Ejecutivo entregó la Ciudad Judicial

Se ahorrarán 2 mdp mensuales en renta, que gastarán en el inmueble

Ejecutivo entregó la Ciudad Judicial

Se pueden mudar ya 18 juzgados; falta completar la mudanza de 14 más.

Ciudad Judicial. El presupuesto inicial fue de 325 millones de pesos: van 620 y faltan 300 para segunda etapa. Foto: Tonatiuh Figueroa

Este miércoles, el gobierno del estado entregó la Ciudad Judicial, que a partir de hoy estará a cargo del Poder Judicial. Se trata de la primera etapa que estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, con 60 mil metros cuadrados de construcción y en la que se invirtieron 620 millones de pesos por parte del gobierno estatal.

El gobernador del estado, Emilio González Márquez, indicó que aunque no está el edifico completo, era urgente entregarlo; el secretario general de Gobierno, Víctor Manuel González, señaló que falta por concluir un segundo bloque con el que contarán con 120 mil metros cuadrados en la Ciudad Judicial. En este momento poco más de la mitad de los juzgados podría trasladarse, y el gobernador señaló que la mitad de los espacios para juzgados que faltan representan 10 por ciento de la obra, ya que no se trata de construcción sino de adecuaciones como divisiones.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, detalló que los primeros 18 juzgados ya podrían comenzar a trasladarse. Quedarán pendientes instalaciones para los catorce juzgados faltantes, que estarían listas en tres semanas: “Se cambiarán posiblemente la siguiente semana o la que siga, será un acuerdo del Consejo de la Judicatura; y en dos meses podríamos estar ya todos los juzgados aquí”. Además, deberán estar los archivos del Primer Partido Judicial y del Supremo Tribunal de Justicia y faltarían por llegar las salas, el Consejo de la Judicatura y la escuela judicial.

Añadió que todavía les faltan 300 millones de pesos para concluir la segunda etapa: “El gobernador está dispuesto a apoyarnos”. Agregó que ya tienen depositados 100 millones que usarán para concluir la primera etapa y comenzar la que está pendiente: “De esos 100 millones que ya están disponibles, 27 millones de pesos se usarán para pagar remanentes pendientes”. Aunque usarán una parte para adquirir mobiliario, el Ejecutivo les proporcionará dinero para muebles y cinco millones más serían para voz y datos y aire acondicionado del auditorio.

Los 200 millones de pesos que faltan los buscarán en diferentes instancias y el gobierno los apoyará a conseguirlos. Con el traslado, ahorrarán dos millones de pesos mensuales de renta que usarán para invertir en la nueva Ciudad Judicial.

Guadalajara. Montserrat Mauleón Lee

Exteriores de Ciudad Judicial de Jalisco Febrero 2 de 2012

Ciudad Judicial de Jalisco FOTO Alvaro López

Patio Central de Ciudad Judicial de Jalisco

El Presidente del STJE Celso Rodríguez presentando un Juzgado Modelo

Visitantes, abogados y personalidades presentes

Poder Judicial quiere que le cedan C.Judicial

Poder Judicial quiere que le cedan el proyecto de la que será su sede. Piden la obra de Ciudad Judicial

Los trabajos están “semiparalizados”; 18 de 33 juzgados ya están terminados.

    2011-11-19•Ciudad y Región

El proyecto tiene un avance de 85 por ciento, según el titular del STJ. Foto: Tonatiuh Figueroa

Debido a que la obra está “semiparalizada”, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez González, informó que ya pidieron al gobernador, Emilio González Márquez, que les ceda la administración de los trabajos de la Ciudad Judicial, a fin de concluirlos a la brevedad.

Entrevistado al concluir la sesión solemne en la que se celebró el 187 aniversario del STJE, el titular de ese poder dijo que en la Ciudad Judicial se gastaron ya 600 millones de pesos y se requieren otros 300 millones más para finalizar los trabajos de los edificios donde estarán en operación 33 juzgados: “La obra está semiparalizada por falta de recursos y estamos platicando con el Ejecutivo, a efecto de que le aporte recursos para que nos los entregue. El objetivo es terminarla ya, con una administración directa, tanto de los recursos como de los terminados de la Ciudad Judicial”.

Por lo pronto, de los 33 juzgados, 18 están ya terminados y lo más seguro es que en el mes de enero próximo se pueda comenzar el traslado del personal hacia el nuevo inmueble: “Esto tiene que ser rápido, porque recuerden que en un principio el proyecto era terminarlo entre 400 o 500 millones de pesos, pero como no se licitaron a tiempo las obras y se hicieron primero con 50 o 60 millones de pesos, los precios se fueron hacia arriba y no pudimos terminar la Ciudad Judicial”, según dijo.

Actualmente, la obra ubicada junto a Periférico Poniente, en las inmediaciones del estadio Omnilife, registra un avance de 85 por ciento. A los juzgados falta equiparlos y concluir los acabados, indicó el entrevistado.

Por otro lado, durante su intervención ante diputados locales, alcaldes, integrantes del Poder Judicial y del secretario de Gobierno, Fernando Guzmán, el magistrado presidente expresó que al Poder Judicial se le debe asignar 2 por ciento del total del presupuesto del estado, lo que equivale a 1,400 millones de pesos anuales, con lo que se garantizaría la autonomía de quienes imparten justicia en el estado.

“En Jalisco resulta de vital importancia la asignación de un presupuesto constitucional que garantice la autonomía del Poder Judicial y permita planificar sobre base cierta los gastos de financiamiento anual ordinario, la modernización tecnológica y el crecimiento de los órganos jurisdiccionales”, subrayó.

Además, señaló que los magistrados tendrían que ser nombrados por el propio Poder Judicial y no por el Congreso local.

Guadalajara • Elizabeth Rivera Avelar

Señalan a titular de STJE por abuso de autoridad

Colegios de abogados dicen que presidente se excedió en sus facultades.

• 2011-10-12•Ciudad y Región

Celso Rodríguez González. Foto: Tonatiuh Figueroa

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE), Celso Rodríguez González, pudo haber incurrido en abuso de autoridad al nombrar a Aurelio Núñez como magistrado, cuando se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo.

Lo anterior fue señalado por el presidente de la Federación de Barras y Colegios de Abogados en la entidad, Luis Octavio Cotero Bernal, quien ya presentó las denuncias correspondientes y ayer se reunió con diputados locales para exponerles este caso.

Aurelio Núñez fue nombrado magistrado en junio de 2009, junto con Leonel Sandoval, padre de Aristóteles Sandoval, alcalde de Guadalajara. Sin embargo, tras el amparo promovido por el juez Gabriel Rodríguez Rodríguez, se determinó en septiembre de ese año que se repusiera el procedimiento.

Los diputados acataron la resolución del Primer Tribunal Colegiado, pero volvieron a elegir a los dos magistrados.

Sin embargo, ya no había vacante para Aurelio Núñez, porque el magistrado a quien sustituiría, Bonifacio Padilla González, ganó un juicio para su reinstalación.

La vacante se generó cuando el magistrado Gregorio Rodríguez, quien era uno de los cuatro integrantes del STJE que llegaron a la edad de jubilación, aceptó el haber de retiro aprobado por los legisladores y dejó el cargo. Entonces, Celso Rodríguez decidió darle su puesto a Aurelio Núñez.

Tras la reunión celebrada ayer con el abogado Cotero Bernal, el presidente de la Comisión de Justicia del estado, Luis Armando Córdova Díaz, dijo que podrían citar a comparecer tanto a Celso Rodríguez como a Aurelio Núñez.

Luis Octavio Cotero explicó que Aurelio Núñez podría incurrir en usurpación de funciones, por lo que algunas de las acciones que ha emprendido, tanto administrativas como al ejercer la magistratura, podrían estar viciadas de origen, causando afectación a los ciudadanos.

Guadalajara. Sonia Serrano Íñiguez

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Suman ocho amparos contra nombramiento de magistrados

Acciones promovidas por jueces se suman a las de los poderes Judicial y Ejecutivo.

Foto: MilenioSESIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL. AUMENTAN LAS CONTROVERSIAS.

A las controversias constitucionales presentadas por los poderes Ejecutivo y Judicial en contra de los nombramientos que hizo el Congreso del Estado de siete magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y de cuatro consejeros de la Judicatura, se sumaron ocho amparos promovidos por jueces locales.

Lo anterior será informado a los coordinadores parlamentarios al elaborarse un corte de las acciones legales que se derivaron de los nombramientos que hizo el Poder Legislativo el 23 de agosto pasado.

De los juicios de garantías promovidos, tres son en contra del nombramiento de los tres magistrados que sustituirían a los que ya están en edad de retiro; tres más por la designación de cuatro magistrados con los que se pretende ampliar el STJE, y dos en contra de ambos acuerdos. Casi todos fueron promovidos por jueces locales.

Según el informe que se entregará a quienes conforman la Junta de Coordinación Política, en ninguno de los amparos se concedió la suspensión. Ya el Congreso rindió su informe

Acerca de las controversias constitucionales, ya se contestaron las demandas en lo que se refiere a las interpuestas por el nombramiento de los siete magistrados.

En cada una de las dos controversias, hay cinco recursos, cuatro de ellos interpuestos por el Congreso del Estado: un incidente de nulidad que fue desechado por las notificaciones y que luego fue reclamado, así como un recurso de reclamación en contra de la admisión de la demanda y otro contra la suspensión, y uno por los promoventes, en estos casos, por la violación a la suspensión.

En lo que se refiere a las controversias interpuestas por el Poder Judicial, una corresponde al nombramiento de un consejero juez y otra por la designación de tres consejeros ciudadanos, todos de la Judicatura.

En el primero de los casos, el término para contestar la demanda vence el 14 de noviembre; mientras en el segundo, el 7 del mismo mes. En estos casos, el Congreso ha presentado dos recursos de reclamación, contra la admisión de la demanda y contra la suspensión que le fue concedida en ambos al Poder Judicial.

Guadalajara • Sonia Serrano Íñiguez

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Sin controles, la justicia en Jalisco

Leyenda negra, alimentada de verdades y acrecentada por malos litigantes

La Procuraduría aprehende sin investigar; los abogados piden “para mordidas” con cualquier pretexto; los jueces son opacos en la rendición de sus cuentas, advierte barra de abogados.

• 2011-09-24•El Tema

La relación del MP con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no es la adecuada, afirma presidente de barra de abogados. Foto: Humberto Muñiz

El nudo de la desconfianza de los ciudadanos en la prevención, procuración y administración de la justicia pasa por los problemas de control de estas profesiones: desde abogados hasta jueces necesitan instancias que los puedan vigilar, califiquen su actuación ética y en su caso, los sancionen con todas las de la ley, advierte Jorge Rafael Alarcón Álvarez, presidente de la Barra Jalisciense de Abogados Ignacio L. Vallarta.

El profesional del derecho señala que la fama pública de este sector de la sociedad está mezclada de datos reales con exageraciones y mentiras que a veces propalan los propios abogados, por ejemplo, “muchos dicen que hay que sacar dinero para darle al juez, se meten a su despacho, aseguran que se lo dieron, pero el juez no recibió nada y ellos manejan esa idea con los clientes, que no pueden pensar sino que la justicia está al mejor postor”.

Es un “problema de una estructura fallida, sobre todo en la procuración de justicia [...],todos vemos que a las personas las agarran con las cámaras, que las filman y todo, y no pasa nada, las dejan ir; los fracasos de la PGR han sido de antología, lo de Hank, lo del michoacanazo”; esa inconsistencia en el trabajo del Ministerio Público deriva de que las procuradurías “están muy centralizadas, el agente del MP ha dejado de ser el abogado del pueblo [...], están concentrados en la Calle 14 [de Guadalajara], que es una fortaleza en la zona industrial; la gente tiene dificultades hasta para el acceso, y para presentar una denuncia es un trámite terrible”, señala en entrevista con MILENIO JALISCO.

El agente del MP “ha dejado de ser el abogado del pueblo”. Foto: Milenio

El agente del MP es hoy “un burócrata, el ejercicio de su facultad de investigador es prácticamente nulo; se limita a citar personas, a recibir denuncias, y cuando no van, ‘pues tráiganmelo’; la policía ministerial es hoy una policía aprehensora, son buenos para aprehender pero no hay investigación”; la relación con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tampoco es la adecuada, entonces, la ciencia no ayuda a fortalecer las averiguaciones. La consecuencia es que dejan a los jueces sin armas para mantener en la cárcel a un delincuente.

Cambio de naturaleza

“Los procesos de averiguación previa parecen ya más procesos civiles o laborales, porque es el abogado el que va y lleva todo; luego, se limita mucho al MP respecto a la información, debería tener acceso a todos los movimientos bancarios para investigar, desde luego con la autorización de un juez, la policía debería tener facultades de investigación e inclusive la policía estatal, no solo la policía ministerial, de tal manera que se entrecruzaran para integrar mejores averiguaciones”.

Jorge Rafael Alarcón (izq) presidente de la Barra Jalisciense de Abogados. Foto: Milenio

En el caso de las policías preventivas, al ser municipales están desarticuladas y debería regresarse a esquemas de coordinación, además de la urgencia de recuperar la moral de los cuerpos policiales con mejores sueldos y una sólida reputación que haga al policía sentir aprobación social y hacer carrera en ese difícil servicio público.

Los fracasos

Del fracaso en la prevención y la procuración de justicia, “la consecuencia es lo que estamos viendo diariamente: estuvo tres meses en la cárcel pero luego salió, y volvió a delinquir; en donde sí hacen carrera es en el mundo criminal, ahí sí hay carrera, tienen sueldos y los protegen, yo creo que ahorita el crimen organizado tiene una mejor estructura que la policía”, añade sin ironía.

Además hay 30 elementos de la Policía en proceso de investigación. Foto: Humberto Muñiz

—Entre la gente existe la impresión de que la impartición de justicia está al mejor postor…

—Hay muchos casos, no siempre documentados; el abogado le dice al cliente, ‘necesito darle tanto al juez’, y entra al despacho del juez y según el ya se lo dio y el juez nunca se enteró; hay más casos de esos, hay que cuidarse de los abogados también [...] yo confío más en los jueces que en los MP por una sencilla razón: son de carrera, y un juez después de que es reelecto ya es definitivo, es inamovible; eso les da una ventaja [...]”.

Sin embargo, “ el problema más grande que se ha presentado para la independencia de los jueces es que el Consejo de la Judicatura los cambia muy fácilmente, porque no hay un reglamento para la permanencia o cambio de los jueces, sino que se hace a voluntad y se encierra el consejo y pone a temblar a todos los jueces porque a las tres de la tarde les puede llegar un oficio de que se presenten en Colotlán, en Vallarta, en Cihuatlán, a las nueve de la mañana del día siguiente, entonces no hay respeto.

No obstante, la corrupción existe; “para mi, ni jueces ni magistrados deberían tener derecho al secreto bancario, y los exámenes de confianza deberían de aplicarse ahí también, entre ellos, esa es la manera de tenerlos mas controlados, para que sea transparente su vida, pero no para el acceso publico, sino ante los organismos de control y para la policía, bajo otros mecanismos”.

Los litigantes también deberían ser calificados y sancionados. “En muchas partes del mundo existen los comités de honor y justicia; el cliente va y se queja, y se investiga, hay que legislar, hay abogados suficientes, mas allá de toda sospecha, como para integrar esos comités, que vigilen el ejercicio de la profesión”.

Guadalajara • Agustín del Castillo

Celso Rodríguez promovió controversia…

Celso Rodríguez promovió controversia por nombramiento de consejeros. Corte ordena realizar plenos en Judicatura

SCJN resolvió sobre suspensión que dio el TAE, que deberá fundarla o desecharla.

Celso Rodríguez González. Foto: Tonatiuh Figueroa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos resoluciones más en el caso de los recientes nombramientos de funcionarios del Poder Judicial. El primero es por la controversia constitucional que interpuso este martes el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez González, en contra del nombramiento de tres consejeros ciudadanos de la Judicatura.

La otra resolución de la Corte es por una queja, interpuesta también por Celso Rodríguez, en contra de la suspensión que concedió el Tribunal de lo Administrativo en el Estado (TAE), para que el Consejo de la Judicatura no sesione hasta que se nombre al representante de los jueces ante esa instancia. La SCJN ordena que se eche abajo la resolución o se rinda un informe fundándola.

En la resolución de la Corte sobre los consejeros ciudadanos, la controversia interpuesta por Rodríguez es en el mismo sentido que la que presentó por el nombramiento del representante de los jueces ante ese órgano del Poder Judicial. Según el presidente del STJE, la convocatoria que emitieron los diputados para elegir a tres consejeros ciudadanos no es legal, pues no se habían generado las vacantes. Los nombramientos de los tres consejeros ciudadanos de la Judicatura vencen hasta 2012.

De esta forma, ya todos los nombramientos que hicieron el 23 de agosto pasado los diputados locales, de funcionarios del Poder Judicial, se encuentran en tribunales.

En el caso de esta controversia, que quedó bajo el número 92/2011, la Corte concedió una suspensión para que los nuevos consejeros no puedan asumir su cargo hasta que se desahogue la misma.

En cuanto a la queja contra la suspensión del TAE, forma parte de las actuaciones de la controversia constitucional que ya había promovido Celso Rodríguez, para impedir que Jaime Gómez, quien fue electo por los diputados como representante de los jueces, asumiera el cargo. Según el presidente del STJE, la convocatoria que emitieron los diputados surgió antes de que se generara la vacante, por lo que la Corte determinó que no asumiera. Lo anterior dejó al Consejo de la Judicatura con sólo cuatro integrantes, ya que el nombramiento de la ex representante de los jueces, Gabriela Carrillo, venció el 31 de agosto. Esto dejaba en ventaja a Celso Rodríguez, quien ha perdido prácticamente todas las votaciones de los últimos meses al interior del órgano.

Sin representante de los jueces, las votaciones en la Judicatura quedarían empatadas, pues Celso Rodríguez tiene el respaldo de la consejera María Cristina Castillo, mientras que del otro lado estarían Luis Enrique Villanueva y Miguel Gutiérrez. En este caso, el voto de calidad lo tendría Celso Rodríguez.

Ante esta situación, Villanueva y Gutiérrez no asistieron a dos plenos, por lo que no se alcanzó el quórum. Luego, el día que se celebraría el tercero, la Judicatura fue notificada de la suspensión del TAE, tras la demanda de nulidad que interpuso el presidente de la Asociación de Jueces, Jesús Vázquez.

En perspectiva

Panorama

Demandas por nombramientos

• Tres magistrados que suplirán a aquellos en edad de retiro.
La Suprema Corte concedió una suspensión por la controversia interpuesta por el Poder Judicial. Al no ser acatada, el Poder Judicial promovió una queja.

• Cuatro magistrados para la ampliación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
La SCJN concedió una suspensión por la controversia interpuesta por el Poder Ejecutivo. Al no ser acatada, éste promovió una queja.

• Un consejero de la Judicatura, representante de los jueces.
La SCJN concedió suspensión por la controversia interpuesta por el Poder Judicial. El Tribunal de lo Administrativo ordenó que no sesione el pleno. La Corte determinó que esta última resolución se eche abajo o se funde.

• Tres consejeros ciudadanos de la Judicatura.
El Poder Judicial presentó una controversia constitucional, que fue admitida. Se concedió la suspensión.

Guadalajara. Sonia Serrano Íñiguez

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TAE ordena suspender plenos de la Judicatura

TAE ordena suspender plenos de la Judicatura. Sin embargo, hay una suspensión de la Corte para que esto no suceda.

El conflicto al interior del Consejo de la Judicatura se acentúa, luego de que ayer el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) concedió una suspensión para que no se lleven a cabo sesiones plenarias ni de comisiones, hasta que se integre a dicho órgano del Poder Judicial el representante de los jueces.

La resolución forma parte de la demanda que interpuso el presidente de la Asociación de Jueces, José Vázquez Vitela, por lo cual se integró el expediente 325/2011. El representante de los jueces ante el Consejo de la Judicatura no ha tomado posesión, debido a los conflictos legales en torno a la designación de funcionarios del Poder Judicial.

Ayer nuevamente se había convocado a pleno por parte del presidente de la Judicatura, Celso Rodríguez, pero por tercera ocasión no pudo llevarse a cabo la reunión, por falta de quórum, ya que no llegaron los consejeros Luis Enrique Villanueva y Miguel Gutiérrez Barba.

El 31 de agosto pasado, se venció el nombramiento de la consejera Gabriela de León Carrillo, quien es representante de los jueces ante la Judicatura. El 23 de agosto, los diputados locales habían nombrado, para que ocupara ese lugar, al juez Jaime Gómez. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión para que no pudiera asumir el nombramiento.

La intervención de la Corte se dio por la controversia constitucional 92/2011, interpuesta por Celso Rodríguez, en contra del acuerdo que tomaron los diputados el 26 de julio, al convocar a la elección del representante de los jueces. El ministro Sergio Salvador Aguirre consideró que no había vacante en ese órgano del Poder Judicial, por lo que la convocatoria no tenía sentido.

Ayer, la Cuarta Sala Unitaria del TAE notificó al Consejo de la Judicatura que concedía la suspensión “a efecto de que los consejeros demandados no lleven a cabo sesiones plenarias y de sus comisiones internas, hasta en tanto no se encuentre colmada la integración legal de los representantes jurisdiccionales”.

Sonia Serrano

 

Claves
Cronología

1. • El 26 de julio, los diputados locales emitieron una convocatoria para elegir al representante de los jueces ante el Consejo de la Judicatura
2. • El 23 de agosto, el pleno del Congreso del Estado nombró a Jaime Gómez representante de los jueces ante el Consejo de la Judicatura
3. • El 31 de agosto, venció el nombramiento de Gabriela de León Carrillo como representante de los jueces ante el Consejo de la Judicatura
4. • El 31 de agosto, la SCJN concedió una suspensión para que no tomara protesta Jaime Gómez, porque la convocatoria para su elección se emitió cuando no había vacantes en la Judicatura
5. • El 9 de septiembre el TAE concedió suspensión para que el pleno de la Judicatura no sesione, hasta que se integre el representante de los jueces

Guadalajara • Sonia Serrano Íñiguez

Judicatura por el triple de presupuesto

Éste sería para solventar la creación de juzgados y cubrir adeudos, indicó consejero

La Judicatura quiere triplicar su presupuesto

Aprobaron un proyecto de más de 1,200 mdp; este año se ejercen 411 mdp.

• 2011-08-04•Ciudad y Región

Sesión del Consejo. El proyecto fue aprobado por unanimidad. Foto: Jorge Alberto Mendoza

En medio de conflictos internos y a unos días de que se lanzaron las convocatorias para reemplazar a cuatro de sus integrantes, el Consejo de la Judicatura aprobó ayer un proyecto de presupuesto para 2012 de más de tres veces de lo que ejerce este año.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y se espera que sea incorporado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJE) en la propuesta de gasto para el Poder Judicial.

El consejero Luis Enrique Villanueva Gómez informó que el crecimiento en el presupuesto que plantearon, que superaría los 1,200 millones de pesos en 2012, es para abatir el rezago en el gasto operativo que podría ser de más de 500 millones de pesos. Además, para solventar la creación de juzgados, ante las reformas federales, y para cubrir adeudos, principalmente derivados de pago de prestaciones.

En el desglose de los gastos, Villanueva explicó que más de 601 millones de pesos servirán para cubrir distintos compromisos de adeudos que arrastra el organismo, como son el pago del impuesto sobre la renta (ISR) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del servicio del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Además, informó que se requieren más de 141 millones de pesos para la creación de nuevos juzgados de primera instancia. 24 de éstos corresponderían a la atención de reformas federales, ya que serían ocho para atender asuntos de narcomenudeo, ocho más por la entrada en vigor de lo relacionado a la aplicación de penas y ocho para la extinción de dominio. Otros ocho juzgados serían para municipios fuera de la zona metropolitana, para abatir el rezago en el trabajo. También habría una partida especial de alrededor de doce millones de pesos para capacitación del personal.

Sobre los riesgos de buscar un incremento como éste en el presupuesto, en medio del conflicto por el control del Consejo de la Judicatura, Villanueva afirmó que la propuesta está “debidamente sustentada en la exposición de motivos. No se trata de situaciones de capricho”.

Agregó que una prueba del respaldo es que en lo general se aprobó por unanimidad y sólo hubo la petición de revisar algunos detalles por parte de la consejera Cristina Castillo, quien pidió que le permitieran entregar algunas observaciones el próximo viernes, para que el gasto se apruebe en el siguiente pleno.

Desde el año pasado, el Consejo de la Judicatura ha sido el centro del conflicto entre los grupos que controlan al Poder Judicial, por lo que el gobernador Emilio González presentó una iniciativa para desaparecerlo.

Además, recientemente los cuatro consejeros libraron el juicio político que se les seguía en el Congreso local. Sin embargo, en la última sesión plenaria de los diputados, se emitieron dos convocatorias para reemplazar a cuatro de los cinco integrantes del órgano judicial.

Claves

Presupuesto 2012

• 1,284 millones de pesos de presupuesto.

• Más de 500 millones serían para el gasto operativo de la Judicatura.

• Más de 601 millones de pesos para cubrir adeudos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); del impuesto sobre la renta (ISR) y con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), entre otros.

• 42.1 millones de pesos para atender necesidades operacionales.

• 141.6 millones para la creación de 24 juzgados especializados y ocho para fuera de la zona metropolitana.

Guadalajara. Sonia Serrano Íñiguez

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Editoriales de Carlos Martínez

Un mal consejo (II)

Sin pedir audiencia

Carlos Martínez Macías

• 2011-06-22•Acentos

Envuelto en la polémica desde su creación, el Consejo de la Judicatura de Jalisco ha pasado de ser un órgano administrativo y técnico de apoyo al Supremo Tribunal de Justicia, a un ente con vida propia que reclama el control político y en algunos casos por interpositas personas hasta la impartición de justicia.

Aunque tenía como fines la capacitación, designación de jueces y administración de los recursos del poder judicial para que los juzgados cumplan con sus funciones, en la práctica, a decir de sus detractores, se ha convertido en un organismo costoso, burocrático y de pobres resultados.

A la luz de la disputa que vive el consejo con el Supremo Tribunal de Justicia, un grupo de 22 colegios de abogados hicieron una evaluación del consejo y encontraron lo siguiente:

Los consejeros tienen un salario que triplica al de los jueces. Ganan 163,911.66 pesos mensuales por concepto de sueldo, compensación por servicios, incremento por compensación, gastos de representación, despensa y homologación; mientras que un juez penal (el de mayores ingresos) obtiene 53,572.92 pesos.

Hasta los directores que integran el organismo, tienen mayores salarios que los jueces al percibir 68,404.99 pesos mensuales. En la misma estructura destacan los secretarios relatores de cada consejero que perciben 41,654.52 pesos mensuales.

Además, los consejeros cuentan con un seguro de gastos médicos mayores que abarca a esposa e hijos. El seguro es de cobertura tan amplia que incluye el pago de daños al conducir en estado de ebriedad. Tienen aparte un seguro de vida, una camioneta Suburban, chofer, gasolina, mantenimiento del vehículo, gastos de teléfono celular y seis personas a su servicio incluidos secretaria y secretario relator.

En el 2006, fue detectada en la cuenta pública auto préstamos personales por 250 mil pesos sin intereses para que compraran autos. Pese a que se acreditó el desvío, la cuenta fue aprobada sin cargo en el congreso.

Según cálculos de los abogados, entre salarios, prestaciones, apoyos, personal a su cargo y gastos de representación, cada consejero costaría al erario unos 400 mil pesos mensuales.

En contraste, los juzgados operan en oficinas deterioradas, muebles viejos y sin equipo para laborar. Es un secreto a voces que los jueces tienen que llevar computadoras personales y hasta acudir a cibercafés para imprimir sus resoluciones.

(La próxima semana: cañonazos de 150 mil pesos).

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Lo espero en Paralelo 20, lunes a viernes de 13:00 a 14:00 horas en Canal 58, 580 AM.

martinezmcarlos@hotmail.com

Desorden salarial entre magistrados

Presidente del Instituto Electoral tiene un salario bruto mayor que el del STJ, pero un neto menor

Desorden salarial entre magistrados

Constitución establece que estos funcionarios en los tribunales de Justicia, Electoral y Administrativo deben ganar lo mismo, pero no es así.

Tomás Figueroa, presidente del Instituto Electoral. Foto: Chema Martínez

Tomás Figueroa, presidente del Instituto Electoral. Foto: Chema Martínez

La información que utilizaron los consejeros electorales para definir su nuevo salario no está clara, pues las percepciones de los magistrados que integran el Poder Judicial varían según el tribunal de que se trate. De esta forma, por ejemplo, en salario bruto los consejeros tienen ingresos superiores a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (SJTE), pero inferior en los ingresos netos.

Los consejeros electorales solicitaron la información de los registros de ingresos de los tribunales del estado al Instituto de Pensiones, para conocer cuáles son los ingresos brutos, es decir, el salario integrado antes del descuento de impuestos y cualquier recargo. Esta cantidad es la base que se utiliza para determinar, por ejemplo, las cotizaciones ante Pensiones para créditos y, en un futuro, para la jubilación.

La información sobre los ingresos de los magistrados se requería porque, según la reforma que se hizo a la Constitución local por la pasada Legislatura, los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCEJ) tienen derecho a recibir “una remuneración igual a la prevista para los magistrados del Poder Judicial del Estado”. Lo anterior está establecido en el párrafo cuarto, de la fracción V, del artículo 12.

En la sesión celebrada por el Consejo General del IEPCEJ el 2 de junio pasado, se aprobó la modificación del presupuesto de Egresos de 2011, luego de que el gobernador, Emilio González Márquez, “vetó” el gasto estatal para este año y se tendrá que aplicar el mismo que en 2010. Ese movimiento fue aprovechado por los consejeros para incrementarse el sueldo con el pretexto de homologarlo con los integrantes del Poder Judicial.

La información en que se basaron los consejeros, establece que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez, tiene un salario mensual bruto de 154,432 pesos que, menos impuestos, queda en 147,753 pesos; el resto de los magistrados ganan 142,796 pesos brutos y 136,242 ya netos.

La anterior información no coincide con la que aparece en el apartado de transparencia de la página de Internet del STJE, donde se consigna que el magistrado presidente gana 152,138 pesos brutos y el resto de los magistrados 140,298 —no se desglosa el neto—.

Con la homologación, el salario mensual bruto del presidente del IEPCEJ, Tomás Figueroa Padilla quedó en 176,267 pesos, aunque menos impuestos quedará en 118,768 pesos; por su parte, los consejeros recibirán cada mes un sueldo bruto de 160,249 pesos, que les quedará en 108,778 pesos netos.

Lo anterior significa que el salario bruto de los consejeros electorales es superior al de los magistrados del STJE, pero inferior en la percepción final.

Pero las diferencias en las cantidades no se dan sólo entre estas instancias, a pesar de que todos los magistrados, sin importar el tribunal, deberían ganar lo mismo. El salario bruto de los presidentes y consejeros de los tribunales Electoral y de lo Administrativo del Estado (TAE), son superiores a los que perciben sus homólogos del STJE, pero inferiores en lo que se refiere a la percepción neta.

En el Tribunal Electoral, el presidente gana 177,280 pesos brutos, mientras que recibe netos 125,981 pesos; los magistrados tienen un salario de 161,170 pesos que queda en 114,771 —la cifra del neto es igual a la que aparece en su página de Internet, donde no se indica el salario bruto—. A su vez, en el TAE, el presidente recibe un sueldo bruto mensual de 177,022 pesos y 127,819 netos, mientras que los magistrados ganan 164,392 y 118,978 pesos, respectivamente —mismas cifras que se reportan en su página web—.

Según el tercer párrafo del artículo 57 de la Constitución local, “todos los magistrados que integran el Poder Judicial del Estado de Jalisco recibirán el mismo salario”. La misma Constitución establece que el Poder Judicial lo integran los tribunales de Justicia, Electoral y Administrativo.

En perspectiva

¿Voto en contra?

• Aunque el consejero electoral Nauhcatzin Bravo aseguró que está en desacuerdo con el incremento salarial que se otorgaron los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en la práctica votó a favor.

• En la sesión del 2 de junio pasado, cuando se aprobaron las modificaciones al Presupuesto de Egresos de 2011, Bravo votó en lo general a favor y sólo dijo que presentaría un voto particular sobre el tema de los salarios.

• El consejero disponía de 24 horas para presentar su voto particular, en el que se supone debía oponerse al incremento salarial que se otorgaron los consejeros, con el pretexto de homologarlo con los magistrados del Poder Judicial de la entidad. Milenio Jalisco consultó en el IEPCEJ y se indicó que el mismo no se había recibido.

• Ayer se buscó por teléfono al consejero electoral, pero una grabación afirma que su número de celular fue cambiado, por lo que no fue posible consultarlo sobre las razones por las que no formalizó su inconformidad (SSÍ).

Guadalajara • Sonia Serrano Íñiguez

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