Archive for the ‘Prensa Público’ Category

h1

Se vislumbra Legislación para regular pugnas

junio 2, 2011

Ante pugnas, Congreso hará cambios en Judicatura

Hay un convenio para resolver el conflicto que se vive en este órgano del Poder Judicial, pero no se ha podido firmar, dice presidente de Comisión de Justicia del Legislativo, que adelanta que se reformarán facultades y mecanismo de nombramiento.

Sesión del Consejo de la Judicatura del 25 de mayo, donde se ratificaron 8 jueces, presuntamente de forma ilegal.

Guadalajara.- Ante la imposibilidad de lograr acuerdos entre los dos grupos que mantienen enfrentado al Consejo de la Judicatura, el Poder Legislativo buscará reformar las facultades que tiene el organismo y el mecanismo de nombramiento de los consejeros, señaló el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Luis Armando Córdova Díaz.

El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) descartó la desaparición de ese órgano del Poder Judicial, la cual había sido propuesta por el gobernador Emilio González Márquez, quien respalda al grupo de Celso Rodríguez González, presidente del Poder Judicial.

Entrevistado sobre la reciente ratificación de jueces por parte de uno de los grupos de consejeros, la cual fue calificada como ilegal por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (Público Milenio, 1 de junio de 2011), el legislador dijo que se elaboró un convenio para conseguir un equilibrio en la toma de decisiones al interior de la Judicatura, pero “no se ha podido firmar”.

Debido a esa situación, Córdova Díaz dijo que “se está planteando realizar una reforma, ante la incapacidad que hay para llegar a acuerdos”.

El diputado priista agregó que esperan que la firma del convenio y la iniciativa estén listos antes de que se empiece a renovar el Consejo de la Judicatura, pues recordó que en el mes de agosto tendrá que darse el primer cambio, al vencerse el nombramiento de Gabriela de León Carrillo, quien es la representante de los jueces de primera instancia.

Córdova Díaz admitió que es un riesgo que se sigan tomando decisiones como la ratificación o las registradas con anterioridad, con los cambios de adscripción o de materia de jueces, pero consideró que en este momento el Congreso del Estado no puede intervenir, porque incurriría en invasión de poderes.

Afirmó que durante unos ocho meses él intento resolver el conflicto interno en el Poder Judicial, “pero es difícil”, porque hay distintos actores políticos involucrados.

El Consejo de la Judicatura fue creado con la reforma política que se aprobó en 1997, con la intención de quitar la carga administrativa al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y separar la primera de la segunda instancia.

Niega acusaciones

Entrevistado al respecto de las acusaciones acerca de la ilegalidad de la ratificación de ocho jueces que otorgó el Consejo de la Judicatura el pasado 25 de mayo, uno de los consejeros de este organismo, Miguel Gutiérrez Barba, aseguró que fue legal y en el tiempo que correspondía.

Ante lo señalado por Celso Rodríguez, de que se anticiparon hasta en dos años en el aval ya que a los servidores públicos aún les faltan entre seis meses y dos años para el vencimiento de su cargo, afirmó que a la fecha de la sesión en la que se efectuaron las validaciones —25 de mayo— los juzgadores ya tenían derecho a ser ratificados, pues dijo que el periodo de cuatro años que deben transcurrir para ser ratificados en el puesto corre a partir de la primera vez que fueron nombrados jueces.

“El cómputo para ratificar a un juez es desde el primer día que él fungió como tal, como juez, hasta el último día aunque haya sido interrumpido parcialmente. De los jueces de la lista, todos ellos tuvieron nombramiento incluso algunos antes de los cuatro años de su ratificación que fue ahora”.

Miguel Gutiérrez argumentó que el periodo de prueba que debe pasar para evaluar a los jueces comienza desde la primera vez en que hayan sido nombrados como tales, aunque hayan existido interrupciones debido a que estuvieran cubriendo una vacante temporal que esté acéfala por alguna licencia solicitada o por el cese de algún juez.

Como ejemplo, explicó que a Alejandro Guevara Pedroza se le otorgó su primer nombramiento como juez estatal en enero de 2007 y después tuvo nombramientos en otros cargos judiciales.

Afirmó que el criterio utilizado por tres de los cinco consejeros que validaron las ratificaciones tiene el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “No es una cosa que nosotros manejáramos, es una orden federal que tenemos nosotros en varios amparos que nos han ganado jueces cuando nosotros les decíamos es que tu computo es tal y nos decía el juez federal, no, le empieza a contar con el criterio que optamos en esta ocasión”.

Este diario buscó a los consejeros Gabriela de León Carrillo y Luis Enrique Villanueva Gómez para conocer su postura sobre el tema, pero éstos no respondieron a la petición de entrevista.

Por su parte, Celso Rodríguez y la consejera María Cristina Castillo Gutiérrez, ayer reiteraron que la determinación de sus compañeros fue ilegal y no descartaron la posibilidad de interponer una denuncia penal en contra de éstos, ya que consideran que se cometió el delito de abuso de autoridad y que se extralimitaron en sus atribuciones.

“Estamos analizando si los jueces terceros perjudicados no hacen lo propio, a lo mejor nosotros lo podríamos hacer, tenemos que denunciar porque si no seríamos cómplices de las conductas; estamos valorando eso porque lo que no queremos es que se politice más esto, queremos un trabajo digno, seguro y eficiente a la sociedad”, señaló.

Ayer a las 12:00 horas estaba programada que se efectuara una sesión del pleno del consejo pero está no se llevó a cabo. El consejero Miguel Barba afirmó que él y la consejera Gabriela de León Carrillo llegaron puntuales y como el presidente del consejo no llegó a tiempo a las 12:15 se retiraron del salón. Por su parte Celso Rodríguez acompañado de la consejera María Cristina Castillo asentó la falta de realización de la sesión por la ausencia del resto de los consejeros; en tanto que el consejero, Luis Enrique Villanueva Gómez presentó una constancia medica con la cual justificó su inasistencia por motivos de salud.

Sonia Serrano Íñiguez/Elizabeth Rivera Avelar
Anuncios
h1

De Portada nuevamente la Judicatura

junio 1, 2011

Fueron ocho los beneficiados, a quienes les faltaban entre seis meses y dos años para terminar su periodo

Consejeros ratificaron a jueces antes de tiempo

El acto es ilegal, afirma el presidente del Consejo de la Judicatura, que considera que constituye un “abuso de autoridad”, pues cuando entre en vigor ya habrá terminado el ciclo de quienes lo avalaron.
Sesión del Consejo de la Judicatura. La ratificación de los jueces se dio por mayoría de votos: tres a dos.

Sesión del Consejo de la Judicatura. La ratificación de los jueces se dio por mayoría de votos: tres a dos. Foto: Humberto Muñiz

Con el aval de tres de sus cinco miembros, el pleno del Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJEJ) aprobó de manera anticipada la ratificación de ocho jueces, pese a que a la mayoría de ellos les hace falta entre seis meses y dos años para el vencimiento de su cargo. El presidente de este organismo, Celso Rodríguez González señaló que la determinación es indebida y constituye el delito de abuso de autoridad.

“La ley habla de que a todo juez que va ingresando se le deben dar cuatro años para verificar cuál ha sido su desempeño durante esos cuatro años, cuál ha sido su conducta, su actitud, pero principalmente su desempeño como juez y saber realmente si merece o no que ahora se le ratifique y se le declare inamovible”, señaló al respecto de la decisión tomada en la sesión plenaria del pasado 25 de mayo.

El también presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado afirmó que es irregular que los consejeros Enrique Villanueva Gómez, Miguel Gutiérrez Barba y Gabriela de León Carrillo se hayan adelantado a ratificar a los jueces cuando aún no terminaba el proceso de evaluación. Sostuvo que con ello se violó el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en donde se estable que los jueces “durarán en el ejercicio de su cargo cuatro años, al vencimiento de los cuales podrán ser reelectos”.

También sostuvo que se quebrantó lo que establece en estos casos la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Para el magistrado lo más grave es que cuando entren en vigor las ratificaciones de los jueces, los actuales consejeros ya no ocuparán este cargo, lo cual implica un “abuso de autoridad”.

“No tendrán nombramiento para hacer valer una acción que corresponde exclusivamente a su calidad de consejero”, advirtió.

Precisó que a la consejera Gabriela de León Carrillo se le vence el puesto de consejero el 31 de agosto de este año, en tanto que a Luis Enrique Villanueva Gómez y Miguel Gutiérrez Barba se les vence el 30 de mayo de 2012.

“Vienen haciendo irregularidades que yo creo que son anomalías que trascienden a delitos a un abuso de autoridad. No sé cuál sea su sentir, tal vez porque son abogados consideran que no les va a pasar nada”.

Entre los jueces que fueron ratificados se encuentran: Alejandro Guevara Pedrosa (cuyo nombramiento vence el 9 de febrero de 2013); Sergio Manuel Jáuregui Gómez (nombramiento vence el 31 de marzo de 2012), Miguel Valenzuela González (nombramiento vence el 31 de marzo de 2012) e Ismael Hermosillo Casillas (nombramiento vence el 4 de febrero de 2012).

Además está el caso de los jueces José Vázquez Vitela y Fernando de Alba Paredes, a quienes les faltan seis meses para el vencimiento de su cargo y también fueron ratificados. En el mismo paquete también fueron revalidados los jueces Edgar Tello Arcos e Irma Larios Guzmán.

En la misma sesión del 25 de mayo, los consejeros Gabriela de León, Miguel Gutiérrez y Luis Enrique Villanueva rechazaron la propuesta de su compañera consejera María Cristina Castillo Gutiérrez, para efectuar cerca de quince nombramientos de personal para la Comisión de Contraloría y de la Dirección de Visitaduría; los puestos que se planteaban eran de jefe de sección, auditores, auxiliares judiciales y notificadores.

Celso Rodríguez sostuvo que lo grave de la negativa es que se paralizan las labores del consejo; aseguró que al parecer el rechazo a la propuesta es una “represalia” porque él y Cristina Castillo —en la sesión efectuada el 18 de mayo de 2011— se negaron a aprobar dos nombramientos: los de Marisol Gutiérrez Lamas, hija del consejero Miguel Gutiérrez Barba y de María Griselda de León Carrillo, quien es hermana de la consejera Gabriela de León Carrillo.

Esos nombramientos fueron rechazados con dos votos en contra y dos a favor, ya que un consejero en cada caso se tuvo que abstener por el parentesco que existe.

Lo que dice la ley

Constitución del Estado de Jalisco

Artículo 63.- Los jueces de primera instancia, menores y de paz, serán elegidos por el Consejo de la Judicatura, con base en los criterios, [….] que establezca esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial; durarán en el ejercicio de su cargo cuatro años, al vencimiento de los cuales podrán ser reelectos. Los jueces […] reelectos sólo podrán ser privados de su puesto en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias en materia de responsabilidad de los servidores públicos. […] Durante su ejercicio, los jueces sólo podrán ser removidos o cambiados de adscripción por acuerdo del Consejo de la Judicatura dictado en los términos que establezca la ley.

• En los casos de promoción, la inamovilidad en el nuevo empleo se adquirirá al transcurrir el plazo correspondiente a su ejercicio.

Ley Orgánica del Poder Judicial

Artículo 6.- Los jueces de primera instancia serán designados por el Pleno y durarán en el ejercicio de su cargo cuatro años.

• El plazo se computará a partir de la fecha en que rindan la protesta, el cual deberá ser de servicio efectivo y si a su vencimiento fueren ratificados, sólo podrán ser privados de su cargo en los términos del título octavo de la Constitución.

Guadalajara. Elizabeth Rivera Avelar

Enviar páginaVersión para impresiónDeliciousDiggFacebookGoogleBuzz!TwitterMeneame
h1

Editoriales de Carlos Mota… Voto de Calidad

mayo 3, 2011

El voto de calidad en la Suprema Corte

Cubículo Estratégico

Carlos Mota

Nunca como ahora el voto de calidad dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había cobrado tanta relevancia para un tema tan fundamental y con tanta trascendencia dentro de nuestro sistema económico.

Ayer, la Suprema, que tiene once miembros, decidió, por ocho votos a favor y dos en contra, eliminar la posibilidad de que el ministro Arturo Zaldívar sesionara y votara en relación con el famoso tema de la interconexión entre empresas celulares —ese espinoso tópico que se inserta dentro de la encarnizada guerra de las telecomunicaciones. Así, quedaron diez ministros disponibles para votar, a pesar de que una ministra también se quería excusar al afirmar que tiene como compadre a un alto ejecutivo de Telmex. Su excusa fue desechada y tuvo que sesionar.

El tema es que la interconexión y las tarifas que por ella se cobran las compañías celulares (es decir, lo que le cobra Telcel a Iusacell, por ejemplo, o viceversa), es un aspecto que suelen acordar las compañías entre ellas mismas. No obstante, cuando no logran ponerse de acuerdo, aparece la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para establecer, con sus propias metodologías, la tarifa de interconexión.

Como no se han podido poner de acuerdo las empresas del sector, y como la Cofetel ha intentado establecer estas tarifas, la escalada de amparos ha sido común y el tema llegó a la Corte, que sesionó ayer para determinar si los amparos que interponen las empresas y la intervención de la Cofetel son deseables en función de que está en el interés de la sociedad que se establezcan estas tarifas por decisión ejecutiva… o si no.

Pues bien, resulta que la votación de los ministros ha quedado empatada, por lo que cinco ministros se han pronunciado para que la interconexión sea considerada de interés entre particulares y otros cinco han votado para que se considere de interés público.

El voto de calidad lo tiene el presidente del tribunal, Juan Silva Meza, quien decidirá… Así, en manos de nuestra máxima autoridad judicial está saber si este es un tema entre particulares o uno público. Difícil imaginar la noche que ha pasado, pero interesante visualizar las implicaciones que tiene su decisión hacia el futuro.

motacarlos100@gmail.com

h1

Editoriales de Jaime Ramírez Yáñez

abril 20, 2011

No hay enemigos pequeños

Escáner

Jaime Ramírez Yáñez

Sin embargo el móvil de la petición ante el Poder Legislativo era claro. Los consejeros habían fallado en un mero trámite de procedimiento durante una sesión. Así de sencillo. Incluso, entre los corrillos judiciales se llegó a desestimar la solicitud y hasta se decía que les iban a dar para atrás al trámite.

Hay una conseja que sostiene que no hay un enemigo pequeño. En el caso del juicio político interpuesto por un abogado en contra de Consejero de la Judicatura es totalmente aplicable.

Cuando ingresó la solicitud a la oficialía de partes del Congreso local, más de alguno se preguntaba ¿quién pide este trámite? En el oficio aparecía el nombre de un litigante: o Garibay BenitPatiño.

Sobre este litigante poco se sabía, que era originario de Michoacán, que había sido candidato en 2006 a la presidencia municipal tonalteca por el Partido Convergencia, que había ocupado algún puesto jurídico en el ayuntamiento.

Sin embargo el móvil de la petición ante el Poder Legislativo era claro. Los consejeros habían fallado en un mero trámite de procedimiento durante una sesión. Así de sencillo. Incluso, entre los corrillos judiciales se llegó a desestimar la solicitud y hasta se decía que les iban a dar para atrás al trámite.

Uno de los aludidos, Luis Enrique Villanueva, afirmó sin documentos probatorios que Garibay Patiño había promovido el juicio político como un pago de favores hacia el magistrado Celso Rodríguez porque su hijo tenía una plaza en la dependencia. “Es una situación meramente amañada que confunde a la ciudadanía, que no hacen procedimientos limpios y que a fin de cuentas tengo la confianza de que esto no va a proceder”.

Pero sí procedió y el Congreso local tomó la decisión de iniciar el procedimiento en contra de los magistrados.

Los consejeros en uso de su derecho interpusieron una controversia constitucional en contra del Poder Legislativo de Jalisco y de la Comisión de Responsabilidades del mismo.

Este fue desechado de plano por la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, al ser considerado notoriamente improcedente.

Sin embargo Miguel Gutiérrez Barba, Luis Enrique Villanueva Gómez y Guadalupe de León Carrillo, volvieron a la carga y promovieron recurso de reclamación en contra del desechamiento dictado por la SCJN.

Para hacerlo, los consejeros aludieron ser los representantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Cualquier litigante sabe que quien encabeza ese poder es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien a su vez, también preside el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con lo que está asentado en los artículos 56 y 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Finalmente el pasado 16 de marzo de 2011, la SCJN llegó a una resolución sobre recurso de recurso de reclamación 7/2011-CA, derivado de la controversia constitucional 5/2011 la cual se transcribe del documento:

  • “En las relatadas condiciones, lo que procede es declarar infundada la presente reclamación y confirmar el acuerdo recurrido, dictado en los autos de la controversia constitucional 5/2011.
  • “Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
  • “Primero. Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.
  • “Segundo. Se confirma el acuerdo de catorce de enero de dos mil once, dictado en la controversia constitucional 5/2011.
  • “Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
  • “Así lo resolvió, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio Armando Valls Hernández, Luis María Aguilar Morales y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, presidente y ponente de esta segunda sala”. Hasta aquí el documento.

Al final lo firman el ministro presidente y ponente, Sergio Salvador Aguirre Anguiano; con el secretario de acuerdos de la segunda sala, Mario Eduardo Plata Álvarez, que autoriza y da fe.

Entonces, ¿también estos magistrados le deben favores a Celso Rodríguez? El caso es que no hay enemigo pequeño y esta historia seguramente va a seguir.

jramirezy@mexico.com

h1

De 5 años a 2 meses mediación IJA

abril 5, 2011

Justicia Alternativa, opción de libertad para 2 mil reos

La mediación es una opción con la que también se buscaría que 5 por ciento de los asuntos civiles no lleguen a los juzgados, lo que implicaría unos 16 mil casos al año.

Guadalajara.- Unos dos mil reos, de los más de 16 mil que hay en los diferentes reclusorios del estado de Jalisco, podrían obtener la libertad a través de la justicia alternativa. En su mayoría, se trata de personas que cometieron delitos menores y que no tienen dinero para una defensa adecuada o para reparar el daño.

La mediación es una opción con la que también se buscaría que 5 por ciento de los asuntos civiles no lleguen a los juzgados, lo que implicaría unos 16 mil casos al año.

El director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) en el estado, Rafael Castellanos, citó un ejemplo: un joven que robó un celular de un familiar, cuyo costo es de dos mil pesos; tiene varios meses en prisión y podría salir si se logra un acuerdo para que pague a plazos el daño que causó.

La mediación en Jalisco podría comenzar a funcionar en junio próximo. Rafael Castellanos fue nombrado como titular del organismo, que dependerá del Poder Judicial, el 28 de febrero pasado. En entrevista, explicó que les tocará resolver conflictos de asuntos civiles, familiares y penales, además que “dentro de la parte civil vamos a engarzar los contratos de prenda y de hipoteca, que siempre éstos son contratos que están unidos a un principal, que es hipotecario, por lo que también podremos incidir en materia mercantil”.

La ley que prevé la creación del Instituto de Justicia Alternativa fue aprobada desde diciembre de 2006 y se publicó en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 30 de enero de 2007; se suponía que debía entrar en vigor al año siguiente, lo que no sucedió.

Fue apenas hasta la actual Legislatura que se hicieron las últimas reformas y se nombró al titular.

Rafael Castellanos dijo que actualmente el juicio más rápido, es decir, un sumario, puede durar en promedio 38 meses, mientras que un ordinario tarda al menos cinco años. En cambio, a través de la mediación serían unos 60 días

Algunos ejemplos de asuntos que pueden resolverse por la vía de la mediación, explicó, son “en la parte civil, arrendamientos, permutas; en la parte familiar, alimentos, separación de personas, alimentos de personas incapaces y en la parte penal, los delitos que se llaman no graves como lesiones simples, robos que no sean por más de 29 mil pesos e incluso en otros de mayor cuantía se puede mediar para la reparación del daño”.

Agregó que en el caso de las mujeres que son abandonadas con hijos y que tienen dificultades para que el esposo cumpla con el pago de casa, vestido y sustento, los procesos son largos, especialmente cuando se trata de evadir la responsabilidad. “Hay esposas que tienen diez años persiguiendo a los maridos y no pueden lograr que cumplan con los hijos. Lo que haría el Instituto es buscar al esposo y empezar a argumentar el hecho de que si tiene diferendos irreconciliables con la esposa, que piensen en los hijos”.

Para Castellanos, la mediación permitirá transitar también hacia la justicia oral. Agregó que una vez que se instale formalmente el Instituto, se podrán gestionar recursos con organismos internacionales para difusión. Además, contar con estos mecanismos para la solución de conflictos eleva la calificación de Jalisco como estado democrático y permite dar mayor certeza para la inversión.

De las metas que se buscarían, informó que “ya tenemos un estudio en el sentido de que de los 16 mil reclusos que en este momento están en las 167 cárceles del estado, ya sean las federales, estatales o municipales, dos mil son este tipo de casos que se pueden solucionar. Sería un trabajo de dos años lograr que esos dos mil pudieran recuperar su libertad”.

Explicó que en México, el organismo que ha logrado un mayor avance en materia civil es el Instituto de Mediación de Guanajuato, a través del cual se ha logrado resolver 5 por ciento de los asuntos. Si se iguala esa actividad, señaló, “en Jalisco estaríamos hablando de 16 mil asuntos anuales”.

En cuanto a los costos de los procesos, consideró que los asuntos penales tendrán que atenderse con mediadores pagados por el estado, así como algunos civiles, como los juicios de pensión alimenticia, porque las mujeres no tienen para pagar.

En perspectiva

Justicia alternativa

Conciliación

Método a través del cual se facilitará la comunicación entre dos partes en un conflicto jurídico, proponiendo recomendaciones o sugerencias que ayuden a lograr un convenio que ponga fin al conflicto total o parcialmente.

Mediación

Método a través del cual un mediador, sin proponer soluciones, facilitará la comunicación entre dos partes, para que lleguen a un acuerdo en un conflicto jurídico.

Alcances

Pueden ser resueltos todos los conflictos civiles que puedan someterse a un convenio o transacción.

Pueden ser resueltos asuntos del orden penal, salvo delitos expresamente excluidos, entre los que están homicidio, secuestro, extorsión, parricidio, infanticidio, violación, asociación delictuosa, pornografía infantil, lenocinio, corrupción de menores, robo de infante, tráfico de menores, delitos electorales, fiscales y ecológicos, delincuencia organizada y tortura.

El IJA

El Instituto de Justicia Alternativa será un órgano del Poder Judicial, rector en materia de medios alternativos de justicia con autonomía técnica y administrativa.

Resoluciones

El convenio final validado se considerará sentencia ejecutoria.

Uno por uno

Propuestas de los partidos políticos para las direcciones del Instituto de Justicia Alternativa

PRI
José Herminio Jasso

PAN
Jorge García Domínguez
Humberto Anaya Pérez
Óscar Zúñiga

PRD
Leopoldo Partida Caballero
Amelia Solórzano Peña
Francisco Reynoso Jiménez

PVEM
No ha presentado propuestas.

Sonia Serrano Íñiguez
h1

Las instituciones al servicio de los partidos

abril 4, 2011

4 espacios por definir en el Inst. de Justicia Alternativa

Partidos se repartirán las direcciones en nuevo organismo

  • Enviar Nota Imprimir 2011-04-04•Ciudad y Región

El nombramiento del director del Instituto de Justicia Alternativa fue producto de un acuerdo entre los partidos políticos. La decisión de que el cargo lo ocupara Rafael Castellanos prácticamente se conoció desde antes de que saliera la convocatoria y, cuando ya estaba listo, se retrasó algunos días. Esto fue porque faltaba un segundo acuerdo político: el reparto de las direcciones.

El día previsto para la elección de Castellanos, las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), llegaron temprano al Recinto Legislativo. Aprovechando que el diputado del PVEM, Enrique Aubry era el presidente, decidieron suspender la sesión por falta de quórum. El fondo era que las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se habían repartido las direcciones y los habían dejado fuera.

Esta medida obligó a retomar las negociaciones y el acuerdo final fue que cada partido se quedará con una de las direcciones: medios alternos de resolución de conflictos; difusión y capacitación; administración y planeación, y una más de evaluación, certificación y acreditación. Además, el Instituto deberá tener una estructura con ocho subdirecciones, personal secretarial y unos quince mediadores.

El Instituto no tiene todavía sede, personal ni presupuesto. En cuanto al lugar en que se ubicará, la primera opción es uno de los edificios de juzgados, una vez que se dé el traslado de éstos a la Ciudad Judicial, en Zapopan. Sobre el presupuesto, aún no se define si lo entregará directamente la Secretaría de Finanzas o si se hará a través del Poder Judicial.

Guadalajara • Sonia Serrano Íñiguez

  • Enviar páginaVersión para impresiónDeliciousDiggFacebookGoogleBuzz!TwitterMeneame
h1

Jubilaciones de Magistrados

marzo 21, 2011

Poder Judicial dice que su jubilación no permitiría “vivir con dignidad”

Todos los magistrados pelean por retiro dorado

En controversia, olvidan mencionar que pensión es de 100% de su sueldo.
  • 2011-03-21•Ciudad y Región
Celso Rodríguez. La controversia la presentó el presidente del STJE.

Celso Rodríguez. La controversia la presentó el presidente del STJE. Foto: Tonatiuh Figueroa

Para el Poder Judicial, los términos en los que fue aprobado el haber de retiro para los magistrados no permitirá a los juzgadores y sus dependientes “vivir con dignidad” al concluir “la encomienda jurisdiccional”. Ese es el principal argumento para la controversia constitucional que promovió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez González. Sin embargo, no mencionan que a través del Instituto de Pensiones recibirán 100 por ciento de su salario cuando se jubilen.

Esta acción legal se suma a la que ya emprendieron tres magistrados que alcanzaron la edad de retiro y que interpusieron una demanda de amparo, para pedir que se les jubile en las mismas condiciones que a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir, con 100 por ciento de su salario durante los primeros dos años posteriores a dejar el cargo, y 80 por ciento en los años subsecuentes. Les fue negada la suspensión provisional y la definitiva (Público Milenio, 11 de marzo de 2011).

En la controversia constitucional interpuesta por el Poder Judicial, todo el tiempo se habla de la necesidad de garantizar “el derecho a descansar” de los magistrados, por lo que la pensión vitalicia que solicitan implicaría pasar los próximos años cobrando el equivalente al doble de su sueldo, es decir, unos 280 mil pesos mensuales.

La controversia fue presentada en contra del Congreso del Estado, por la aprobación del decreto 23470/LIX/10, que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que se refiere a los artículos del 241 al 150, sobre el título “Del haber por retiro de los funcionarios del Poder Judicial”, aprobado el 23 de diciembre del año pasado.

También señala al Ejecutivo del estado, por la publicación del decreto en el periódico oficial El Estado de Jalisco, el 8 de enero pasado.

En esa reforma, se estableció que al cumplir los 70 años de edad, los magistrados deberán dejar el cargo y recibirán un haber de retiro equivalente a seis meses de su salario y doce días de sueldo por cada año de trabajo. Esto es, un solo pago independiente a su pensión.

En los argumentos presentados por Celso Rodríguez, la reforma no es adecuada, porque los funcionarios judiciales se retiran después de los 65 años (cuando sea voluntario), “cuando ya alcanzaron el derecho a descansar y a no tener que preocuparse por la subsistencia de ellos y de sus dependientes”.

Insiste que las condiciones establecidas por los diputados, no les permitirían “gozar con los suyos de una vida decorosa y digna, acorde a la jerarquía de la tarea que desempeñaron durante muchos años”.

A través de la controversia, el Poder Judicial pide que se ordene la expedición de un nuevo decreto.

Guadalajara • Sonia Serrano Íñiguez

  • Enviar páginaVersión para impresiónDeliciousDiggFacebookGoogleBuzz!TwitterMeneame