Posts Tagged ‘Colegio de Notarios de Jalisco’

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Fernando Guzmán Pérez Peláez, otorgó patentes de notarías

noviembre 10, 2011

Jalisco: funcionario otorga notarías a magistrados pese a prohibición

Abogado pide a diputados locales resolver demanda de juicio político

Periódico La Jornada

Guadalajara, Jal. El secretario general del Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, otorgó patentes de notarías al presidente del Poder Judicial del Estado, Celso Rodríguez Gon- zález, y a dos magistrados más, no obstante que lo prohíbe la Ley Orgánica del Poder Judicial jalisciense.

En conferencia de prensa, el abogado Max Lomelí informó que Guzmán Pérez Peláez concedió a Rodríguez González la patente de aspirante al ejercicio de notariado el 20 de julio pasado.

Lomelí mostró el acuerdo DGJ-ANNF-065/2011 de la Secretaría General de Gobierno, firmado por el propio Guzmán Pérez Peláez, en el que se dio a Celso Rodríguez dicho título, tras obtener calificación de 82 en un examen para obtener la patente de notario, efectuado el 29 de junio pasado. Lo mismo hizo Fernando Guzmán con los magistrados Guillermo Meza García y Guillermo Rentería Gil.

El artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco estipula que los magistrados están impedidos para desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o de los municipios, de organismos descentralizados o de particulares, cuando se perciba sueldo. El mismo artículo continúa: tampoco podrán ejercer libremente la profesión de abogado ni patrocinar negocios judiciales por sí o por interpósita persona.

Lomelí urgió a los diputados locales a resolver la demanda de juicio político que interpuso contra Fernando Guzmán ante la Comisión de Responsabilidades del congreso local.

Espero que ante tanta evidencia e involucramiento del demandado, no le quieran dar carpetazo o negocien este juicio por favores políticos. Es procedente el juicio político y espero la inhabilitación para ocupar otros cargos públicos en el futuro, y la destitución del secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, dijo el litigante, quien aseguró que el funcionario estatal actualmente fragua la entrega de 32 notarías.

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Maximiliano Lomelí solicita Juicio Político

noviembre 9, 2011

Piden al Congreso la destitución de Fernando Guzmán Pérez-Peláez
El Occidental 9 de noviembre de 2011
Por Francisco Aguiar Barajas
Guadalajara, Jalisco.- La inhabilitación para ocupar cargos públicos y la destitución inmediata como secretario general de Gobierno, es lo que demanda el abogado litigante Maximiliano Lomelí Cisneros a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, luego de presentar pruebas contra Fernando Guzmán Pérez-Peláez, que otorgó patentes de notario a funcionarios impedidos por la ley para ejercer esta función.Lomelí Cisneros ofreció en una rueda de prensa con medios de información, documentos donde Guzmán Pérez-Peláez aprueba el 20 de julio de este año, las patentes para el ejercicio del notariado al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Celso Rodríguez González; el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, José Guillermo Meza García y Guillermo Rentería Gil, quienes al ejercer actualmente un cargo público están impedidos para aspirar a tal responsabilidad.El denunciante aseguró que “ante un acto ilegal, tales nombramientos son inválidos”, por lo que exigió a los integrantes de la Comisión de Responsabilidades a realizar su trabajo en beneficio de la sociedad, “a no dar carpetazo a esta denuncia o -en el peor de los casos- a negociar políticamente un intercambio de favores”, como mencionó Lomelí Cisneros.

En sus reclamos, el denunciante exigió al Secretario General de Gobierno, a informar públicamente sobre las 32 notarías que están por entregarse, los cargos que ocupan, quiénes serán beneficiados.

Sobre la patente otorgada al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el delator aseguró que con estas acciones, queda en entredicho la dependencia de Celso Rodríguez ante el Secretario General de Gobierno.

La denuncia fue presentada el 12 de septiembre de 2011 ante el Congreso del Estado y ratificada un día después ante la Comisión de Responsabilidades, para explicar la violación a los artículos que impiden a estos funcionarios, ejercer la función de notarios.

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Inició trámite hace 10 años

octubre 10, 2011

Por Vania Citlalli de Dios

(10-Oct-2011).-Al descartar que estuviera aprovechándose de su cargo para obtener una patente de Notario Público, el titular del Poder Judicial, Celso Rodríguez González, aseguró que el trámite lo inició hace una década, cuando aún no era magistrado.

Esto, luego de que el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), ordenó el pasado 5 de octubre la entrega de los documentos recabados para dicho proceso que iniciaron tres funcionarios del Poder Judicial.

“Ni siquiera era Magistrado Presidente (del Poder Judicial), apenas era juez y luego fui nombrado como Magistrado, de tal manera que esa solicitud es como del 2000, aproximadamente”, dijo.

“No es aprovechar ni la ocasión ni nada porque estos son trámites que se vienen haciendo (sic) y ustedes van a ver las fechas ahí”.

Con la decisión del ITEI, la Secretaría general de Gobierno deberá entregar las constancias que recabó de los trámites del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) Celso Rodríguez; del presidente del Tribunal Electoral, José Guillermo Meza y Guillermo Rentería, juez décimo primero de lo civil.

Esto, debido a que la dependencia señaló los documentos como inexistentes en respuesta a la solicitud de transparencia que le hizo un particular.

“De los ocho que hicimos (el examen) yo creo unos tenían unos 20 años de haber hecho eso (iniciado el trámite), yo tenía como 10 (años) de haberlo hecho; nos llamaron hicimos el examen y de esa forma participamos. Ni estamos aprovechando la ocasión de que somos funcionarios públicos ni nada”, insistió.

De acuerdo con la Ley del Notariado del Estado, artículo 36, obtener la patente de aspirante a notario es incompatible con el desempeño de empleos o cargos públicos y para ejercer tendría que pedir licencia al Poder Ejecutivo.

Aunque dijo que aún no ha decidido si continuará con el trámite o no, Rodríguez González dijo que si llega a obtener la patente tendría que elegir entre ser notario o magistrado.

“De momento yo no estoy apresurado con el tema, porque si desde hace 10 años que inicié el servicio en una Notaria, a mí sí me preocupa lo que la gente pueda pensar de que yo como presidente (del Poder Judicial) me quiero aprovechar”, expresó.

El trámite para obtener la patente se inicia con una solicitud ante el Colegio de Notarios para hacer su práctica en una Notaria Pública; tras la autorización, el documento se entrega a la Secretaría General de Gobierno.

Al concluir las prácticas, el Colegio de Notarios otorga una constancia, que también se lleva ante la Secretaría de Gobierno para que les apliquen el examen.

Así lo dijo

“Ni siquiera era Magistrado Presidente (del Poder Judicial), apenas era juez y luego fui nombrado como Magistrado, de tal manera que esa solicitud es como del 2000, aproximadamente”.

Celso Rodríguez González

Presidente del Poder Judicial

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Bienvenida la edición 48 de ICONO

abril 15, 2011

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El oficio de Jurista

mayo 14, 2010

Reseña de El oficio de jurista
Luis María Díez-Picazo (coordinador)
Madrid, Siglo XXI editores, 2006, XVIII-284 páginas.

No son muy frecuentes las reflexiones sobre el quehacer profesional de los abogados. Me refiero a la forma en que realizan su trabajo, a las tareas que llevan a cabo en el día a día de su actividad profesional. Sí que existe mucha literatura acerca de lo que hace un especialista en cada rama del derecho; así, por ejemplo, hay múltiples obras sobre la interpretación constitucional o sobre el papel del juez dentro de los juicios familiares.

Lo que no abunda tanto son reflexiones como las que nos ofrece el libro colectivo coordinado por Luis María Díez Picazo, acerca del oficio de jurista.

El coordinador del libro explica en su texto introductorio a la obra que procedió a identificar las distintas formas en que se ejerce la profesión de abogado en España; una vez identificadas tales variantes procedió a pedir a especialistas destacados de cada ámbito una colaboración en la que expusieran lo que hacen diariamente en el ejercicio de su profesión. El mosaico final no solamente es de una enorme riqueza, sino también de una gran claridad.

Los dos primeros ensayos son los más generales. Encontramos en primer término un texto de José Juan Toharia en el que nos ofrece una aproximación sociológica al mundo de los abogados españoles. Toharia ofrece muchos datos de gran interés, de los cuales destaco simplemente dos:

a) el gran número de normas jurídicas que deben manejar los abogados en la España del siglo XXI; solamente entre 1979 y 1999 se promulgaron 193 leyes orgánicas, 873 leyes, 257 reales decretos-ley 9,160 reales decretos-legislativos (p. 4);
b) el incremento en el número de abogados, el cual ha pasado de 6,368 abogados a inicios del siglo XX (32 por cada 100,000 habitantes) a 111,156 en 1995 (283 por cada 100,000 habitantes); esto significa que mientras la población española durante el siglo XX se multiplicó por dos, el número de abogados se multiplicó por 18 (p. 9).

El segundo ensayo que aparece en el libro se refiere al abogado (postulante), pero en realidad su autor, Pablo Bieger, nos ofrece una panorámica general del lugar del abogado en las sociedades modernas. El autor recoge una diversidad de citas que demuestran el poco aprecio que en la literatura y en la política se tiene por los abogados. Nos recuerda Bieger frases como la de Shakespeare, cuando dijo que “La primera cosa que tenemos que hacer es matar a todos los abogados”. No sale mejor parada la profesión en frases como la de Dostoyevsky (“El abogado es una conciencia alquilada”) o en la definición de Lutero: “Abogado: mal cristiano”. Los mismos prejuicios contra los abogados tuvieron en su momento los dirigentes de regímenes fascistas; así por ejemplo, Hitler dijo que “No descansaré hasta que cada alemán comprenda que es una vergüenza ser abogado”; por su parte Mussolini sostuvo que “No es exageración afirmar que los abogados devoran Italia… son las langostas que se lanzan al cuerpo de la joven nación y exprimen sus mejores energías” . Antes de ellos ya Napoleón había propuesto: “Tiremos a los abogados al río”.

Luego de hacer este recuento Bieger nos ofrece algunas claves para comprender lo que hacen los abogados en la práctica, ilustra para qué sirven y enuncia una serie de requisitos que desde su punto de vista son necesarios para aspirar a ser un abogado exitoso. No es posible ni siquiera intentar resumir la riqueza de su trabajo. Destaco algunos puntos: los abogados, pese a la masificación profesional claramente ilustrada por los datos que nos ofrece Toharía, siguen siendo gente de letras, es decir, gente cultivada intelectualmente, dotada de muchas lecturas (si bien en su mayor parte dedicadas a los aburridos soliloquios de otros colegas) . Bieger también repara en el venturoso hecho de que la profesión legal se está feminizando, es decir, las mujeres pronto superarán en número a los varones en el ejercicio de la abogacía (en el Colegio de Abogados de Barcelona el 70% de los recién colegiados son mujeres) .

También explica el autor el hecho de que los abogados se expresan oralmente y por escrito en un lenguaje compuesto de arcanos, en el que los no iniciados difícilmente pueden penetrar. No lo señala Bieger, pero quizá la relajación o incluso el abandono en parte de este rebuscado lenguaje sea uno de los principales retos de la abogacía en nuestros días. Existen razones que explican y justifican el uso de un lenguaje técnico-jurídico, que no es ni puede ser igual al lenguaje popular, pero de ahí a los excesos que se observan en muchas demandas, sentencias y actos administrativos hay un buen trecho. A veces da la impresión que se utiliza el lenguaje rebuscado como un intento de ocultar las propias carencias técnico-jurídicas de quien lo emplea .

Bieger ofrece algunas estadísticas un tanto sorprendentes: por ejemplo, justifica que en Madrid hay demasiados abogados citando que el número de ellos registrado por el correspondiente colegio profesional es de 48,000, frente a solamente 16,000 taxistas. Es decir, por cada taxista hay tres abogados en la capital española (y hay que decir que en Madrid hay un montón de taxis por todas sus calles). Otro dato interesante es que no todos los abogados se enriquecen en el ejercicio de la profesión; según cifras de diciembre de 2005, el 41% de los abogados del Colegio de Abogados de Barcelona ganaban menos que el promedio de los otros trabajadores de Cataluña.

Aparte de los ensayos de Toharia y Bieger, que son los dos más generales, hay en el libro que estamos reseñando sustantivas reflexiones sobre el papel del abogado del Estado (los asesores jurídicos de los entes públicos), del fiscal (lo que en México llamamos Ministerio Público), del letrado del Consejo de Estado (instancia consultiva de máximo nivel dentro del Estado español), del letrado de las Cortes (que desempeñan, aproximadamente, la tarea que en México hacen los asesores y secretarios técnicos de las cámaras legislativas), del juez (abordado por un magnífico ensayo de quien seguramente es el mejor juez que hay en España: Perfecto Andrés Ibáñez), del catedrático, del registrador, del notario, del secretario judicial y del procurador de tribunales.

Como puede verse, se trata de una colección muy amplia de reflexiones sobre el papel de los abogados. Muchas de ellas contienen valiosos elementos para los abogados mexicanos. Sobre todo porque, en alguna medida, compartimos con España algunos de los problemas que aquejan a la profesión; además tales problemas suelen ser obviados en México y no existen estudios profundos que los analicen y propongan las soluciones correspondientes. Tenemos algunas estadísticas aisladas que son de gran utilidad para encuadrar a la profesión jurídica en México, debidas sobre todo al esfuerzo de sistematización y análisis de Héctor Fix Fierro y del núcleo de investigadores que trabajan con él . Pero sin duda que haría falta hacer un ejercicio semejante al que nos ofrece en su libro Luis María Diez Picazo. Mientras ese ejercicio llega, es muy recomendable abordar la lectura del importante libro El oficio de jurista, la cual será de gran provecho no solamente para abogados en el ejercicio de su profesión, sino también para todos los estudiantes de derecho.

Investigador jurídico Miguel Carbonell
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor de 21 libros y coordinador de otras 31 obras, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada.