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Se vislumbra Legislación para regular pugnas

junio 2, 2011

Ante pugnas, Congreso hará cambios en Judicatura

Hay un convenio para resolver el conflicto que se vive en este órgano del Poder Judicial, pero no se ha podido firmar, dice presidente de Comisión de Justicia del Legislativo, que adelanta que se reformarán facultades y mecanismo de nombramiento.

Sesión del Consejo de la Judicatura del 25 de mayo, donde se ratificaron 8 jueces, presuntamente de forma ilegal.

Guadalajara.- Ante la imposibilidad de lograr acuerdos entre los dos grupos que mantienen enfrentado al Consejo de la Judicatura, el Poder Legislativo buscará reformar las facultades que tiene el organismo y el mecanismo de nombramiento de los consejeros, señaló el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Luis Armando Córdova Díaz.

El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) descartó la desaparición de ese órgano del Poder Judicial, la cual había sido propuesta por el gobernador Emilio González Márquez, quien respalda al grupo de Celso Rodríguez González, presidente del Poder Judicial.

Entrevistado sobre la reciente ratificación de jueces por parte de uno de los grupos de consejeros, la cual fue calificada como ilegal por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (Público Milenio, 1 de junio de 2011), el legislador dijo que se elaboró un convenio para conseguir un equilibrio en la toma de decisiones al interior de la Judicatura, pero “no se ha podido firmar”.

Debido a esa situación, Córdova Díaz dijo que “se está planteando realizar una reforma, ante la incapacidad que hay para llegar a acuerdos”.

El diputado priista agregó que esperan que la firma del convenio y la iniciativa estén listos antes de que se empiece a renovar el Consejo de la Judicatura, pues recordó que en el mes de agosto tendrá que darse el primer cambio, al vencerse el nombramiento de Gabriela de León Carrillo, quien es la representante de los jueces de primera instancia.

Córdova Díaz admitió que es un riesgo que se sigan tomando decisiones como la ratificación o las registradas con anterioridad, con los cambios de adscripción o de materia de jueces, pero consideró que en este momento el Congreso del Estado no puede intervenir, porque incurriría en invasión de poderes.

Afirmó que durante unos ocho meses él intento resolver el conflicto interno en el Poder Judicial, “pero es difícil”, porque hay distintos actores políticos involucrados.

El Consejo de la Judicatura fue creado con la reforma política que se aprobó en 1997, con la intención de quitar la carga administrativa al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y separar la primera de la segunda instancia.

Niega acusaciones

Entrevistado al respecto de las acusaciones acerca de la ilegalidad de la ratificación de ocho jueces que otorgó el Consejo de la Judicatura el pasado 25 de mayo, uno de los consejeros de este organismo, Miguel Gutiérrez Barba, aseguró que fue legal y en el tiempo que correspondía.

Ante lo señalado por Celso Rodríguez, de que se anticiparon hasta en dos años en el aval ya que a los servidores públicos aún les faltan entre seis meses y dos años para el vencimiento de su cargo, afirmó que a la fecha de la sesión en la que se efectuaron las validaciones —25 de mayo— los juzgadores ya tenían derecho a ser ratificados, pues dijo que el periodo de cuatro años que deben transcurrir para ser ratificados en el puesto corre a partir de la primera vez que fueron nombrados jueces.

“El cómputo para ratificar a un juez es desde el primer día que él fungió como tal, como juez, hasta el último día aunque haya sido interrumpido parcialmente. De los jueces de la lista, todos ellos tuvieron nombramiento incluso algunos antes de los cuatro años de su ratificación que fue ahora”.

Miguel Gutiérrez argumentó que el periodo de prueba que debe pasar para evaluar a los jueces comienza desde la primera vez en que hayan sido nombrados como tales, aunque hayan existido interrupciones debido a que estuvieran cubriendo una vacante temporal que esté acéfala por alguna licencia solicitada o por el cese de algún juez.

Como ejemplo, explicó que a Alejandro Guevara Pedroza se le otorgó su primer nombramiento como juez estatal en enero de 2007 y después tuvo nombramientos en otros cargos judiciales.

Afirmó que el criterio utilizado por tres de los cinco consejeros que validaron las ratificaciones tiene el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “No es una cosa que nosotros manejáramos, es una orden federal que tenemos nosotros en varios amparos que nos han ganado jueces cuando nosotros les decíamos es que tu computo es tal y nos decía el juez federal, no, le empieza a contar con el criterio que optamos en esta ocasión”.

Este diario buscó a los consejeros Gabriela de León Carrillo y Luis Enrique Villanueva Gómez para conocer su postura sobre el tema, pero éstos no respondieron a la petición de entrevista.

Por su parte, Celso Rodríguez y la consejera María Cristina Castillo Gutiérrez, ayer reiteraron que la determinación de sus compañeros fue ilegal y no descartaron la posibilidad de interponer una denuncia penal en contra de éstos, ya que consideran que se cometió el delito de abuso de autoridad y que se extralimitaron en sus atribuciones.

“Estamos analizando si los jueces terceros perjudicados no hacen lo propio, a lo mejor nosotros lo podríamos hacer, tenemos que denunciar porque si no seríamos cómplices de las conductas; estamos valorando eso porque lo que no queremos es que se politice más esto, queremos un trabajo digno, seguro y eficiente a la sociedad”, señaló.

Ayer a las 12:00 horas estaba programada que se efectuara una sesión del pleno del consejo pero está no se llevó a cabo. El consejero Miguel Barba afirmó que él y la consejera Gabriela de León Carrillo llegaron puntuales y como el presidente del consejo no llegó a tiempo a las 12:15 se retiraron del salón. Por su parte Celso Rodríguez acompañado de la consejera María Cristina Castillo asentó la falta de realización de la sesión por la ausencia del resto de los consejeros; en tanto que el consejero, Luis Enrique Villanueva Gómez presentó una constancia medica con la cual justificó su inasistencia por motivos de salud.

Sonia Serrano Íñiguez/Elizabeth Rivera Avelar

One comment

  1. Piden a Congreso no meter mano en la Judicatura
    Presidente del Poder Judicial exige respeto y colegios de abogados aplicar ley.

    Vie, 03/06/2011 – 05:14

    José Antonio Pérez Juárez. Foto: Cortesía
    Guadalajara.- El presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco (CJEJ), Celso Rodríguez González y seis agrupaciones de colegios de abogados del estado, reprobaron el planteamiento efectuado por el diputado presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Luis Armando Córdova Díaz, quien señaló que el Poder Legislativo intervendrá para terminar con el conflicto que existe en el organismo auxiliar del Poder Judicial.

    Luego de que el legislador del PRI declaró que se elaboró un convenio para conseguir un equilibrio en la toma de decisiones al interior de la Judicatura —que no se ha podido firmar— y que se está planteando realizar una reforma mejorar el funcionamiento del órgano del Poder Judicial ante la incapacidad que hay para llegar a acuerdos (Público Milenio, 2 de junio de 2011), la postura recibió el rechazó tajante de Celso Rodríguez y los representantes de las agrupaciones de abogados.

    Celso Rodríguez señaló a este diario que el Legislativo no puede intervenir en el Judicial, puesto que son poderes autónomos e independientes.

    Por su parte, José Antonio Pérez Juárez, coordinador general del Colegio de Abogados de Jalisco y presidente del Consejo Estatal de la Abogacía, afirmó que las declaraciones del legislador tricolor son “irresponsables” y demuestran” ignorancia jurídica”. Añadió que “la ley no se negocia, sólo se aplica y no caben consensos ni negociaciones”.

    El representante de los juristas aseveró que el problema del Consejo de la Judicatura no es un conflicto entre consejeros, sino de legalidad porque se ha violado la ley.

    A su vez, Celso Rodríguez sostuvo que la única manera en que el Congreso puede ayudar a la Judicatura es seleccionando a alguien probado para relevar a la consejera Gabriela de León.

    Pérez Juárez fue designado por 22 colegios como coordinador en el seguimiento al juicio político contra los consejeros de la Judicatura y otras acciones legales contra los consejeros Luis Enrique Villanueva Gómez, Miguel Gutiérrez Barba, Gabriela de León Carrillo y María Cristina Castillo Gutiérrez.

    Informó que el pasado jueves 26 de mayo acudió a la Secretaría de Gobernación y comités nacionales de los partidos políticos PRI, PAN y PRD para denunciar al diputado coordinador de la fracción del PAN en el Congreso local, José María Martínez Martínez, de negociar los juicios políticos que se solicitaron en contra de los consejeros afines al legislador.

    Con crédito concluirían obra

    Si el Congreso del Estado no autoriza la contratación del crédito por 5,612 millones de pesos que está solicitando el gobierno del estado, no se terminará la primera etapa de la Ciudad Judicial, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas, Martín Mendoza López.

    Reconoció que no están garantizados los recursos para concluir la parte final de la obra: “Sí faltan recursos adicionales por eso estamos solicitando un crédito para continuar con otras obras que nos está demandando la sociedad”.

    —¿Si los diputados no aprueban el crédito no se terminaría Ciudad Judicial?

    —De dónde les daríamos más dinero.

    Martín Mendoza rechazó que las obras para el Poder Judicial estén detenidas e informó que en este momento se están ejerciendo aproximadamente 48 millones de pesos de remanentes.

    El funcionario estatal rechazó que al proyecto de edificación se le hayan retirado 150 millones de pesos que ya estaban asignados a la construcción de la Ciudad Judicial, como lo señaló el presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez.

    Elizabeth Rivera Avelar



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