto fijo previsto por la propia Constitución para evitar una sujeción inadecuada ante los otros dos Poderes; la apertura legal para propiciar la participación del Poder Judicial en la designación de sus propios integrantes y la necesidad de adecuar las leyes estatales a las reformas federales recientes.

Hoy más que nunca, debe tenerse especial atención a las necesidades del Poder Judicial a nivel nacional, el país requiere de tribunales sólidos, integrados por los mejores especialistas del derecho, con oficinas dignas en donde las necesidades mínimas estén no solamente satisfechas, sino que la más alta tecnología esté al servicio de los servidores públicos que la integran y de los justiciables.

La independencia plasmada en el principio de la división de poderes, radica en el aseguramiento del pleno respeto a su autonomía. No podemos entenderlo de otra manera.

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Oro, plata, bronce y cobre

octubre 31, 2011

Después de superar un sinuoso, pesado y complicado proceso de preparación, la decimosexta edición de los Juegos Panamericanos tuvo un evento de inauguración de ensueño que propios y extraños reconocieron como excelente preámbulo y motivación para un desempeño exitoso de la delegación mexicana. Ciertamente dos años atrás las razones políticas de los diferentes actores jaliscienses sembraron serias dudas para la realización de los Juegos. Basta recordar la cancelación en diversas ocasiones de la sede de la villa que hospedaría a los deportistas participantes y que una vez seleccionada la definitiva, tuvo que enfrentar diversos juicios y riesgos de atraso.

Finalmente tanto la villa como los diferentes complejos deportivos quedaron listos y a tiempo, salvo ligeros detalles en un par de instalaciones que también se resolvieron y pudo contarse con ellos sin contratiempos. Llegando la fecha de la inauguración con expectativas locales optimistas que se materializaron en sorprendentes; en un escenario moderno y simbólico; con un riguroso control de ingreso y extremas medidas de seguridad; el espectáculo de luz, sonido, danza, pirotecnia y música, dio a los asistentes y a los millones de espectadores televisivos una muy buena ceremonia de nivel mundial que ha puesto a Guadalajara y a Jalisco en la memoria del mundo. De ahí en adelante, las justas desarrolladas en los diferentes deportes dieron a México una lluvia de medallas de oro que dejaron atrás los antecedentes históricos y un cúmulo de medallas de plata y bronce también inédito que ilusiona para lograr aun mejores cosas en la siguientes ediciones de estos Juegos.

Por si algo hiciera falta, también los representantes nacionales de origen jalisciense tuvieron actuaciones sobresalientes que nos dieron oro y además un gran orgullo por el aporte importante de nuestros paisanos a la gran actuación mexicana. Esta edición nos deja la satisfacción de la mejor participación deportiva en la historia de los Juegos Panamericanos y también una infraestructura envidiable que estamos obligados a mantener y aprovechar para difundir y promocionar la práctica del deporte en todos los estratos sociales con los más altos niveles de calidad. Importante también destacar la seguridad que fue desplegada por las policías federales, estatales y municipales que en coordinación lograron inhibir los promedios delictivos y resguardar a los atletas y las delegaciones durante los Juegos.

Hemos dejado los jaliscienses como anfitriones, un buen sabor de boca a los visitantes extranjeros, lo que repercutirá en el mediano plazo, sin duda, en un incremento del turismo y con ello mejores ingresos para los trabajadores de los diferentes sectores productivos. Los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, innegablemente fueron un éxito deportivo, pero también un escaparate para que los visitantes que no conocían la ciudad y el Estado, se dieran cuenta que existe una amplia gama de servicios entre los que destacan la oferta hotelera y restaurantera que seguramente dieron una muy buena impresión y que podrían ser detonante para consolidarnos como una capital a la altura de las mejores de América, con el consecuente beneficio en la derrama económica, generación de empleos y activación del aparato productivo sobre todo en el sector turístico.

En el aspecto político que también tiene una importante trascendencia, habrá que esperar sólo un poco para comenzar a enlistar la amplia serie de “padres y madres” que se apuntarán y disputarán para sí el triunfo en relación con el buen resultado de los eventos panamericanos, pero para la mayoría de los jaliscienses esa lucha, esa disputa, esa “confrontación”, por llamarlo de alguna manera, que inevitablemente vendrá acompañada con el siguiente proceso electoral, ya no será tan atractiva si es que no existen los perfiles que la sociedad exige y las plataformas y compromisos que aseguren que quien ocupe un cargo de elección popular se desempeñe con eficiencia y de acuerdo a la altura de las exigencias sociales, porque desde siempre se han reclamado resultados positivos y el cumplimiento de la palabra empeñada, de lo contrario, en vez de tener aspirantes a medalla de oro, habrá muchos, pero a presea de cobre.

 

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Justicia en Línea CRG

octubre 24, 2011

Justicia en línea

Lunes, 24 Octubre 2011 por Celso Rodríguez González

Es innegable el impresionante avance tecnológico del que ha sido testigo el mundo entero en un periodo tan corto de tiempo.

Especialmente en materia de comunicaciones han sido superadas todas las expectativas facilitando enormemente el tránsito de información entre las comunidades más remotas de la tierra, consolidando así el proceso interactivo que envuelve ya a todos los seres humanos.

Esta tendencia irreversible ha provocado que, por ejemplo, las cifras manejadas por las compañías de telefonía celular, señalen que de los aproximadamente 113 millones de habitantes del país, más de 85 millones cuenten al menos con un aparato celular, una cantidad que por sí misma demuestra el impulso tecnológico y la facilidad con la que nos hemos adaptado los mexicanos a estos sistemas.

Con mayor claridad han permeado las llamadas redes sociales, que han trascendido la comunicación personal a tal grado que las empresas privadas tienen cuentas abiertas en los portales más conocidos e interactúan con los usuarios para no quedarse al margen de los espacios  virtuales donde por  muchas horas conviven sus clientes.

El caso más sobresaliente por su novedoso impacto, sucedió en los Estados Unidos cuando a través de las redes sociales el entonces candidato Barack Obama logró cautivar a un número suficiente de simpatizantes que le ayudaron con su voto a ganar la presidencia de su país, para ser ocupada por primera ocasión por un ciudadano de origen afroamericano, pero además superando ampliamente la captación de recursos económicos para el financiamiento total de su campaña.

Los alcances de este fenómeno tecnológico, nos ha llevado a dejar de lado la sorpresa constante para enfocarnos en pensar cómo aprovechar sus ventajas en las actividades cotidianas, así por ejemplo, hoy accedemos comúnmente a los periódicos y programas informativos por medios electrónicos, desde una computadora convencional, una portátil o un teléfono celular.

Desde luego que la adaptación se hace indispensable para continuar vigentes, retomando el ejemplo de los noticieros, las empresas periodísticas debieron diversificar  sus tradicionales productos impresos para brindar una opción a sus clientes en línea, alternando irremediablemente sus medios de comercialización para ampliar su cobertura y hacer frente a la férrea competencia. En el sector gubernamental, las dependencias han tomado con mayor calma estas condiciones y poco a poco han venido abriendo sus servicios e información a la disposición de todos a través de sus páginas de Internet que tienen una incipiente pero prometedora interacción con la ciudadanía, ya es posible solicitar  y recibir información pública de la federación y gran parte de los estados por medios electrónicos, como siempre la resistencia al cambio provoca algunas reticencias  iníciales pero parece ser que han sido superadas.

La semana pasada, justamente por medio de las versiones electrónicas de los medios de comunicación, se difundió la agradable noticia de la primera sentencia de un juicio electrónico, emitida por la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, apenas a sólo un mes y medio de haberse puesto en marcha éste novedoso sistema.

Este acontecimiento normativo reviste especial importancia porque constituye el primer antecedente de su tipo en el país que marca el inicio de una nueva forma de administrar justicia con mayor rapidez y sin afectar su calidad, toda vez que de haberse llevado el juicio por los medios convencionales hubiera demorado hasta tres años en resolverse.

La sentencia de un juicio en línea permite también suponer la aceptación y adaptación prácticamente inmediata de funcionarios y abogados litigantes que presentaron demanda, ofrecieron pruebas, emitieron alegatos  y recibieron notificaciones todo en línea, dejando de utilizar papel con el consecuente benéfico adicional para el medio ambiente.

La primera sentencia consolida a éste esfuerzo jurisdiccional como un referente para los demás tribunales mexicanos tanto federales como locales de todas las materias, porque marca la tendencia que deben seguir los órganos jurisdiccionales no solo para diversificar sus herramientas, sino también para darle agilidad y certeza a la impartición de justicia en beneficio de los mexicanos.

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Democracia y participación ciudadana

octubre 18, 2011

Democracia y participación ciudadana

Lunes, 17 Octubre 2011 por Celso Rodríguez González

Desde hace tiempo, los mexicanos hemos insistido en la necesidad de actualizar nuestras formas de convivencia política ante las condiciones totalmente diferentes a las que se tenían hace 100 años, que es el promedio de vigencia de algunas figuras políticas de nuestro país.

En diciembre de 2009 el Presidente Felipe Calderón envió al Congreso Federal un paquete de iniciativas de reforma política que por la fecha en que  se presentaban se consideró un buen gesto del Ejecutivo, porque no se tenía en puerta una elección cercana, lo que daba tiempo a los legisladores para realizar un análisis serio y profundo para robustecer la propuesta en aras de avanzar de una vez por todas en este importante tema.

La iniciativa presidencial estaba desprovista efectivamente de un interés personal electoral inmediato, lo que propició que se promocionara adecuadamente entre las bancadas partidistas de las cámaras, sin embargo, el paquete de iniciativas sufrió precisamente uno de los problemas que intentaba solucionar, la lentitud del Congreso para tratar los temas de su agenda legislativa.

Entre los planteamientos expuestos resaltaron la propuesta para permitir la elección consecutiva de los alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos en los municipios hasta por un periodo de 12 años; permitir la reelección de legisladores federales; reducir el número de senadores a 96; así como la cantidad de los diputados federales 400, eliminando 60 escaños de elección directa y 40 de representación proporcional.

También proponía llevar a los partidos políticos a otros niveles de competitividad al sugerir incrementar el porcentaje de dos a cuatro por ciento de la votación como mínimo para conservar su registro como instituto político; promovía además la habilitación de la iniciativa ciudadana como facultad de la población para incorporar temas de su interés a la agenda legislativa; la figura de la revocación de mandato, para consultar a la ciudadanía acerca de la continuidad de sus gobernantes; y la posibilidad de las candidaturas independientes, entre otras.

Al tomar conocimiento del paquete en primer término el Senado de la República, la propuesta de reforma prácticamente continúo en la mayoría de sus contenidos, llegando apenas el mes pasado el dictamen a la Cámara de Diputados, donde se ha dado un intenso debate especialmente en dos temas: la revocación de mandato y la reelección legislativa.

Las comisiones conjuntas de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en una votación dividida han acordado dejar para otra ocasión la revocación de mandato y la reelección legislativa al no incluirlas en el dictamen que pasará al Pleno para su aprobación.

Mucho se ha dicho de las amplias ventajas que tiene la participación ciudadana en la vida política del país, desde hace varias décadas se ha buscado la ciudadanización de los órganos constitucionales para darle mayor certeza y confianza, como ejemplo está el Instituto Federal Electoral, que al dejar de ser un órgano integrado por funcionarios del Gobierno, ha permitido un desarrollo más fluido de la democracia.

La revocación de mandato parece ser una figura de participación ciudadana que espanta a los partidos políticos y a sus representantes en las posiciones de Gobierno, al creer que significa un riesgo para su planeación electoral y el fin de la carrera política de quien no resulte favorecido, pero el valor que le brinda a la decisión ciudadana es insoslayable y en ello deben poner atención especial los legisladores.

La reforma político electoral que contiene la reelección tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ha enfrentado desde siempre los obstáculos históricos y de tradición política de los mexicanos quizá justificadamente por los nada gratos recuerdos de los daños ocasionados por reelecciones de dictadores.

Sin embargo, es necesario realizar un análisis de las condiciones y problemática que enfrenta el Poder Legislativo Federal actual en el que podremos identificar algunas razones para pensar en la reelección como una posibilidad real de mejora.

Para nadie es un secreto el desconocimiento del parlamentarismo y hasta de la política, con la que llegan muchos legisladores, tampoco es novedad la inexperiencia como causa de la lentitud del proceso legislativo,  además de la impericia en el ámbito legal y de las prácticas parlamentarias fundamentales, que además cuando se está apenas asumiendo un papel adecuado, ya está por finalizar la legislatura.

Con la reelección legislativa pudieran solucionarse los problemas anteriormente planteados con el beneficio adicional de propiciar la profesionalización de la carrera legislativa y aprovechar a quienes tengan auténtico talento en beneficio del país, evitando incluso, que por su vocación de servicio público incursionen en tareas o cargos públicos del Ejecutivo en los que no son los mejores, pero les permite ahora mantenerse vigentes hasta en tanto regresan al Legislativo.

La reelección de legisladores provocaría la estabilidad política y legislativa que permitiría agilizar el proceso al darle continuidad a la agenda legislativa a pesar del cambio de legislatura; no tengo duda de la calidad que existe en el país de legisladores de vocación y carrera que nos aportarían muchísimo, tan sólo en este momento vemos que existen excelentes exponentes de reconocida trayectoria, cuyo trabajo sería el principa l impulso para que la ciudadanía los refrende en el cargo por un periodo más, lo que significaría un reconocimiento a su labor y desempeño.

Caso contrario de quienes únicamente arriban por compromisos o componendas partidistas y con su actuar demeritan la figura del legislador al dejar de lado su responsabilidad principal por atender intereses personales o de grupos de poder, quienes definitivamente encontrarían el rechazo popular y no serían reelectos, con lo que se evidenciaría su mala gestión.

Es tiempo aún de revisar estos temas importantes para la nación; los mexicanos esperamos continuar avanzando en la democracia y la participación política ciudadana.