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La independencia judicial y la división de poderes

noviembre 14, 2011

La independencia judicial es uno de los presupuestos esenciales para el funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de una garantía instaurada para impedir injerencias de los otros poderes en la resolución de litigios sometidos a su conocimiento.

En ese sentido, la independencia es un factor condicionante del Estado de Derecho.

El fundamento que sustenta la independencia judicial es el principio de la división de poderes.

Esto es, la definición de un ámbito propio de actuación de cada uno de ellos que los otros no pueden invadir, aunque esto no excluye la cooperación y la dependencia reciprocas de los poderes.

Los orígenes de este principio son remotos, aunque se estructuró formalmente hasta el siglo XVII. En la antigüedad autores como Heródoto, Platón y Aristóteles propusieron formas mixtas de gobierno, en las que se hallaban mezcladas la monarquía y la democracia.

Fue hasta la época moderna cuando la filosofía política recomendó que el poder del Estado se dividiera para impedir el abuso de su ejercicio.

En sus tratados sobre el gobierno civil, John Locke propuso la creación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Federativo, en la inteligencia que los dos últimos se hallarían unidos casi siempre.

Esta aportación, fue el embrión de la doctrina de Montesquieu, adoptado en estos tiempos por numerosos estados del mundo.

Montequieu abogó por depositar el gobierno del Estado en los poderes que actualmente se conocen: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pretendía que el poder frenara al poder, es decir, que cada uno de ellos sirviera de contrapeso para los otros dos, a fin de evitar la reunión del gobierno en un solo individuo o en una sola corporación.

Comprobó que todo hombre que tiene poder siente naturalmente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. Por ello, este principio, se popularizó a tal grado que muchos países, a partir de entonces,  lo incorporaron a sus Constituciones.

La división de poderes, se adicionó al derecho mexicano desde la Constitución de Apatzingán en 1814, desde entonces el principio figuró en todos los documentos constitucionales posteriores a la independencia, aunque con cambios en estructura y funciones de los diversos órganos, según la época y forma de gobierno. En el caso del Poder Judicial, se ha robustecido poco a poco, al contar con nuevas facultades y garantías judiciales que se han introducido en el panorama constitucional con diversos procesos nuevos y renovados, destinados a la protección integral de la Constitución.

Sin embargo, aún quedan temas pendientes por atender como la asignación de un presupuesto fijo previsto por la propia Constitución para evitar una sujeción inadecuada ante los otros dos Poderes; la apertura legal para propiciar la participación del Poder Judicial en la designación de sus propios integrantes y la necesidad de adecuar las leyes estatales a las reformas federales recientes.

Hoy más que nunca, debe tenerse especial atención a las necesidades del Poder Judicial a nivel nacional, el país requiere de tribunales sólidos, integrados por los mejores especialistas del derecho, con oficinas dignas en donde las necesidades mínimas estén no solamente satisfechas, sino que la más alta tecnología esté al servicio de los servidores públicos que la integran y de los justiciables.

La independencia plasmada en el principio de la división de poderes, radica en el aseguramiento del pleno respeto a su autonomía. No podemos entenderlo de otra manera.

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