Archive for the ‘Prensa Milenio’ Category

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CONSTITUCIONES Y FEDERALISMO

abril 16, 2016

JJ CovarrubiasDueñaPor José de Jesús Covarrubias Dueñas

El establecimiento del Federalismo en México ha sido una tarea que lleva más de dos siglos de luchas por su establecimiento y que todavía no hemos logrado establecer porque los poderes de hecho y de derecho siguen concentrando poder como el monstruo del Leviatán que devora todo.

Así, desde 1823, en Jalisco, se proclamó El Pacto Federal de Anáhuac, signado por el excelso Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla el 28 de julio de 1823.

Después, se elaboró el Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana, el 16 de mayo de 1823 y estando presente el Soberano Congreso Constituyente, en sesión extraordinaria del 12 de junio de 1823, se votó por la forma de República Federada, para establecer las bases electorales para elegir al nuevo Congreso el día 17 de junio de 1823.

Dicho Congreso y una vez instalado, formuló el Acta Constitutiva y Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En dicha Acta Constitutiva, se estableció en su artículo quinto, que la Nación adopta para su gobierno la forma de República, representativa popular y federal, fórmula que de alguna manera, llega hasta nuestros días. En la primera Constitución Federal de México, de 1824, en su artículo cuarto, se replicó la misma fórmula que se expresó dentro del artículo quinto del Acta Constitutiva.

Con dichas bases el genio jurídico más brillante en México del Siglo XIX, Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, elaboró el Acta Constitutiva y de Reformas, mismo que presentó el 5 de abril de 1847 y se aprobó el 18 de mayo de 1847; en su preámbulo, el ilustrísimo Otero, señaló la necesidad de adoptar, de nueva cuenta el modelo federal, sus argumentos jurídicos e torno a dicho sistema los planteó en el Ensayo sobre la verdadera cuestión que se agita en la República Mexicana y en la obra ¿Qué es una Constitución, las cuales fueron publicadas en el año de 1842, entonces, el genio Otero, contaba con 25 años y muchas de sus ideas, se adoptaron en la Constitución de la República Mexicana de 1857, también de extirpe liberal (Cfr. Covarrubias Dueñas, José de Jesús: Mariano Otero Mestas, aportaciones jurídicas e históricas, editado en dos tomos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2014).

Durante los años de 1853 y 1855, se publicaron convocatorias para elegir a Congresos Constituyentes que restauraran el régimen federal y una vez electo, el 15 de mayo de 1856, pronunciaron el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, que en su artículo 45, establecía que era voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, representativa democrática y federativa; integrada por estados libres y soberanos, unidos en torno a la Federación, conforme a la Norma Rectora o Ley Fundamental, en todo lo relativo a los intereses comunes.

Así, el 5 de febrero de 1857, se proclamó la Constitución Federal de la República Mexicana, con la premisa de que los derechos del hombre, son la base y el objeto de las instituciones sociales. Además, expresó que la soberanía nacional es del pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio; por ello, el pueblo tiene, siempre, el derecho de alterar o cambiar su forma de Gobierno; entonces, la soberanía se ejerce a través de los poderes formales de la Federación y de los entes federados conforme a la Norma Rectora o Constitución, artículo 39,40 y 41 de la Ley Fundamental de 1857 y que permanece en la vigente del 5 de febrero de 1917 (Cfr. Covarrubias Dueñas, José de Jesús: Enciclopedia Política de Jalisco, tomo IV, editada por la Benemérita Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, 2010).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pronunciada el 5 de febrero de 1917, se integró con nueve títulos, diez capítulos, cuatro secciones y 136 artículos. Como se expresó, se siguió con la fórmula planteada por el Acta Constitutiva de 1824,1847 y 1857; así, en los actuales artículos 39,40 y 41, se sigue la República, representativa, democrática, laica y federal (Cfr. Covarrubias Dueñas, José de Jesús: Dos Siglos de Constitucionalismo en México, Porrúa, segunda edición, México, 2014.).

El artículo 40 se ha modificado en una ocasión, cuando se le agregó el término laico y el artículo 41, cuenta con ocho reformas; con lo cual, la idea desde el Siglo XIX en cuanto a la República Federal, sigue firme, vigente y que ahora, de manera afortunada, nadie cuestiona el Federalismo en México, lo que sí debemos repensar es cómo descentralizar las enormes áreas metropolitanas del Distrito Federal (Ciudad de México), Guadalajara y Monterrey, porque seguimos teniendo una cultura centralista que debemos cambiar por nuestra salud, la de la República y del Planeta.

La República democrática, fue una forma de gobierno que se oponía a los tiranos, monarcas y demás personas que abusaron del poder, que concentraron en sus personas y familias, fuerzas exorbitantes de las cuales abusaron, como ahora se sigue haciendo a través del capitalismo y de quienes detentan el poder del dinero, que se sientes los amos del universo, están enfermos; pero lo peor es que son depredadores y concentran a gente en las grandes urbes para que impere la ley de la oferta y demanda de mano de obra barata, el capitalismo necesita de gente miserable, pobre, para obtener mayores ganancias o plusvalía; por ello, dicho modelo de explotación debe ser modificado y una buena estrategia es el federalismo planeado a largo plazo, que quede claro que el planeta no es propiedad de nadie, que es de interés general el cuidado de los seres vivos y del planeta para aspirar a un bienestar general y justicia planetaria.

Bienvenidos a la dimensión de ICONO

2016

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¿Y el Poder Judicial cuándo empieza?

marzo 15, 2013

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Columna RADAR Jaime Barrera RguezRADAR Jaime Barrera Rodríguez

Bien que mal, en las nuevas administraciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, los temas de transparencia, austeridad y combate a la corrupción, empiezan a estar presentes en la agenda, en el discurso, y en algunas incipientes acciones.

En el Poder Judicial nada se oye de estos temas.

Por ejemplo, a cuatro meses y medio de iniciada la Legislatura LX, aunque se está lejos de cumplir las promesas de cambio y de limpieza en el Congreso del Estado, que prometieron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PMC y PRD, ayer se tuvo un pequeño pero importante avance: la licitación pública y transparente de las compras del Poder Legislativo.

Es una de las muchas promesas que hicieron, y que al menos ya cumplieron con un ahorro claro para el Congreso tan sólo en el caso de la contratación de seguros médicos, por los que pagaron poco más de un millón de pesos, cuando la pasada Legislatura los compró a más del doble.

También pese a todas las presiones internas, siguen conteniendo las nuevas contrataciones ya que aunque van alrededor de 100, son mucho menos que las que a estas alturas llevaban los diputados que les antecedieron. Lo que siguen sin saber cómo resolver es el asunto de los aviadores, pero prometen hacerlo a la brevedad. Veremos.

En el caso del Poder Ejecutivo, en la segunda semana de gobierno, el nuevo contralor, Juan José Bañuelos Guardado, ha prometido cumplir con la instrucción de su jefe el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, de “cero tolerancia a la corrupción”.

A esto se suma que antier, el propio mandatario estatal anunció 10 medidas inmediatas de austeridad, entre las que destaca el retiro y venta de 500 vehículos que estaban en manos de funcionarios estatales cuya función no lo justificaba. Contempla también la cancelación de todas las líneas de telefonía celular y de radiocomunicación, excepto en las áreas de seguridad, así como la suspensión de la contratación de seguros de gastos médicos.

Con estas medidas el gobierno estatal pretende un ahorro de 600 millones de pesos anuales. Cabe recordar además que en el Congreso hay una iniciativa del PMC, para que en municipios y en el Estado, así como en todos los poderes se aplique un programa de austeridad con el que se podrían ahorrar dos mil millones de pesos, para destinarlos a inversión social y productiva.

Ajeno a esta dinámica de rendición de cuentas parece estar el Poder Judicial, que desde el 1 de diciembre está en manos de Luis Carlos Vega Pámanes, y quien no ha dado color, ni noticia alguna de qué acciones realizarán para sacar al Supremo Tribunal de Justicia de la opacidad.

Por eso la pregunta es: ¿el Poder Judicial cuándo empieza?

Twitter: @jbarrera4

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La catástrofe administrativa de Celso

septiembre 20, 2012

Gabriel Torres Espinoza

2012-09-20 • ACENTOS

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) le finca un crédito al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco por 109 millones de pesos. El Consejo de la Judicatura lo preside Celso Rodríguez González y por esto gana 45 mil pesos (a nivel federal este cargo es honorífico). Además es presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), donde gana otros 155 mil pesos. Ante la crisis administrativa busca el apoyo del gobernador para un aumento presupuestal que le permita cubrir la evasión fiscal en que incurrió el responsable de impartir justicia. El pecadillo de Celso les costará a los jueces y empleados más de 47 millones de pesos, que de no concederles el aumento solicitado al Ejecutivo, irían directamente contra sus ingresos. Estos adeudos se arrastran por al menos siete años de no retener correctamente los impuestos a los jueces y empleados de la Judicatura.

La omisiones tributarias de Celso Rodríguez afectan a mil 700 empleados. A confesión de parte, relevo de pruebas. El 11 de septiembre pasado el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) envió un oficio al Congreso del Estado en donde confiesa que: “Es inevitable realizar de inmediato el descuento a todos los trabajadores al servicio del Consejo de la Judicatura, dado que si no se cumple con esta medida se harán efectivos los créditos originales por omisión de retención, por lo menos de los últimos cinco años, lo que representaría el riesgo de que el Servicio de Administración Tributaria iniciara el procedimiento coactivo de cobro a cada uno de los servidores públicos de este Órgano de Gobierno generando un evidente descontento social que podría salirse de control”. Es decir, Celso se encuentra en flagrancia con respecto a las obligaciones fiscales del Poder Judicial.

En el comunicado enviado al Congreso del Estado se admite que tiene un adeudo de 109 millones de pesos con el SAT, no obstante, convinieron con éste pagar 47 millones 895 mil 346 pesos, mismos que ahora pide Celso que los aporte el gobernador de nuestros impuestos. El desastre en el manejo financiero del STJEJ pretende ser resuelto con más dinero público para un poder que no atiende lo dispuesto en la Ley de Transparencia. Un presidente que construyó una “Ciudad Judicial” con las más absurdas inconsistencias, costos y asignaciones opacas. Según la ley de obra pública constituye una irregularidad recibir inconclusa la obra de la Ciudad Judicial, como finalmente la recibió Celso.

Como premio a todas estas irregularidades, Celso recibió un Fiat de notario público, aún cuando por estar en funciones lo prohíbe la Ley del Notariado. Los absurdos son tales que el mismo gobernador, que ha apoyado a Rodríguez González incondicionalmente, calificó como “absurda” la solicitud de ampliación presupuestal derivada de la omisión de impuestos al SAT.

La circunstancia se agrava más debido a que ayer el Tribunal de los Administrativo emitió una suspensión para dejar sin efectos las decisiones que se tomaron en la sesión plenaria del 29 de julio, donde a propuesta de Celso nombraron irregularmente a 40 funcionarios del Consejo de la Judicatura, con sólo tres de cinco votos y no con los cuatro de cinco que exige la ley. Verdaderamente patético que un abogado que representa al Poder Judicial deba ser reconvenido por otro Tribunal por violentar la propia norma, además de no pagar los impuestos que por ley le corresponden.

Enredado en un pleito interno con consejeros de la judicatura, Celso a promovido controversias y amparos para retardar los nombramientos hechos por el Congreso del Estado y la operación de la administración del Consejo de la Judicatura que él mismo preside. Este órgano no sesionaba completo (los cinco) desde el 26 de septiembre del 2011, cuando Rodríguez González impugnó los nombramientos realizados por el Congreso, en un intento por retardar y paralizar lo que él mismo debería vigilar que funcionara adecuadamente. Son ya siete años de presidir el STJEJ mediante amparos, controversias, suspensiones y con el manejo catastrófico de la administración del Poder Judicial de Jalisco.

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Primer Centro de Mediación Penal

septiembre 4, 2012

De los 16 mil internos que hay en los reclusorios del complejo penitenciario en Puente Grande, dos mil podrían salir por la conciliación.

Guadalajara • Se inauguró el primer Centro de Mediación Penal, localizado en el área de juzgados del Reclusorio Preventivo de Puente Grande. El director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), Rafael Castellanos, dijo que con esta oficina se podrán resolver mediante la conciliación delitos penales menores, como homicidios culposos, choques y robos de pequeñas denominaciones, buscando la reparación del daño a las víctimas.

El acto de apertura del Centro de Mediación Penal se realizó ayer con la presencia del procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos y del director del IJA, Rafael Castellanos, quien dio a conocer que de los 16 mil casos de internos que están en los reclusorios de Puente Grande, dos mil se podrían ver beneficiados con los métodos de disolución de conflictos.

“La sociedad quiere que cuando se detiene a una persona, se le regresen sus cosas en lo inmediato. Ellos ya no quieren tener problemas, algunos dicen ‘me robaron una bicicleta, que me la regresen y ya con eso, no quiero saber nada de procesos ni hacer el peregrinar de las víctimas”, explicó a su vez el procurador de Justicia.

Coronado Olmos expuso que con este tipo de mediación sin llegar a los juzgados y con los juicios orales –aún pendientes de dictaminar en el Congreso del Estado-, se hará un cambio total en el sistema de justicia.

“A nosotros como Procuraduría nos interesa mucho que los asuntos se solucionen en el Instituto de Justicia Alternativa antes de llegar a la integración de la averiguación previa. Como consecuencia, los jueces entre menos trabajo tengan perfeccionarán las sentencias que tienen”, subrayó el funcionario estatal.

El director del IJA detalló que los casos que pueden conciliarse incluyen delitos relacionados con la violencia intrafamiliar, robos de baja denominación, lesiones simples, estupro, abigeato (robo de ganado), falsificación de sellos y broqueles, fraudes y choques.

Aclaró que los casos de choques vinculados al consumo de alcohol y drogas, son considerados como delito grave y por ello no pueden resolverse por la vía del acuerdo. “Queremos evitarle a la gente a venir a firmar cada ocho o cada quince días, que es más una pérdida de tiempo que algo que reditúe en la solución del problema”, dijo.

Durante el acto, el IJA también firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría Social, representada por su titular, Beatriz Martínez Sánchez. Ambas entidades compartirán una oficina en la zona de los juzgados penales de Puente Grande y realizarán programas de capacitación para gente de la Procuraduría Social.

Claves

Para qué sirve el Centro de Mediación

► ¿Que es el Centro de Mediación Penal?

Brinda el servicio de medios alternos de solución de conflictos fuera de las oficinas del Instituto de Justicia Alternativa. Este programa está en servicio en los juzgados penales de Lagos de Moreno, Autlán, Colotlán, Zacoalco de Torres y Puerto Vallarta, así como en el área de juzgados penales del reclusorio de Puente Grande.

El Centro de Mediación estará fijo y será atendido de lunes a viernes, con un horario de las 9:00 am a las 15:00 horas.

► ¿Cuál es su finalidad?

Dar el servicio a los casos más urgentes que soliciten los Juzgados Penales del Núcleo Penitenciario y las propias autoridades de los Reclusorios, así como orientar y proporcionar información al público en general sobre la prestación del servicio por parte del Instituto, la Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría Social y los Centros Públicos y Privados acreditados ante el IJA.

► Los delitos que pueden conciliarse

El Centro de Mediación puede resolver delitos como homicidios culposos, choques, casos de violencia intrafamiliar y robos de bajas denominaciones. Se busca que el autor del delito repare el daño a las víctimas.

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Ejecutivo entregó la Ciudad Judicial

febrero 2, 2012

Se ahorrarán 2 mdp mensuales en renta, que gastarán en el inmueble

Ejecutivo entregó la Ciudad Judicial

Se pueden mudar ya 18 juzgados; falta completar la mudanza de 14 más.

Ciudad Judicial. El presupuesto inicial fue de 325 millones de pesos: van 620 y faltan 300 para segunda etapa.

Ciudad Judicial. El presupuesto inicial fue de 325 millones de pesos: van 620 y faltan 300 para segunda etapa. Foto: Tonatiuh Figueroa

Este miércoles, el gobierno del estado entregó la Ciudad Judicial, que a partir de hoy estará a cargo del Poder Judicial. Se trata de la primera etapa que estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, con 60 mil metros cuadrados de construcción y en la que se invirtieron 620 millones de pesos por parte del gobierno estatal.

El gobernador del estado, Emilio González Márquez, indicó que aunque no está el edifico completo, era urgente entregarlo; el secretario general de Gobierno, Víctor Manuel González, señaló que falta por concluir un segundo bloque con el que contarán con 120 mil metros cuadrados en la Ciudad Judicial. En este momento poco más de la mitad de los juzgados podría trasladarse, y el gobernador señaló que la mitad de los espacios para juzgados que faltan representan 10 por ciento de la obra, ya que no se trata de construcción sino de adecuaciones como divisiones.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, detalló que los primeros 18 juzgados ya podrían comenzar a trasladarse. Quedarán pendientes instalaciones para los catorce juzgados faltantes, que estarían listas en tres semanas: “Se cambiarán posiblemente la siguiente semana o la que siga, será un acuerdo del Consejo de la Judicatura; y en dos meses podríamos estar ya todos los juzgados aquí”. Además, deberán estar los archivos del Primer Partido Judicial y del Supremo Tribunal de Justicia y faltarían por llegar las salas, el Consejo de la Judicatura y la escuela judicial.

Añadió que todavía les faltan 300 millones de pesos para concluir la segunda etapa: “El gobernador está dispuesto a apoyarnos”. Agregó que ya tienen depositados 100 millones que usarán para concluir la primera etapa y comenzar la que está pendiente: “De esos 100 millones que ya están disponibles, 27 millones de pesos se usarán para pagar remanentes pendientes”. Aunque usarán una parte para adquirir mobiliario, el Ejecutivo les proporcionará dinero para muebles y cinco millones más serían para voz y datos y aire acondicionado del auditorio.

Los 200 millones de pesos que faltan los buscarán en diferentes instancias y el gobierno los apoyará a conseguirlos. Con el traslado, ahorrarán dos millones de pesos mensuales de renta que usarán para invertir en la nueva Ciudad Judicial.

Guadalajara. Montserrat Mauleón Lee

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Exteriores de Ciudad Judicial de Jalisco Febrero 2 de 2012

Ciudad Judicial de Jalisco FOTO Alvaro López

Patio Central de Ciudad Judicial de Jalisco

El Presidente del STJE Celso Rodríguez presentando un Juzgado Modelo

Visitantes, abogados y personalidades presentes

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Poder Judicial quiere que le cedan C.Judicial

noviembre 19, 2011

Poder Judicial quiere que le cedan el proyecto de la que será su sede. Piden la obra de Ciudad Judicial

Los trabajos están “semiparalizados”; 18 de 33 juzgados ya están terminados.

Enviar Nota  Imprimir  2011-11-19•Ciudad y Región
El proyecto tiene un avance de 85 por ciento, según el titular del STJ.

El proyecto tiene un avance de 85 por ciento, según el titular del STJ. Foto: Tonatiuh Figueroa

Debido a que la obra está “semiparalizada”, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez González, informó que ya pidieron al gobernador, Emilio González Márquez, que les ceda la administración de los trabajos de la Ciudad Judicial, a fin de concluirlos a la brevedad.

Entrevistado al concluir la sesión solemne en la que se celebró el 187 aniversario del STJE, el titular de ese poder dijo que en la Ciudad Judicial se gastaron ya 600 millones de pesos y se requieren otros 300 millones más para finalizar los trabajos de los edificios donde estarán en operación 33 juzgados: “La obra está semiparalizada por falta de recursos y estamos platicando con el Ejecutivo, a efecto de que le aporte recursos para que nos los entregue. El objetivo es terminarla ya, con una administración directa, tanto de los recursos como de los terminados de la Ciudad Judicial”.

Por lo pronto, de los 33 juzgados, 18 están ya terminados y lo más seguro es que en el mes de enero próximo se pueda comenzar el traslado del personal hacia el nuevo inmueble: “Esto tiene que ser rápido, porque recuerden que en un principio el proyecto era terminarlo entre 400 o 500 millones de pesos, pero como no se licitaron a tiempo las obras y se hicieron primero con 50 o 60 millones de pesos, los precios se fueron hacia arriba y no pudimos terminar la Ciudad Judicial”, según dijo.

Actualmente, la obra ubicada junto a Periférico Poniente, en las inmediaciones del estadio Omnilife, registra un avance de 85 por ciento. A los juzgados falta equiparlos y concluir los acabados, indicó el entrevistado.

Por otro lado, durante su intervención ante diputados locales, alcaldes, integrantes del Poder Judicial y del secretario de Gobierno, Fernando Guzmán, el magistrado presidente expresó que al Poder Judicial se le debe asignar 2 por ciento del total del presupuesto del estado, lo que equivale a 1,400 millones de pesos anuales, con lo que se garantizaría la autonomía de quienes imparten justicia en el estado.

“En Jalisco resulta de vital importancia la asignación de un presupuesto constitucional que garantice la autonomía del Poder Judicial y permita planificar sobre base cierta los gastos de financiamiento anual ordinario, la modernización tecnológica y el crecimiento de los órganos jurisdiccionales”, subrayó.

Además, señaló que los magistrados tendrían que ser nombrados por el propio Poder Judicial y no por el Congreso local.

Guadalajara • Elizabeth Rivera Avelar

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Señalan a titular de STJE por abuso de autoridad

octubre 12, 2011

Colegios de abogados dicen que presidente se excedió en sus facultades.

  • 2011-10-12•Ciudad y Región
Celso Rodríguez González.

Celso Rodríguez González. Foto: Tonatiuh Figueroa

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE), Celso Rodríguez González, pudo haber incurrido en abuso de autoridad al nombrar a Aurelio Núñez como magistrado, cuando se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo.

Lo anterior fue señalado por el presidente de la Federación de Barras y Colegios de Abogados en la entidad, Luis Octavio Cotero Bernal, quien ya presentó las denuncias correspondientes y ayer se reunió con diputados locales para exponerles este caso.

Aurelio Núñez fue nombrado magistrado en junio de 2009, junto con Leonel Sandoval, padre de Aristóteles Sandoval, alcalde de Guadalajara. Sin embargo, tras el amparo promovido por el juez Gabriel Rodríguez Rodríguez, se determinó en septiembre de ese año que se repusiera el procedimiento.

Los diputados acataron la resolución del Primer Tribunal Colegiado, pero volvieron a elegir a los dos magistrados.

Sin embargo, ya no había vacante para Aurelio Núñez, porque el magistrado a quien sustituiría, Bonifacio Padilla González, ganó un juicio para su reinstalación.

La vacante se generó cuando el magistrado Gregorio Rodríguez, quien era uno de los cuatro integrantes del STJE que llegaron a la edad de jubilación, aceptó el haber de retiro aprobado por los legisladores y dejó el cargo. Entonces, Celso Rodríguez decidió darle su puesto a Aurelio Núñez.

Tras la reunión celebrada ayer con el abogado Cotero Bernal, el presidente de la Comisión de Justicia del estado, Luis Armando Córdova Díaz, dijo que podrían citar a comparecer tanto a Celso Rodríguez como a Aurelio Núñez.

Luis Octavio Cotero explicó que Aurelio Núñez podría incurrir en usurpación de funciones, por lo que algunas de las acciones que ha emprendido, tanto administrativas como al ejercer la magistratura, podrían estar viciadas de origen, causando afectación a los ciudadanos.

Guadalajara. Sonia Serrano Íñiguez

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Suman ocho amparos contra nombramiento de magistrados

octubre 11, 2011

Acciones promovidas por jueces se suman a las de los poderes Judicial y Ejecutivo.

A las controversias constitucionales presentadas por los poderes Ejecutivo y Judicial en contra de los nombramientos que hizo el Congreso del Estado de siete magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y de cuatro consejeros de la Judicatura, se sumaron ocho amparos promovidos por jueces locales.

Lo anterior será informado a los coordinadores parlamentarios al elaborarse un corte de las acciones legales que se derivaron de los nombramientos que hizo el Poder Legislativo el 23 de agosto pasado.

De los juicios de garantías promovidos, tres son en contra del nombramiento de los tres magistrados que sustituirían a los que ya están en edad de retiro; tres más por la designación de cuatro magistrados con los que se pretende ampliar el STJE, y dos en contra de ambos acuerdos. Casi todos fueron promovidos por jueces locales.

Según el informe que se entregará a quienes conforman la Junta de Coordinación Política, en ninguno de los amparos se concedió la suspensión. Ya el Congreso rindió su informe

Acerca de las controversias constitucionales, ya se contestaron las demandas en lo que se refiere a las interpuestas por el nombramiento de los siete magistrados.

En cada una de las dos controversias, hay cinco recursos, cuatro de ellos interpuestos por el Congreso del Estado: un incidente de nulidad que fue desechado por las notificaciones y que luego fue reclamado, así como un recurso de reclamación en contra de la admisión de la demanda y otro contra la suspensión, y uno por los promoventes, en estos casos, por la violación a la suspensión.

En lo que se refiere a las controversias interpuestas por el Poder Judicial, una corresponde al nombramiento de un consejero juez y otra por la designación de tres consejeros ciudadanos, todos de la Judicatura.

En el primero de los casos, el término para contestar la demanda vence el 14 de noviembre; mientras en el segundo, el 7 del mismo mes. En estos casos, el Congreso ha presentado dos recursos de reclamación, contra la admisión de la demanda y contra la suspensión que le fue concedida en ambos al Poder Judicial.

Guadalajara • Sonia Serrano Íñiguez

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Sin controles, la justicia en Jalisco

septiembre 24, 2011

Leyenda negra, alimentada de verdades y acrecentada por malos litigantes

La Procuraduría aprehende sin investigar; los abogados piden “para mordidas” con cualquier pretexto; los jueces son opacos en la rendición de sus cuentas, advierte barra de abogados.

  • 2011-09-24•El Tema
La relación del MP con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no es la adecuada, afirma presidente de barra de abogados.

La relación del MP con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no es la adecuada, afirma presidente de barra de abogados. Foto: Humberto Muñiz

El nudo de la desconfianza de los ciudadanos en la prevención, procuración y administración de la justicia pasa por los problemas de control de estas profesiones: desde abogados hasta jueces necesitan instancias que los puedan vigilar, califiquen su actuación ética y en su caso, los sancionen con todas las de la ley, advierte Jorge Rafael Alarcón Álvarez, presidente de la Barra Jalisciense de Abogados Ignacio L. Vallarta.

El profesional del derecho señala que la fama pública de este sector de la sociedad está mezclada de datos reales con exageraciones y mentiras que a veces propalan los propios abogados, por ejemplo, “muchos dicen que hay que sacar dinero para darle al juez, se meten a su despacho, aseguran que se lo dieron, pero el juez no recibió nada y ellos manejan esa idea con los clientes, que no pueden pensar sino que la justicia está al mejor postor”.

Es un “problema de una estructura fallida, sobre todo en la procuración de justicia […],todos vemos que a las personas las agarran con las cámaras, que las filman y todo, y no pasa nada, las dejan ir; los fracasos de la PGR han sido de antología, lo de Hank, lo del michoacanazo”; esa inconsistencia en el trabajo del Ministerio Público deriva de que las procuradurías “están muy centralizadas, el agente del MP ha dejado de ser el abogado del pueblo […], están concentrados en la Calle 14 [de Guadalajara], que es una fortaleza en la zona industrial; la gente tiene dificultades hasta para el acceso, y para presentar una denuncia es un trámite terrible”, señala en entrevista con MILENIO JALISCO.

El agente del MP “ha dejado de ser el abogado del pueblo”.

El agente del MP “ha dejado de ser el abogado del pueblo”. Foto: Milenio

El agente del MP es hoy “un burócrata, el ejercicio de su facultad de investigador es prácticamente nulo; se limita a citar personas, a recibir denuncias, y cuando no van, ‘pues tráiganmelo’; la policía ministerial es hoy una policía aprehensora, son buenos para aprehender pero no hay investigación”; la relación con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tampoco es la adecuada, entonces, la ciencia no ayuda a fortalecer las averiguaciones. La consecuencia es que dejan a los jueces sin armas para mantener en la cárcel a un delincuente.

Cambio de naturaleza

“Los procesos de averiguación previa parecen ya más procesos civiles o laborales, porque es el abogado el que va y lleva todo; luego, se limita mucho al MP respecto a la información, debería tener acceso a todos los movimientos bancarios para investigar, desde luego con la autorización de un juez, la policía debería tener facultades de investigación e inclusive la policía estatal, no solo la policía ministerial, de tal manera que se entrecruzaran para integrar mejores averiguaciones”.

Jorge Rafael Alarcón (izq) presidente de la Barra Jalisciense de Abogados.

Jorge Rafael Alarcón (izq) presidente de la Barra Jalisciense de Abogados. Foto: Milenio

En el caso de las policías preventivas, al ser municipales están desarticuladas y debería regresarse a esquemas de coordinación, además de la urgencia de recuperar la moral de los cuerpos policiales con mejores sueldos y una sólida reputación que haga al policía sentir aprobación social y hacer carrera en ese difícil servicio público.

Los fracasos

Del fracaso en la prevención y la procuración de justicia, “la consecuencia es lo que estamos viendo diariamente: estuvo tres meses en la cárcel pero luego salió, y volvió a delinquir; en donde sí hacen carrera es en el mundo criminal, ahí sí hay carrera, tienen sueldos y los protegen, yo creo que ahorita el crimen organizado tiene una mejor estructura que la policía”, añade sin ironía.

Además hay 30 elementos de la Policía en  proceso de investigación.

Además hay 30 elementos de la Policía en proceso de investigación. Foto: Humberto Muñiz

—Entre la gente existe la impresión de que la impartición de justicia está al mejor postor…

—Hay muchos casos, no siempre documentados; el abogado le dice al cliente, ‘necesito darle tanto al juez’, y entra al despacho del juez y según el ya se lo dio y el juez nunca se enteró; hay más casos de esos, hay que cuidarse de los abogados también […] yo confío más en los jueces que en los MP por una sencilla razón: son de carrera, y un juez después de que es reelecto ya es definitivo, es inamovible; eso les da una ventaja […]”.

Sin embargo, “ el problema más grande que se ha presentado para la independencia de los jueces es que el Consejo de la Judicatura los cambia muy fácilmente, porque no hay un reglamento para la permanencia o cambio de los jueces, sino que se hace a voluntad y se encierra el consejo y pone a temblar a todos los jueces porque a las tres de la tarde les puede llegar un oficio de que se presenten en Colotlán, en Vallarta, en Cihuatlán, a las nueve de la mañana del día siguiente, entonces no hay respeto.

No obstante, la corrupción existe; “para mi, ni jueces ni magistrados deberían tener derecho al secreto bancario, y los exámenes de confianza deberían de aplicarse ahí también, entre ellos, esa es la manera de tenerlos mas controlados, para que sea transparente su vida, pero no para el acceso publico, sino ante los organismos de control y para la policía, bajo otros mecanismos”.

Los litigantes también deberían ser calificados y sancionados. “En muchas partes del mundo existen los comités de honor y justicia; el cliente va y se queja, y se investiga, hay que legislar, hay abogados suficientes, mas allá de toda sospecha, como para integrar esos comités, que vigilen el ejercicio de la profesión”.

Guadalajara • Agustín del Castillo

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Celso Rodríguez promovió controversia…

septiembre 15, 2011

Celso Rodríguez promovió controversia por nombramiento de consejeros. Corte ordena realizar plenos en Judicatura

SCJN resolvió sobre suspensión que dio el TAE, que deberá fundarla o desecharla.
Celso Rodríguez González.

Celso Rodríguez González. Foto: Tonatiuh Figueroa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos resoluciones más en el caso de los recientes nombramientos de funcionarios del Poder Judicial. El primero es por la controversia constitucional que interpuso este martes el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez González, en contra del nombramiento de tres consejeros ciudadanos de la Judicatura.

La otra resolución de la Corte es por una queja, interpuesta también por Celso Rodríguez, en contra de la suspensión que concedió el Tribunal de lo Administrativo en el Estado (TAE), para que el Consejo de la Judicatura no sesione hasta que se nombre al representante de los jueces ante esa instancia. La SCJN ordena que se eche abajo la resolución o se rinda un informe fundándola.

En la resolución de la Corte sobre los consejeros ciudadanos, la controversia interpuesta por Rodríguez es en el mismo sentido que la que presentó por el nombramiento del representante de los jueces ante ese órgano del Poder Judicial. Según el presidente del STJE, la convocatoria que emitieron los diputados para elegir a tres consejeros ciudadanos no es legal, pues no se habían generado las vacantes. Los nombramientos de los tres consejeros ciudadanos de la Judicatura vencen hasta 2012.

De esta forma, ya todos los nombramientos que hicieron el 23 de agosto pasado los diputados locales, de funcionarios del Poder Judicial, se encuentran en tribunales.

En el caso de esta controversia, que quedó bajo el número 92/2011, la Corte concedió una suspensión para que los nuevos consejeros no puedan asumir su cargo hasta que se desahogue la misma.

En cuanto a la queja contra la suspensión del TAE, forma parte de las actuaciones de la controversia constitucional que ya había promovido Celso Rodríguez, para impedir que Jaime Gómez, quien fue electo por los diputados como representante de los jueces, asumiera el cargo. Según el presidente del STJE, la convocatoria que emitieron los diputados surgió antes de que se generara la vacante, por lo que la Corte determinó que no asumiera. Lo anterior dejó al Consejo de la Judicatura con sólo cuatro integrantes, ya que el nombramiento de la ex representante de los jueces, Gabriela Carrillo, venció el 31 de agosto. Esto dejaba en ventaja a Celso Rodríguez, quien ha perdido prácticamente todas las votaciones de los últimos meses al interior del órgano.

Sin representante de los jueces, las votaciones en la Judicatura quedarían empatadas, pues Celso Rodríguez tiene el respaldo de la consejera María Cristina Castillo, mientras que del otro lado estarían Luis Enrique Villanueva y Miguel Gutiérrez. En este caso, el voto de calidad lo tendría Celso Rodríguez.

Ante esta situación, Villanueva y Gutiérrez no asistieron a dos plenos, por lo que no se alcanzó el quórum. Luego, el día que se celebraría el tercero, la Judicatura fue notificada de la suspensión del TAE, tras la demanda de nulidad que interpuso el presidente de la Asociación de Jueces, Jesús Vázquez.

En perspectiva

Panorama

Demandas por nombramientos

• Tres magistrados que suplirán a aquellos en edad de retiro.
La Suprema Corte concedió una suspensión por la controversia interpuesta por el Poder Judicial. Al no ser acatada, el Poder Judicial promovió una queja.

• Cuatro magistrados para la ampliación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
La SCJN concedió una suspensión por la controversia interpuesta por el Poder Ejecutivo. Al no ser acatada, éste promovió una queja.

• Un consejero de la Judicatura, representante de los jueces.
La SCJN concedió suspensión por la controversia interpuesta por el Poder Judicial. El Tribunal de lo Administrativo ordenó que no sesione el pleno. La Corte determinó que esta última resolución se eche abajo o se funde.

• Tres consejeros ciudadanos de la Judicatura.
El Poder Judicial presentó una controversia constitucional, que fue admitida. Se concedió la suspensión.

Guadalajara. Sonia Serrano Íñiguez

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