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Don Celso… víctima de WIKILEAKS

diciembre 14, 2010

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  1. Quiere ser presidente perpetuo…
    Gloria Reza M.

    Encarrilados en un juicio político por el Congreso local, los cuatro integrantes del Consejo de la Judicatura del estado señalan que el promotor del procedimiento –el vicepresidente del Colegio de Abogados, Benito Garibay– tiene cercanía con Celso Rodríguez, el presidente del Poder Judicial que ya cumplió su periodo de dos años, se reeligió por uno más y pretende ir por el tercero, con el apoyo del mandatario Emilio González y del secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán.

    El presidente del Supremo Tribunal del Poder Judicial (STPJ) del estado, Celso Rodríguez González, ocupa el cargo desde hace cinco años, dos de ellos de su segundo periodo, pues mediante un amparo logró evitar que lo destituyeran; sin embargo, pretende reelegirse por segunda vez para encabezar el organismo por otros dos años.

    Luis Enrique Villanueva Gómez, integrante del Consejo de la Judicatura de Jalisco, atribuye esa intención del magistrado a que “así le interesa al gobernador, Emilio González Márquez, y a su secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, para tener el control (del Poder Judicial) de una u otra forma”.

    Considera que “todos los cargos públicos son temporales. Estoy convencido de que las instituciones son las que debemos fortalecer y son las que prevalecen. En este caso el magistrado presidente, producto de una elección, de una reelección, después de un amparo, ya tiene cinco años al frente del Poder Judicial y su intención es continuar por dos años más, lo que de entrada sentaría un precedente histórico. Ningún presidente ha durado siete años”.

    Esto, señala, implica un retroceso legal, porque antes de las reformas constitucionales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la designación del presidente del STPJ era por seis años, el mismo periodo que los gobernadores, y se modificó la norma para que el nombramiento tuviera duración de sólo un año, luego de tres y finalmente quedó en dos.

    La elección del nuevo presidente del STPJ se realizará el próximo miércoles 15, último día hábil del año para esa instancia. De los 35 magistrados del pleno del tribunal, ocho están interesados en competir por la presidencia, entre ellos Juan José Rodríguez López y Javier Humberto Orendáin Camacho, quienes también participaron en la elección de 2008 y obtuvieron 12 y tres votos, respectivamente.

    Los otros aspirantes actuales son Antonio Fierros Ramírez, Raúl Acosta Cordero, Guillermo Valdez Angulo –quien ya presidió el STPJ de 1995 a 2001–, Miguel Ángel Estrada Nava, Ernesto Chavoya Cervantes y Federico Hernández Corona.

    Un dato relevante es que el decano del tribunal, Gregorio Rodríguez Gutiérrez –quien se desempeñó como magistrado de la sexta sala–, se jubiló el 1 de octubre pasado, pero su situación no ha sido notificada oficialmente al pleno, sólo se dice que está enfermo. Los rivales de Celso Rodríguez afirman que éste no ha presentado el tema porque quiere usar su voto para asegurar su reelección.

    En el oficio 1262/10, fechado el 30 de septiembre pasado –del que Proceso Jalisco tiene copia, pero que desconoce el pleno del STPJ–, el director de prestaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Manuel Bautista Navarro, le informó a Celso Rodríguez:

    “Por acuerdo del Consejo Directivo y para los efectos legales de los artículos 25, 28, 39, 40, 41 y 43 de la derogada Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, me permito anexar relación de los trabajadores adscritos a la dependencia que usted dignamente representa y que fueron pensionados en la sesión celebrada en el mes de septiembre de 2010 y empezarán a recibir sus pagos en esta Institución a partir del 1º de octubre de 2010.”

    Entre los pensionados se menciona al magistrado Rodríguez Gutiérrez, a un notificador y a un auxiliar judicial.

    Contra los consejeros

    Desde hace más de dos años, Celso Rodríguez se disputa el control del STPJ con los consejeros Miguel Gutiérrez Barba y Gabriela de León Carrillo. El 4 de junio de 2008, la segunda acusó a Rodríguez de falsificar un acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura para obtener un amparo que le permitiera perpetuarse como titular del organismo.

    En esa ocasión, la consejera fue respaldada por Gutiérrez Barba (Proceso Jalisco 187); con el tiempo se les sumaron también los consejeros Luis Enrique Villanueva y María Cristina Castillo Gutiérrez.

    El 13 de octubre de 2009, con la terminante oposición de Celso Rodríguez, los cuatro consejeros aprobaron una reforma al reglamento interno del tribunal, por lo que Benito Garibay Patiño –vicepresidente del Colegio de Abogados, cercano a Rodríguez– promovió un juicio político contra ellos.

    El abogado alegó que los consejeros se excedieron en sus funciones al modificar el reglamento, pues se requería la mayoría calificada. Según Garibay, esto se lograría sólo con cinco votos. Sin embargo, ese es justamente el número de consejeros, por lo que una votación de cinco sería unanimidad, no mayoría calificada.

    En este contexto, cobra relevancia el hecho de que un hijo de Benito Garibay, Alberto Garibay Santelises, trabaja como auxiliar del presidente del STPJ.

    Según el oficio 518/2010 de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas del organismo judicial –del cual tiene copia este semanario–, el magistrado presidente aprobó que se le otorgara a Alberto Garibay, de 23 años, una plaza de confianza con sueldo de 10 mil 88 pesos y horario de 9 a 15 horas, del 1 de marzo al 31 de agosto de 2010, “en sustitución de Georgina Cervantes Sarabia, quien causa baja”. Y el pasado 11 de agosto se le renovó el contrato hasta el 28 de febrero de 2011.

    El consejero Luis Enrique Villanueva considera que el juicio político interpuesto contra él y sus compañeros del Consejo de la Judicatura obedece a una alianza de Celso Rodríguez con el secretario general de Gobierno del estado, Fernando Guzmán, a la vez que una cortina de humo para que el magistrado presidente pueda reelegirse.

    “Al no tener un Consejo de la Judicatura a modo y dado que no lo pudieron desaparecer, ahora pretenden desaparecer a los consejeros a través de un juicio político carente de todo fundamento –añade–. Al no tener el control o la mayoría en el Consejo de la Judicatura y que el consejero presidente no puede sacar los temas que le convienen o le interesan, se da ese enfrentamiento…

    “Primero él pretendía tener el control de la Comisión de Administración mediante una persona afín a él, pero es la que presido yo. En la comisión se manejan todos los temas, tanto presupuestales, de plazas en los diversos espacios que hay dentro del consejo, y no tener el control le genera molestia.”

    Los consejeros afectados consideran, dice Villanueva, que “bajo esa tesitura el reglamento fue aprobado con cuatro votos, por lo cual jurídicamente sí se encuentra apegado a la ley dicho acuerdo plenario al tener una votación de mayoría calificada”.

    Explica que el juicio político es improcedente “porque no causa ningún menoscabo en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, pues el reglamento interno que se aprobó a la fecha se encuentra pendiente de resolver en el Tribunal de lo Administrativo (TAE)”.

    Además, dice, a Garibay Patiño “no le crea ninguna afectación la aprobación del Reglamento interno, que tiene por objeto regular la organización del cuerpo colegiado, del cual el peticionario no forma parte como servidor público (…), máxime que el fin primordial del juicio político son los actos y omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los interés públicos fundamentales o por las conductas ilícitas cometidas por los mismos, supuestos en que no se encuentran previstos los hoy denunciados”.

    Por eso, advierte, al aprobar los diputados la procedencia del juicio político “pueden tener responsabilidad al emitir una resolución basada en un artículo que no existe”.

    Puntualiza que el dictamen aprobado por la Comisión de Responsabilidades sobre dicho juicio político es ilegal, ya que no se emitió dentro del “término estipulado en el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades, que establece un término fatal de 45 días hábiles contados a partir de que le sea turnada la denuncia”.

    Y “suponiendo que se hubiera hecho uso del término máximo que marca la ley (otros 45 días hábiles contados a partir del día siguiente de que haya expirado el plazo inicial) para emitir el dictamen, estamos hablando de 90 días hábiles contados a partir de que se turne la denuncia, y si la misma fue turnada desde la pasada Legislatura, a finales del año 2009, es evidente que el término transcurrió en demasía”.

    Villanueva comenta que, con base en ello, están considerando solicitar un amparo, entablar una controversia constitucional e incluso acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    Tras rendir su último informe de actividades, ante la prensa local, Celso Rodríguez negó que pretenda desaparecer el Consejo de la Judicatura y que él haya impulsado el juicio político contra los consejeros.

    El lunes 6, Víctor Peña Briseño –representante legal de los consejeros Villanueva, Gutiérrez y De León– entregó a la Oficialía de Partes del Congreso local la contestación formal de los enjuiciados. Su defensa se basa “en que, de acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se establece para este tipo de decisiones una mayoría calificada, pero no se establece de cuánto es la mayoría. Como constitucionalmente el Consejo de la Judicatura se conforma de cinco consejeros, por tanto la mayoría calificada es de cuatro”.

    A decir de Peña Briseño, se presentó también una relación cronológica de las reformas a la mencionada Ley Orgánica para acreditar que Garibay y la Comisión de Responsabilidades cometieron un grave error. La citada comisión tiene 20 días para el desahogo de las pruebas. l



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