Archivo de 28 agosto 2011

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Proceso amañado

agosto 28, 2011

Por (28-Ago-2011).-Carlos Enrigue Zuloaga 

Probablemente con motivo del descarado desaseo con que el Congreso del Estado realizó el nombramiento de Magistrados de varios Tribunales del Estado y de tres consejeros del Consejo de la Judicatura, el señor Óscar Benavides realizó declaraciones que me interesa controvertir.

Independientemente de los errores voluntarios o involuntarios, del proceso de nombramiento, de su legalidad y la innegable partidización del proceso, resultaría injusto condenar a muchos de los elegidos, que considero son personas adecuadas para los puestos para los que fueron elegidos.

El señor presidente de Coparmex justamente indignado manifestó su oposición, lo curioso es que en lugar de indignarse con los diputados que fueron los causantes del festejo, arremetió ¡contra el Consejo de la Judicatura!, lo que me hace considerar que la actuación diputadil no fue lo que lo indignó, sino que el líder actúa para complacer a los aparentemente perdidosos que son el Gobernador y el Presidente del Poder Judicial, que desean la desaparición del consejo y que de alguna manera participaban en la rebatinga.

Todo esto me hace recordar que Ambrose Bierce decía que “la política es el medio de ganarse la vida preferido por la parte más degradada de nuestras clases delictivas”. Es por este motivo que deseo exponer las razones por las que opino en contrario, lo que haré hasta donde me permita este espacio.

El consejo nace fundamentalmente para administrar los recursos materiales del Poder Judicial, cuestión que desde el principio no se dio y así el Supremo Tribunal conservó su cuerpo administrativo, el Administrativo y el Electoral formaron el propio y el consejo formó el suyo para su propia estructura y la de los juzgados que dependen del mismo.

Me parece absurdo que haya cuatro directores de todo, cuando uno de cada tema bastaría, pero así lo planearon quienes lo crearon. Con alguna oposición podría modificarse, creando un solo cuerpo administrador de todo el Poder Judicial y se lograría un gran ahorro económico.

El punto fundamental de la acción del Consejo fue el nombramiento de jueces y secretarios, labor que antes de su creación correspondía al Supremo Tribunal y que tenía el problema que los magistrados revisaban las sentencias de los jueces que ellos mismos nombraban, lo que permitía la posibilidad de que los jueces quedaran bajo la tutela y de la complacencia de sus dueños -lo que sucedería si desapareciera el consejo-. Con la creación del Consejo se separaron las dos funciones, los magistrados revisaban las sentencias y el Consejo los nombramientos de jueces y secretarios; así está regulado actualmente, aunque yo lo considero inadecuado ya que en mi opinión el Consejo no debería nombrar los jueces, ni los diputados deben nombrar a los magistrados; el Consejo es un órgano administrativo, no jurisdiccional, y lo que los diputados deben hacer, aunque ellos no lo sepan y crean que su labor es hacer leyes, es vigilar el gasto del Gobierno, que proviene de nuestros impuestos, y sólo después hacer leyes si son necesarias; entonces ninguno de los dos está preparado para nombrarlos.

Qué hacer, pues transparentar el procedimiento. Que los magistrados, de entre los jueces que lleven un tiempo en la función, elijan a los nuevos magistrados, y que los jueces, de entre los secretarios, elijan a los nuevos jueces, y así sucesivamente, lo que fortalecería naturalmente el servicio civil de carrera y, si me permiten una sugerencia adicional, pregunten a los funcionarios judiciales cómo se auto regularían.

Así el Consejo administraría los fondos de todo el Poder Judicial, lo que es su trabajo, y vigilaría al personal de todos los cuerpos colegiados. Y los tribunales harían justicia, lo que debe ser el suyo.

Desde luego que haría mucho bien tener leyes comprensibles y sistemas de juicio razonables, sin tratar de imponer procedimientos por moda y entender la complejidad del Poder Judicial y del sistema de justicia que, por otra parte, considero que si se hace de forma prudente y consensuada sería lo único que puede sacarnos de la actual situación que vive el país, por lo que creo inconveniente eliminar el Consejo.

Notario Público, ex integrante del Consejo de la Judicatura de Jalisco.

Se invitó también al espacio dominical En el Debate a Óscar Benavides, presidente de Coparmex Jalisco, pero la agrupación declinó, por el momento, abundar en este tema.

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Faltan recursos a instituto

agosto 27, 2011

Por Jessica Pilar Pérez

(27-Ago-2011).-Para evitar tener problemas de operación en el 2012, el Instituto de Justicia Alternativa debe contar un presupuesto de 46.9 millones de pesos, comentó la legisladora del PRI, Patricia Retamoza.

La titular de la Comisión de Hacienda dijo que hará este exhorto al Gobernador para que esta cantidad sea planeada para el siguiente año.

Aclaró que 11.6 millones de pesos serían para el crecimiento de este instituto y por única vez, y el resto, 35.3 millones, de manera irreductible.

“Al Gobernador decirle, oye no se te olvide que aquí hay un proyecto que hasta cierto punto era también su proyecto”, comentó.

Retamoza dijo que para este año sólo les han dado alrededor de millón y medio de pesos el 24 de junio, de los 17.7 millones que están proyectados.

“Ni siquiera tienen ahorita para comprar lo básico de computadoras, de aparatos de telefonía, lo básico que requiere una oficina para funcionar, todo lo que representa la dependencia en general”, aseveró.

La diputada dijo que en el presupuesto de este año no se consideró el gasto para arrendamiento de inmuebles y de equipo, mobiliario y componentes de oficinas, vehículos, ampliación de la cobertura del servicio a cuatro nuevos centros regionales y gastos irreductibles.

Si se aprueba el incremento para el 2012, dijo que esperan la creación de sedes en Colotlán en la Zona Norte; Lagos de Moreno en la zona Altos; Ciudad Guzmán en la Zona Sur; y Puerto Vallarta en la Zona de la Costa.

Como el presupuesto estatal de este año se vetó, recibieron lo mismo del año anterior más inflación, y el aumento no fue significativo para la puesta en marcha de este instituto.

El organismo ya instaló su consejo integrado por dos representantes de cada uno de los tres Poderes y el director general. Y aunque en papel quedó creado desde el 30 de diciembre del 2006 por el decreto 21,754, apenas este año se le tomó protesta al director Rafael Castellanos y al consejo.

Este instituto ofrecerá solucionar conflictos de índole penal, civil y familiar sin necesidad de llegar a un juicio ante alguna instancia judicial, sino resolver las diferencias a través de la mediación y conciliación.

Para septiembre se había anunciado la resolución de los primeros casos a través de éste.

Con pocas ‘alternativas’

El Instituto de Justicia Alternativa no ha podido ponerse en marcha por falta de presupuesto.

  • 46.9 mdp es el presupuesto que requiere para 2012.
  • 17.7 mdp es lo proyectado para este año.
  • 1.5 mdp ha recibido hasta junio de 2011.
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LIX Legislatura en tiempos adelantado en todo

agosto 26, 2011

  

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Editoriales de “En tres Patadas”

agosto 24, 2011

Para dos cosas

El Poder Judicial tiene dueños y lo que usted y yo opinemos sirve para dos cosas. Los políticos se lo reparten como quien se reparte un botín. Sin más miramiento y cada vez con menos complejos de culpa.
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En las épocas del partido único y poder único el gobernador palomeaba la lista, y listo. Con la democracia comenzaron las negociaciones y estas se dieron en el espacio de representación por excelencia que es el Congreso.
Ahí están representados todos, los partidos y los poderes fácticos y cada uno con su peso respectivo. Para que les tocara a todos en el reparto hicieron un paquete amplio. Es decir, pusieron en una sola canasta todo el botín, o sea, todos los nombramientos del Poder Judicial (magistrados, consejeros y magistrados del Tribunal Administrativo) a designarse de aquí a finales del  2012, y el contralor del Instituto Electoral, de manera que se repartieran todas las cartitas de una vez.
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Como se conocen no se confían, así que nada de que ahorita nombramos este para ti y el año próximo  te toca. Ellos saben que el poder cambia de opinión más rápido que de calcetines, así que todos juntos y viéndose a los ojos para evitar traiciones.
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En total, los diputados hicieron ayer 13 nombramientos. Cuatro fueron de consejeros de la Judicatura: un representante de los jueces, que quedó en manos del PAN (es decir Chema Martínez) y tres representantes ciudadanos, uno para el PAN, Arturo Feuchter Díaz; uno para el PRI, Mario Pizano Ramos, hermano del síndico de Guadalajara y uno para el PRD-UdeG, Alfonso Partida Caballero, el abogado de cabecera de las causas difíciles de la UdeG en lo últimos años. Los consejeros de la Judicatura son quienes evalúan y vigilan la actuación de los jueces.
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Lo que en principio fue una buena idea se ha convertido en una forma muy eficiente de presionar a los jueces e incidir en las decisiones judiciales, porque los Consejeros tienen, entre otras facultades, la capacidad de castigar a un juez, es decir mandarlos a un poblado si no les gustan las resoluciones. Se nombraron también a siete magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, cuatro directos y tres numerarios que suplen a igual número de salientes.
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Aquí los números fueron tres para PRI, tres para el PAN y uno más el grupo PRD-UdeG. Para que la chiquillada no se sintiera maltratada en el Tribunal Administrativo nombraron a un magistrado, Laurentino López Villaseñor, del PRI udegeísta, pero le hicieron sentir al Verde que ellos también eran parte de esa designación.
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Finalmente,  para el puesto de Contralor del IEPC (esta sigla eterna no es otra cosa que el Instituto Electoral con su pegoste de participación ciudadana) nombraron a Óscar Gutiérrez Ibarra, del Panal. Si usted no se siente representado por ninguno de los consejeros ciudadanos no se preocupe, es normal, pues no lo representan a usted. Si no confía en los magistrados nombrados por compadrazgo, tampoco se preocupe, todos llegaron igual. Y si usted cree que el contralor del Instituto Electoral sirve para dos cosas, no es cierto, sólo sirve para la segunda.
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Nuevos nombramientos…

agosto 24, 2011

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Jurado para proceso de Selección de Jueces

agosto 22, 2011

BOLETÍN DE PRENSA

Guadalajara, Jalisco 22 de Agosto de 2011

JEFES DE INFORMACIÓN

REPORTERO DE LA FUENTE

FOTÓGRAFOS Y CAMARÓGRAFOS

PRESENTES

Conforme a lo establecido en la convocatoria para la elección de jueces, se realizó en las instalaciones del Instituto Judicial el Examen Oral Público a todos los aspirantes que llegaron a esta etapa, siendo un total de 45, que fueron escuchados y observados por el jurado que se integro de la siguiente manera:

Presidente del Jurado: Consejero Mtro. Luis Enrique Villanueva Gómez, Magistrado dela Tercera SalaCivil Mtro. Carlos Raúl Acosta Cordero, Juez Décimo Primero de lo Civil Lic. Guillermo Renteria Gil, además del Director del Instituto de Formación y Actualización Judicial, Lic. SIlviano Díaz Reyes.

El Jurado que calificara este examen oral publico, consta de las siguientes materias: Civil, Familiar, Mercantil, Penal, Narcomenudeo y Extensión de Dominio.

De los aspirantes a ocupar el cargo de juez, quedo fuera del proceso el abogado Sergio Ricardo Villanueva Gómez, que es de subrayar, tiene todo el derecho de participar, ya que cuenta con la carrera judicial suficiente para esta práctica, sin embargo prefirió no hacerlo para evitar señalamientos al consejero Mtro. Luis Enrique Villanueva Gómez, quién presidela Comisiónde Administración y Actualización de Órganos del Consejo de la Judicatura del Estado.

A T E N T A M E N T E

Departamento de Difusión Social

Del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

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Convocatoria Para Aspirantes a Jueces en Jalisco

agosto 22, 2011

BOLETÍN DE PRENSA

Guadalajara, Jalisco 22 de Agosto de 2011

JEFES DE INFORMACIÓN

REPORTERO DE LA FUENTE

FOTÓGRAFOS Y CAMARÓGRAFOS

 PRESENTES

 EXÁMEN PÚBLICO ORAL PARA SELECCIONAR JUECES

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Administración, le hace una cordial invitación al “Examen público oral para seleccionar jueces”. Se llevara a cabo el día lunes 22 de agosto del año en curso en punto de las 12:30 hrs. en el Instituto Judicial del Consejo de la Judicatura, ubicado en Madero # 110, Piso 3, Esquina Degollado, Guadalajara, Jalisco.

A T E N T A M E N T E

Departamento de Difusión Social

Del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

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Coordinación, clave de la solución

agosto 22, 2011

Cada día es más frecuente escuchar a través de los medios de comunicación el recrudecimiento de los índices de inseguridad y violencia en diversas latitudes del país, que afortunadamente para nosotros no ha sido tan lamentable como sí lo es en otros estados.

El resquebrajamiento del tejido social, la pérdida de valores, la falta de políticas públicas que promuevan eficientemente una mejor calidad de vida y el desencanto que provoca sentir tan distante a la autoridad y tan cercana la inseguridad, son motivos suficientes para que el ciudadano de cualquier estrato social se muestre apático frente a los intentos de cualquier orden de gobierno por preservar el orden y la paz social.

La sociedad en su conjunto añora los tiempos en que podía transitar con toda tranquilidad por los espacios públicos que hoy han sido arrebatados por la inseguridad, acrecentando el miedo y zozobra a tal grado que cuesta salir de casa sin dejar de lado la incertidumbre de regresar salvos. Es loable que desde la Federación se intensifiquen los intentos por desarticular la inseguridad que permea en el país, sin embargo es cuestionable que dentro de una estrategia que debiera ser incluyente, coordinada y precisa entre los tres Poderes y los órdenes de gobierno, no exista la sensibilidad suficiente para escuchar, atender y entender las demandas de la sociedad y las valiosas aportaciones y acciones de coordinación que pueden emprenderse no sólo desde el ámbito público, sino también desde el privado.

A fin de cuentas, a todos perjudica el crecimiento de la inseguridad porque provoca no sólo incertidumbre social, sino también merma en los sectores productivos, genera desconfianza, ahuyenta inversiones y hace más grande la problemática que cargamos desde hace décadas: como la pobreza, desempleo y falta de oportunidades, aunado al enquistamiento de muchos malos funcionarios públicos que excediendo sus responsabilidades y atribuciones, contribuyen a que prevalezca la corrupción e impunidad, con lo que se fortalece toda una cultura de antivalores que en nada beneficia a las nuevas generaciones.

Las manifestaciones más evidentes de la contaminación de la sociedad por la creciente inseguridad y los factores que la provocan se expresan en la violencia que sufre la población que queda atrapada en el fuego cruzado, por la disputa entre grupos que compiten por los territorios, o por la lucha entre los delincuentes y las fuerzas del orden público; pero también indefensa ante las pugnas y descoordinación de algunos gobiernos que no han sabido quitarse la etiqueta de sus partidos políticos para gobernar institucionalmente y dar los resultados que la sociedad exige.

A pesar de que los problemas de inseguridad son evidentes y que quienes la privilegian han diversificado sus acciones, consolidado territorios, acrecentado su poder e influencia, todavía y por fortuna, no han llegado a la sustitución de los órganos del poder público, por lo que todos los órdenes de gobierno aún pueden y tienen la responsabilidad de construir acuerdos y avanzar coordinadamente en la toma de decisiones, pero no aisladas ni supeditadas a un razonamiento personal, sino colegiadas, inteligentes y, sobre todo, eficaces.

Recientemente hay un amplio debate nacional sobre la pertinencia o no de que las fuerzas militares sean facultadas constitucionalmente para enfrentar la inseguridad, papel que ciertamente no les corresponde por su histórica jerarquía, pero que de alguna manera se intenta justificar al no existir garantías reales de que los órdenes policiacos tengan la capacidad para enfrentar el flagelo de la inseguridad pública.

Nadie duda ni niega la disciplina y lealtad de las Fuerzas Armadas, tampoco su constante entrenamiento y capacitación, no sólo en tácticas operativas, sino en temas de impacto social como el respeto y preservación de los derechos humanos; no es descabellada la coadyuvancia del Ejercito, pero sí debe recordarse que su responsabilidad constitucional es salvaguardar la seguridad nacional y no desempeñar tareas que son competencia de otro tipo de instituciones que, aunque ciertamente parecen rebasadas, debemos entre todos buscar su fortalecimiento y regresarles la credibilidad perdida. Lo que debe establecerse claramente es un marco jurídico responsable y objetivo que legitime y norme la coordinación y la manera en que deben actuar todas las instancias encargadas de la seguridad para fortalecer su ejercicio y el desempeño a favor de la preservación de condiciones de seguridad, paz y tranquilidad para todos los ciudadanos.

Actualmente, el Ejecutivo Federal tiene la facultad para utilizar a las Fuerzas Armadas de manera permanente para atender asuntos que considere atentan contra la seguridad nacional sin que exista contrapeso alguno, por lo que sería trascendente que esa facultad hoy exclusiva, se comparta con los Poderes de la Unión, además de los tres niveles de Gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y conformar una contraloría interdisciplinaria que rinda cuentas de lo ocurrido con las tropas en tiempos de paz. Aunado a lo anterior, deben observarse cuidadosamente las leyes que buscan cortar los brazos económicos de quienes provocan caos e inseguridad, como es el caso de la Ley de Extinción de Dominio, para que verdaderamente sea suficiente, efectiva y de aplicación práctica como instrumento legal que permita al Estado una mayor contundencia y eficacia en su lucha contra la inseguridad.

Sin embargo, no toda la tarea es del Gobierno; como ciudadanos, somos corresponsables de lo que sucede en nuestro entorno y desde nuestra formación personal, núcleo familiar y capacidad para organizarnos en los sectores sociales, académicos y empresariales, debemos emprender acciones coordinadas para que junto al esfuerzo gubernamental avancemos hacia mejores condiciones de paz y justicia. Algo que como sociedad nunca debemos olvidar, es lo referido por una valiente e incansable luchadora social, “si no somos parte de la solución, somos parte del problema”.

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Presidente del STJE CRG vs. JMM del Congreso

agosto 18, 2011

Acusa Celso mafia de jueces

Dice que panista los controla y tiene injerencia en resoluciones

José David Estrada

(18 agosto 2011).- En medio de una pugna por el control del Poder Judicial, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, denunció que el diputado panista José María Martínez ha creado un coto de poder con el que controla a jueces y determina sus resoluciones.

“(José María Martínez) tiene el control del Consejo, y los consejeros manejan a los jueces y las resoluciones también, entonces, ¿qué pasa?, que no tiene certeza jurídica ningún ciudadano jalisciense, si eso para ti no es desequilibrio, no sé qué sea”, afirmó el también titular del Consejo de la Judicatura del Estado, que supervisa el trabajo de los 104 jueces de primera instancia.

Desde hace cuatro años, Rodríguez González sostiene una pugna con los consejeros del Poder Judicial Miguel Gutiérrez Barba y Gabriela de León, principalmente, quienes consultan al diputado Martínez para tomar decisiones importantes.

El poder de Martínez en el Consejo es tal que al menos un centenar de personas ha entrado a trabajar sin cumplir los requisitos y para operar los asuntos del grupo político del diputado, afirmó Rodríguez González.

“Gente que trabaja aquí trabaja en el Congreso, son los mismos de Chema, eso es lo que me preo-
cupa y que influyen en los jueces y en los manejos que se hacen para designar jueces, Magistrados y ahora el Consejo”, insistió el Magistrado.

Los contratos por honorarios, promovidos por la gente cercana a Martínez, han desequilibrado el presupuesto del Consejo, por lo que en octubre o noviembre ya no habrá dinero para sueldos, advirtió.

El Congreso del Estado pretende designar la próxima semana a cuatro nuevos Magistrados en sustitución de los cuatro de mayor edad del Supremo Tribunal de Justicia, quienes obtuvieron un Amparo para que no les aplicara la actual ley, que establece como límite de edad para ser Magistrado los 70 años.

MURAL buscó a Martínez para conocer su postura, pero no respondió a las llamadas.

ASÍ LO DIJO

“A mí lo que me preocupa son las inercias de seguir avasallando el Consejo para tener un interés personal y tener cotos de poder”.

Celso Rodríguez González
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

‘Hay jueces protegidos’

Acusa líder de abogados que juzgadores ofertan soluciones

José David Estrada (19 agosto 2011).- La “mafia de jueces“, presuntamente encabezada por el diputado panista José María Martínez y el consejero Miguel Gutiérrez Barba, manipula los turnos de los juzgados y comercia con el sentido de las resoluciones, afirmó ayer Juan Antonio Pérez Juárez, presidente del Consejo Estatal de Abogacía y con 30 años de litigante.

“La mafia de los consejeros canaliza los negocios trascendentes ya sea por la fama del delincuente o por la cuantía del delito a ciertos juzgados, no es cosa circunstancial el hecho de que un reducido grupo de jueces son los que conocen de los casos de mayor cuantía, de perjuicio o beneficio económico”, afirmó Pérez Juárez.

“Todos los que conocemos ese medio sabemos que hay un grupo de jueces protegidos por los consejeros Villanueva, Gutiérrez y De León, que llegan al cinismo de públicamente ofertar soluciones a situaciones que deberían resolverse en base a las pruebas que existen y en base a derecho”.

MURAL publicó ayer que el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez, acusó al diputado Martínez de encabezar una mafia de jueces.

Rodríguez culpó también al legislador de llenar el Consejo del Poder Judicial con más de 100 personas que en vez de trabajar en asuntos jurisdiccionales, operan para el panista.

Entre las funciones del Consejo del Poder Judicial está la de evaluar el trabajo de los jueces y promoverlos o castigarlos en función de ello, sin embargo, dichas atribuciones son utilizadas en función de los intereses de los consejeros aludidos, afirmó el abogado.

“Sabemos de jueces que no se sometieron al criterio de los consejeros al dictar sentencias. Allí está el caso del juez de Yahualica, que siendo un juez experimentado en materia penal lo sacaron del primer partido judicial, primero al juzgado familiar y posteriormente a Yahualica porque no simpatiza y no aporta al proyecto personal de Miguel Gutiérrez Barba”, comentó Pérez Juárez.

Por segundo día consecutivo, el diputado panista, principal aludido como cabecilla de esta presunta mafia de jueces, se negó a dar su postura.

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Responsabilidad y memoria

agosto 15, 2011

Según el último informe de Transparencia Internacional, la organización más reconocida en el mundo en cuanto cifras de corrupción, nuestro país ocupa el  lugar 98 de 178, continuando así  el incremento en la percepción negativa que no se detiene desde hace algunos años, lo que de no actuar pronto, puede provocar un conflicto social muy grave. Para nadie es un secreto que México arrastra generacionalmente una tendencia por los actos de corrupción, se estima que los desvíos por esta causa superan los 80 mil millones de dólares anualmente, es decir, el flujo de dinero por simples “mordidas” o grandes sobornos, sobrepasa 10% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB). Las causas de la corrupción aquí, tienen que ver como ya se dijo con aspectos culturales, sin dejar de lado la aún excesiva burocracia, la falta de claridad y transparencia de la administración pública, la ambición por el poder, la impunidad  y el desinterés de la ciudadanía por participar en la revisión de los actos de Gobierno, provocado por la propia corrupción e impunidad que muchos siguen alentando. Esta conducta anómala, generalmente es asociada con autoridades públicas y algunos malos empresarios que manipulan el ejercicio del gasto público en beneficio de funcionarios y particulares, y se perciben como acciones lejanas a nuestras conductas cotidianas.

Sin embargo las cifras de medición tienen que ver también con actos fraudulentos entre particulares que son mayoritarios en cantidad. Hace algunos años era frecuente escuchar mensajes publicitarios mencionando en un buen ánimo propositivo “la solución somos todos”, pero bastaron las primeras ediciones para que el imaginario colectivo de inmediato modificara la frase para señalar “la corrupción somos todos” y es que efectivamente los analistas señalan que ninguno de nosotros estamos exentos de caer, propiciar o presenciar un acto de corrupción.

La falta de honestidad en política, es a juicio de observadores internacionales, una de las clasificaciones de la corrupción que son detonantes de otras conductas. Desde siempre el apetito desmedido de poder ha propiciado irremediablemente la violación de las normas para obtener una posición, un resultado o la omisión de éste, en beneficio personal de un político, grupo o partido.

La utilización del voto ciudadano para acceder a un puesto o el ascenso a un cargo de representación sin tener el perfil o la capacidad para desempeñarlo, van acostumbrando poco a poco a que la población asuma como normal el engaño y pierda la confianza en los métodos democráticos de elección propiciando apatía y desencanto, no obstante que el costo para “blindar” el sistema político democrático, nos coloca como uno de los  países que más invierte en la organización de sus comicios.

También somos la nación en la que es factible que una elección de un gobernante de una Entidad federativa sea más costosa que la elección del presidente de varias naciones sobre todo latinoamericanas.

La corrupción y la impunidad, a juzgar por diversos estudios realizados para el Banco Mundial, son factores que marcan considerablemente el índice de confiabilidad de un país para la inversión productiva extranjera, nadie invierte en industrias que generan empleos permanentes en naciones donde se puede corromper constantemente la aplicación de la ley.

Es México un país de leyes, se ha considerado de vanguardia a nivel mundial en cuanto a la amplitud y calidad de su normatividad; el problema se dice, es la falta de aplicación de dichas leyes. Entre más complicado y burocrático se vuelve un trámite o juicio, más oportunidad se abre para los actos de corrupción, que dicho sea de paso, son completados por “particulares” muchas veces sólo para evitar la tardanza.

El acto de corrupción viola la ley, afecta  la confianza en las instituciones, lesiona la economía y propicia la descomposición social.

En este proceso todos somos  parte y por lo tanto también responsables. Desde luego que podemos erradicarla, pero resulta necesaria una actitud individual consciente y decidida, acciones coordinadas y la participación activa en la revisión de las acciones de Gobierno.

Comencemos por exigir que se aclaren los escándalos locales, que se explique con claridad y denuncien los excesos de facultades en que han incurrido muchos malos servidores públicos, quienes esgrimiendo argucias legales y excediendo sus atribuciones comenten actos que persiguen asegurar su injerencia en diversas instituciones y mantener feudos de poder a su servicio y conveniencia, para que en el futuro sigan manipulando redes de complicidades y tráfico de influencias para beneficiarse en lo particular o disponerlas al servicio de grupos o intereses políticos, partidistas o electorales.

Exijamos claridad y transparencia en todas y cada una de las dependencias públicas y particulares que manejen o sean destinatarios de los recursos del erario, que se nos diga por qué no se gasta el dinero en obras prioritarias para la comunidad y sí en simulaciones y obras fantasmas, que expliquen sus procesos de licitación, de contratos y garantías para el cumplimiento en tiempo y valor de las obras públicas.

Tengamos memoria política y emitamos cuando sea el tiempo, nuestro voto a favor de aquellos que tengan un programa de Gobierno realizable, lógico y planeado, pero que tengan en sus filas a perfiles políticos que cumplan con sus ofertas y promesas, especialmente las de beneficio social.

Votemos por aquellos que presenten una planilla de candidatos en la que ni uno solo tenga señalamientos de abuso de poder o corrupción y estemos atentos desde ahora, al desempeño y carrera política de los aspirantes a cualquier puesto de elección popular. Si queremos llegar a la meta comencemos por hacer camino.

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