
Reportaje: El Poder Judicial de Jalisco, 187 aniversario.
Transmitido por Telecable de Zapopan.
Noviembre 2011



Consejero Ciudadano Luis Enrique Villanueva Gómez


Suspenden sesión otra vez. Dejan sin nombrar a jueces y actuarios, y quedan empleados sin sus salarios
Vania Citlalli de Dios
(24 noviembre 2011).- Los trabajadores de los juzgados de Jalisco tendrán que esperar una semana más para que les renueven sus nombramientos y les paguen el sueldo que les deben desde hace dos meses, luego de que el Consejo de la Judicatura suspendió ayer la sesión por falta de quórum.
Aunque se tenía previsto empezar a aprobar los nombramientos de más de 300 jueces, actuarios, secretarios, notificadores y auxiliares judiciales, la sesión se pospuso por la ausencia de los consejeros Luis Enrique Villanueva Gómez y Miguel Gutiérrez Barba.
A la sala de sesiones del Pleno sólo acudieron dos de los cuatro consejeros: el Magistrado Celso Rodríguez González, titular del Poder Judicial y presidente del Consejo, así como la consejera Cristina Castillo Gutiérrez.
“Ya tenemos yo creo que 11 semanas que no se sesiona, hay un rezago claro, un rezago complicado que impide la función propia de los juzgados”, lamentó el Magistrado.
Las sesiones dejaron de celebrarse debido a una medida cautelar que otorgó el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), sin embargo, la autoridad federal emitió una suspensión para que las reanudarán.
Rodríguez González advirtió que al no presentarse, ambos consejeros estarían violando la suspensión y podría tratarse de abuso de autoridad.
“Además tienen un salario que deben de alguna manera cumplir con el mismo, no es tan mal pagado un consejero, ganan más que un Magistrado”, dijo al referirse a los 140 mil pesos que cobran los consejeros al mes.
De la oficina de Villanueva Gómez y Gutiérrez Barba se entregó un boletín justificando la ausencia al asegurar que existen dos suspensiones en diferentes sentidos y que esperarán a que las autoridades federales aclaren y corrijan la suspensión.
Mientras, afuera de la sala de sesiones, trabajadores preguntaban a los reporteros qué había pasado y si ya les iban a pagar otra vez.
La sesión será convocada nuevamente para la próxima semana, señaló Rodríguez González.
“Vamos a notificar también a los jueces de Amparo y a los Magistrados de Amparo para que ellos a su vez los requieran (a los consejeros), les hagan valer los medios de apremio para que los hagan venir”, adelantó el Magistrado.
Además de renovar los nombramientos de los trabajadores, el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene pendiente autorizar la firma de un convenio para liquidar el adeudo que tienen con el IMSS.
ASÍ LO DIJO
“Ya tenemos yo creo que 11 semanas que no se sesiona, hay un rezago claro, un rezago complicado que impide la función propia de los juzgados”.
Celso Rodríguez González
Titular del Poder Judicial

Poder Judicial quiere que le cedan el proyecto de la que será su sede. Piden la obra de Ciudad Judicial
Debido a que la obra está “semiparalizada”, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez González, informó que ya pidieron al gobernador, Emilio González Márquez, que les ceda la administración de los trabajos de la Ciudad Judicial, a fin de concluirlos a la brevedad.
Entrevistado al concluir la sesión solemne en la que se celebró el 187 aniversario del STJE, el titular de ese poder dijo que en la Ciudad Judicial se gastaron ya 600 millones de pesos y se requieren otros 300 millones más para finalizar los trabajos de los edificios donde estarán en operación 33 juzgados: “La obra está semiparalizada por falta de recursos y estamos platicando con el Ejecutivo, a efecto de que le aporte recursos para que nos los entregue. El objetivo es terminarla ya, con una administración directa, tanto de los recursos como de los terminados de la Ciudad Judicial”.
Por lo pronto, de los 33 juzgados, 18 están ya terminados y lo más seguro es que en el mes de enero próximo se pueda comenzar el traslado del personal hacia el nuevo inmueble: “Esto tiene que ser rápido, porque recuerden que en un principio el proyecto era terminarlo entre 400 o 500 millones de pesos, pero como no se licitaron a tiempo las obras y se hicieron primero con 50 o 60 millones de pesos, los precios se fueron hacia arriba y no pudimos terminar la Ciudad Judicial”, según dijo.
Actualmente, la obra ubicada junto a Periférico Poniente, en las inmediaciones del estadio Omnilife, registra un avance de 85 por ciento. A los juzgados falta equiparlos y concluir los acabados, indicó el entrevistado.
Por otro lado, durante su intervención ante diputados locales, alcaldes, integrantes del Poder Judicial y del secretario de Gobierno, Fernando Guzmán, el magistrado presidente expresó que al Poder Judicial se le debe asignar 2 por ciento del total del presupuesto del estado, lo que equivale a 1,400 millones de pesos anuales, con lo que se garantizaría la autonomía de quienes imparten justicia en el estado.
“En Jalisco resulta de vital importancia la asignación de un presupuesto constitucional que garantice la autonomía del Poder Judicial y permita planificar sobre base cierta los gastos de financiamiento anual ordinario, la modernización tecnológica y el crecimiento de los órganos jurisdiccionales”, subrayó.
Además, señaló que los magistrados tendrían que ser nombrados por el propio Poder Judicial y no por el Congreso local.
Guadalajara • Elizabeth Rivera Avelar

Judicatura en crisis
Salva ‘parálisis’ en el Poder Judicial a varios jueces de posible sanción. Están pendientes por revisar 195 oficios, de los cuales 56 son por reclamos en actuar
Vania Citlalli de Dios
(17 noviembre 2011).- Mientras en el Poder Legislativo estatal se paralizaron las actividades por la falta de presupuesto, en el Judicial la medida cautelar para suspender las sesiones del Consejo de la Judicatura ha ocasionado crisis en diversos juzgados de Jalisco.
Además de que hay un centenar de nombramientos vencidos de actuarios, secretarios, notificadores y auxiliares, la suspensión ha mantenido “a salvo” a varios jueces contra quienes se han presentado quejas por presuntas irregularidades dentro de los juicios que llevan.
Esto, sin tomar en cuenta las disputas al interior del Poder Judicial, en donde el titular Celso Rodríguez González y los consejeros -a quienes se les sigue juicio político-, han llevado sus diferencias a las decisiones del Consejo.
De los 195 oficios que están pendientes de presentar ante el Pleno del Consejo -hasta el 5 de octubre-, 56 corresponden a reclamos por la actuación de trabajadores de los juzgados, incluidos actuarios y notificadores.
Las quejas fueron presentadas por particulares y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), quienes resuelven las apelaciones a las sentencias.
Estos casos se presentan ante el Pleno del Consejo de la Judicatura -el órgano administrativo del Poder Judicial-, en donde sus cinco integrantes determinan si se inicia algún procedimiento disciplinario contra los servidores públicos o no.
Sin embargo, desde el pasado 9 de septiembre, las sesiones ordinarias dejaron de realizarse para acatar la medida cautelar que dictó la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE).
Con la suspensión de las sesiones, todos los escritos de quejas administrativas están pendientes de resolverse y se presentarán ante los consejeros cuando la medida cautelar sea levantada.
Entre quienes tienen “cuentas” pendientes está el Juez Menor de Acatlán de Juárez; el Juez de lo Penal con residencia en Chapala y el Juez Décimo Primero de lo Civil, así como los secretarios de dichos juzgados.
También contra el Juez Octavo de lo Familiar por Ministerio de Ley, así como el secretario de acuerdos por Ministerio de Ley; el secretario del Juzgado Mixto de Tlajomulco; el Juez Mixto de Tequila y de San Gabriel, junto con sus secretarios de acuerdos.
Al Juez Menor de Cabo Corrientes, con residencia en el Tuito, le siguen varias quejas por supuestas omisiones.
En al menos seis casos es el Magistrado Rogelio Assad Guerra, presidente de la Primera Sala en Materia Penal del STJE, quien pide determinar la responsabilidad del titular y trabajadores de los juzgados Primero, Segundo, Sexto y Octavo Penal en diversos juicios.
Esto, por presuntas irregularidades previstas en el artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, como ineptitud o descuido en su labor; no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo; dictar resoluciones o trámites infundados o notoriamente improcedentes o innecesarios.
En los asuntos pendientes también se incluye una queja contra la Oficialía de Partes, Archivo y Estadística del propio Consejo, por tardar en entregar información a los jueces.
Y mientras un particular pidió que el Juez Tercero de lo Civil se excuse de conocer sobre su asunto, por presuntas irregularidades, su solicitud es una más entre los pendientes que tienen que determinar en el Consejo.
Exigen reanudar sesiones
Abogados penalistas de Jalisco exigieron ayer que se reanuden las sesiones del Consejo de la Judicatura para que actualicen los nombramientos de secretarios, actuarios y auxiliares de los juzgados, donde están laborando con sus plazas vencidas.
José Luis Guízar Abarca, titular del Colegio de Abogados Penalistas, advirtió que en algunos juicios están citando a las audiencias hasta enero o febrero del 2012, en espera de que se regularice la situación en los juzgados.
Ayer habría una sesión extraordinaria, pero sólo hubo dos consejeros y se suspendió.


El 20 de octubre, el paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, nos recibió para celebrar la presentación de la primera obra del libro Reflexiones Jurídicas, editado por el Colegio de Investigaciones Jurídicas del Estado de Jalisco AC.
Si bien es cierto que el quehacer profesional del jurista lo lleva frecuentemente a la creación de literatura jurídica, también es verdad que, son pocas las ocasiones en las que dicha investigación literaria, es escrita de manera sencilla, clara y precisa, es decir, a manera de reflexión jurídica.
Derecho Constitucional y amparo, derecho civil, familiar, administrativo, penal y diversos temas de interés dentro del campo del derecho, es lo que el Consejo Directivo del citado cuerpo colegiado, se preocupó por compilar en esta obra, bajo la dirección de su Presidente el Maestro José Luis Tello Ramírez.
Con la firme convicción de retribuir a la sociedad, los invaluables conocimientos que a lo largo del camino nos han sido confiados por sus integrantes, sean maestros, colegas o ciudadanos, se integra esta primera entrega de Reflexiones Jurídicas, con las colaboraciones de tan distinguidos juristas como son el Dr. José Guadalupe Hernández Torres, Mtro. Vicente Roberto del Arenal Martínez, Dr. José Luis Ramírez Huanosto, Mgdo. Hugo Ricardo Ramos Carreón, Mtro. José Luis Tello Ramírez, Mtro. Armando García Estrada, Mtro. Abel Brambila Pelayo, Mtro. Víctor Gerardo Estrada Blanco, Lic. Venustiano Ramos Ibarra, Lic. Adolfo Salvador Muñiz García, Dra. María Carmela Chávez Galindo, Mtra. María Marina Bugarín López, Lic. Leticia Escoto Montoya, Mtro. Agustín Flores Balderrama, Mtra. Eduwiges González González, Mgdo. José Félix Padilla Lozano, Lic. Guillermo Rentería Gil, Lic. Jaime Reynoso Ramos, Mtro. Armando Ibarrarán Zuno, Mgdo. Guillermo Guerrero Franco, Mtro. Juan Carlos Rodríguez Sánchez, Mgdo. Miguel Ángel Estrada Nava, Mtra. Irma Ramírez Mendoza, Mtro. Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, Mtro. José Salinas Murillo, Mtro. Héctor Manuel Núñez Alfaro, Lic. Mercedes Espinoza Castillo, Mtro. Guillermo Siordia Romero, Mtro. J. Francisco Ramírez Estrada, Mtro. Alberto Ramos Curiel, Lic. José Luis Camacho Muñoz, Dra. Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, Mtro. Daniel Herrera Orozco, Mtro. José Córdova García y un servidor.
Es así, como los diversos temas que se abordan en la obra, contribuyen a enriquecer el acervo jurídico y cultural de la comunidad jalisciense, dado que la profundidad y agudeza de las aportaciones en ella contenidos, develan un caudal abundante de experiencias, talento y perspicacia profesional labrada a lo largo de años de ejercicio intelectual tanto en la academia y el litigio como en la judicatura.
Lunes, 14 Noviembre 2011 por José de Jesús Covarrubias Dueñas

La independencia judicial es uno de los presupuestos esenciales para el funcionamiento del Poder Judicial. Se trata de una garantía instaurada para impedir injerencias de los otros poderes en la resolución de litigios sometidos a su conocimiento.
En ese sentido, la independencia es un factor condicionante del Estado de Derecho.
El fundamento que sustenta la independencia judicial es el principio de la división de poderes.
Esto es, la definición de un ámbito propio de actuación de cada uno de ellos que los otros no pueden invadir, aunque esto no excluye la cooperación y la dependencia reciprocas de los poderes.
Los orígenes de este principio son remotos, aunque se estructuró formalmente hasta el siglo XVII. En la antigüedad autores como Heródoto, Platón y Aristóteles propusieron formas mixtas de gobierno, en las que se hallaban mezcladas la monarquía y la democracia.
Fue hasta la época moderna cuando la filosofía política recomendó que el poder del Estado se dividiera para impedir el abuso de su ejercicio.
En sus tratados sobre el gobierno civil, John Locke propuso la creación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Federativo, en la inteligencia que los dos últimos se hallarían unidos casi siempre.
Esta aportación, fue el embrión de la doctrina de Montesquieu, adoptado en estos tiempos por numerosos estados del mundo.
Montequieu abogó por depositar el gobierno del Estado en los poderes que actualmente se conocen: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pretendía que el poder frenara al poder, es decir, que cada uno de ellos sirviera de contrapeso para los otros dos, a fin de evitar la reunión del gobierno en un solo individuo o en una sola corporación.
Comprobó que todo hombre que tiene poder siente naturalmente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites. Por ello, este principio, se popularizó a tal grado que muchos países, a partir de entonces, lo incorporaron a sus Constituciones.
La división de poderes, se adicionó al derecho mexicano desde la Constitución de Apatzingán en 1814, desde entonces el principio figuró en todos los documentos constitucionales posteriores a la independencia, aunque con cambios en estructura y funciones de los diversos órganos, según la época y forma de gobierno. En el caso del Poder Judicial, se ha robustecido poco a poco, al contar con nuevas facultades y garantías judiciales que se han introducido en el panorama constitucional con diversos procesos nuevos y renovados, destinados a la protección integral de la Constitución.
Sin embargo, aún quedan temas pendientes por atender como la asignación de un presupuesto fijo previsto por la propia Constitución para evitar una sujeción inadecuada ante los otros dos Poderes; la apertura legal para propiciar la participación del Poder Judicial en la designación de sus propios integrantes y la necesidad de adecuar las leyes estatales a las reformas federales recientes.
Hoy más que nunca, debe tenerse especial atención a las necesidades del Poder Judicial a nivel nacional, el país requiere de tribunales sólidos, integrados por los mejores especialistas del derecho, con oficinas dignas en donde las necesidades mínimas estén no solamente satisfechas, sino que la más alta tecnología esté al servicio de los servidores públicos que la integran y de los justiciables.
La independencia plasmada en el principio de la división de poderes, radica en el aseguramiento del pleno respeto a su autonomía. No podemos entenderlo de otra manera.


Abogado pide a diputados locales resolver demanda de juicio político
Periódico La Jornada
Guadalajara, Jal. El secretario general del Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, otorgó patentes de notarías al presidente del Poder Judicial del Estado, Celso Rodríguez Gon- zález, y a dos magistrados más, no obstante que lo prohíbe la Ley Orgánica del Poder Judicial jalisciense.
En conferencia de prensa, el abogado Max Lomelí informó que Guzmán Pérez Peláez concedió a Rodríguez González la patente de aspirante al ejercicio de notariado el 20 de julio pasado.
Lomelí mostró el acuerdo DGJ-ANNF-065/2011 de la Secretaría General de Gobierno, firmado por el propio Guzmán Pérez Peláez, en el que se dio a Celso Rodríguez dicho título, tras obtener calificación de 82 en un examen para obtener la patente de notario, efectuado el 29 de junio pasado. Lo mismo hizo Fernando Guzmán con los magistrados Guillermo Meza García y Guillermo Rentería Gil.
El artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco estipula que los magistrados están impedidos para desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o de los municipios, de organismos descentralizados o de particulares, cuando se perciba sueldo. El mismo artículo continúa: tampoco podrán ejercer libremente la profesión de abogado ni patrocinar negocios judiciales por sí o por interpósita persona.
Lomelí urgió a los diputados locales a resolver la demanda de juicio político que interpuso contra Fernando Guzmán ante la Comisión de Responsabilidades del congreso local.
Espero que ante tanta evidencia e involucramiento del demandado, no le quieran dar carpetazo o negocien este juicio por favores políticos. Es procedente el juicio político y espero la inhabilitación para ocupar otros cargos públicos en el futuro, y la destitución del secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, dijo el litigante, quien aseguró que el funcionario estatal actualmente fragua la entrega de 32 notarías.